HARARE, 2 marzo 2002 (ZENIT.org).- Zimbabwe no es un modelo de democracia. Ahora bien, las dudas sobre la transparencia de las próximas elecciones presidenciales se están haciendo alarmantes.
La semana pasada, por ejemplo, la Unión Europea impuso sanciones limitadas al presidente Robert Mugabe y suprimió sus próximas ayudas. La UE cree que Mugabe está tratando de manipular las elecciones que tendrán lugar del 9 al 10 de marzo, recurriendo a la violencia y a la intimidación de sus opositores, informaba el Times de Londres el 19 de febrero.
La decisión europea ha tenido lugar después de que Pierre Schori, el diplomático sueco que encabezó la misión de observación de las elecciones de la UE, fuera expulsado por funcionarios de Zimbabwe el 16 de febrero. Schori informó que el gobierno de Zimbabwe restringió los movimientos de los observadores europeos hasta el punto de que le resultó imposible a la misión operar “con credibilidad y respeto”.
En virtud de las sanciones, los Estados de la Unión Europea congelarán las cuentas extranjeras de Mugabe y sus asociados y les prohibirán viajar por los Estados miembros. Se prohíbe también la venta de armas o de todo material que pudiera usarse para la represión interna.
Las críticas que recibe Mugabe de sus vecinos han aumentado. El New York Times del 12 de enero informaba que el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, censuró a los generales de Zimbabwe por sugerir que no apoyarían al candidato a presidente de la oposición, porque no tomó parte en los ataques guerrilleros que ayudaron a poner fin al régimen controlado por los blancos, en 1980.
El presidente de Zimbabwe ha mostrado pocos signos de estar escuchando estas advertencias. A finales de enero, el parlamento nacional dio luz verde a la Ley de Acceso a la Información que restringe la libertad de prensa, convirtiendo en delito informar sobre Zimbabwe sin la supervisión de una comisión estatal creada al efecto. Tanto el Secretario de Estado, Colin Powell, como el Ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack Straw, han condenado esta nueva ley, informaba el Financial Times del 1 de febrero.
En enero, el parlamento de Zimbabwe aprobó la Ley de Orden Público y Seguridad, que convertía en delito toda crítica al presidente, con la obligación de llevar el carnet de identidad, y que daba a la policía extensos poderes para mantener la ley y el orden. También se alteraron leyes electorales para prohibir observadores independientes en las elecciones y penalizar el derecho a voto de los ciudadanos de Zimbabwe que viven fuera del país.
Los esfuerzos del gobierno por manipular las elecciones sufrieron, sin embargo, una derrota el miércoles pasado, cuando la Corte Suprema de Zimbabwe anuló uno de esos tres paquetes de leyes electorales aprobados por el parlamento en enero.
El Grupo Internacional de Crisis publicó un informe el 25 de enero que describe gráficamente la situación de este país del Sur de África con una población de 11,3 millones de habitantes. Según la limitada información de que se dispone, la oposición del Movimiento para el Cambio Democrático y su candidato, Morgan Tsvangirai, tienen la preferencia del voto. Pero el ZANU-PF del gobierno del presidente Mugabe está usando la violencia física para intimidar a los votantes, de manera que retiren su apoyo al MCD, o dejen pasar la votación.
Además, los líderes del MCD están siendo asesinados o arrestados por pequeños cargos y hostigados. El gobierno también está desplegando las tropas para la represión interna y entrenando a una fuerza paramilitar de apoyo a los “veteranos de guerra”. Los “veteranos”, en los últimos dos años, han causado estragos a la oposición oficial, a los propietarios de granjas y a otros que les parecían eran opositores al ZANU-PF en el poder.
Mugabe también ha debilitado duramente el sistema judicial, según el informe del Grupo Internacional de Crisis. La Corte Suprema, hasta hace poco un baluarte del cumplimiento de la ley, se ha visto envuelta en la justicia pro-gubernativa, y no queda resquicio de que el sistema judicial permanezca independiente.
En medio de la represión, la economía se deteriora. Más del 75% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Planes a corto plazo han llevado a una reducción del producto interior bruto en un 7% y la suspensión de las ayudas extranjeras. A pesar de su gran potencial agrícola, Zimbabwe está importando cientos de miles de toneladas de grano para alimentar a su población, por culpa de las invasiones destructivas de granjas y de los controles de precios.
“Esto es una guerra total”
Los grupos de derechos humanos han denunciado repetidamente las acciones llevadas a cabo por Mugabe y sus partidarios. Amnistía Internacional hizo un llamamiento el 15 de enero a los miembros de la Comunidad de Desarrollo del Sur de África, con motivo de su reunión en Malawi.
“Una diplomacia conservadora no debería convertirse en un asentimiento silencioso a que se sigan violando los derechos humanos en Zimbabwe”, afirmaba Amnistía Internacional. “El presidente Robert Mugabe ha hecho promesas de avances en los derechos humanos a la Commonwealth, a la Unión Europea, y ahora al CDSA –pero no hay signo alguno de que la guerra de asesinatos, tortura e intimidación contra la oposición política se haya detenido”.
Amnistía Internacional observaba que, al mismo tiempo que Mugabe estaba en Malawi haciendo promesas de fomentar los valores humanos a los líderes del sur de África, su milicia –los “veteranos de guerra”- estaban intentando asesinar a David Mpala, un miembro del parlamento que forma parte del Movimiento para el Cambio Democrático, así como a algunos activistas de la oposición.
El 29 de enero, Human Rights Watch anunció que estaba creando una misión para enviar al Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, reunido en Londres al día siguiente. Human Rights Watch afirmaba que el gobierno Mugabe ha “intimidado a sus opositores, imponiéndoles restricciones legales y envolviéndose en una amplia política de violencia”.
El grupo hacía notar cómo en las últimas semanas, el parlamento de Zimbabwe había aprobado o introducido una nueva legislación que infringe drásticamente muchos derechos constitucionales, incluyendo la libertad de asamblea, expresión y movilidad.
La violencia contra las fuerzas de la oposición no es sólo una cuestión de subordinados excesivamente celosos, sino que sigue pautas claras marcadas por el mismo presidente. “Esto es una guerra total”, dijo Mugabe al partido ZANU-PF reunido en Victoria Falls, informaba el diario británico Observer el 16 de diciembre. “Cuando llegue el momento de disparar la bala, el voto, la trayectoria del arma debe ser la verdadera”, decía Mugabe.
El arzobispo de Bulawayo, Pius Ncube, uno de los nueve obispos católicos de Zimbabwe, ha criticado en repetidas ocasiones las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno. Como resultado, es seguido estrechamente por agentes de seguridad del gobierno, informaba el Telegraph del 12 de enero.
En declaraciones a The Tablet (19 de enero), el arzobispo Ncube describía el gobierno de Mugabe como “escurridizo”, lleno de “camaleones, que cambian de color de un momento a otro”. El prelado católico urgía a los países occidentales a imponer “sanciones duras”, como prohibiciones de uso de tarjetas-visa y congelación de las cuentas extranjeras de los poderosos. También declaró que le gustaría que Zimbabwe se viera apartado de la Commonwealth.
El mes pasado, los líderes de las Iglesias del sur de África lanzaron un llamamiento a Mugabe para que se retirara de las próximas elecciones. Los Obispos de la Iglesia metodista del Sur de África, la Hermandad de los Consejos Cristianos y el Consejo Cristiano de Botswana pidieron a los
jefes de Estado de la región que ayudaran a Mugabe a que dejase su cargo con dignidad, informaba el Financial Times del 24 de enero.
“Aunque veneramos al presidente Robert Mugabe por el papel que ha jugado al ayudar a liberar este continente, es trágico ver la situación económica actual de Zimbabwe; creemos que beneficiaría a África que él se retirase”, afirmaban los obispos en un comunicado.
Mientras tanto, las sanciones de la Unión Europea contra Mugabe tendrán poca incidencia en las elecciones, aventuraba la BBC el 18 de febrero. “El resultado no es nada claro –las sanciones limitadas tendrán poco efecto, y no habrá observadores”, decía la BBC. Buscar un camino para que Mugabe suelte su asidero al poder, sin dañar a la población de Zimbabwe, prueba una vez más qué difícil puede ser una intervención internacional. Para los ciudadanos de Zimbabwe, las sanciones de la Unión Europea pueden ser demasiado pocas, demasiado tarde.
