CARACAS, 27 noviembre 2002 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Venezuela emitió este martes un comunicado en el que constata la «quiebra institucional» del país y hace un llamamiento a las autoridades y a cada ciudadano al respeto del otro, aunque tenga otras ideas.
El documento, que llevar por título «El que odia a su hermano es un asesino» (1 Juan 3,15), denuncia que en Venezuela se da en estos momentos «una violación sistemática de los Derechos Humanos, principalmente el derecho a la vida, a la seguridad, a la libre expresión, a la propiedad, al libre tránsito».
Lo más grave, según los obispos, es que no se encuentran a «los culpables o responsables, lo que hunde al país en una fragante impunidad que está abriendo posibilidades a mayor violencia y descalificación intolerante».
Venezuela vive desde hace meses sumida en la inestabilidad política. La oposición que exige la renuncia del presidente Hugo Chávez convocó la semana pasada la cuarta huelga general en menos de un año, en medio de negociaciones con el Gobierno realizadas con la mediación del secretario de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria.
Ante la propuesta de huelga, Chávez salió a la televisión para asegurar que no renunciará a su cargo aún cuando se realice y pierda un referéndum consultivo.
«El pueblo sufre la creciente pobreza, y padece la indefensión a causa de unos poderes públicos muy deficientes en su función primordial de servicio a la ciudadanía», afirma el comunicado, firmado por monseñor Baltazar E. Porras Cardozo, presidente de la Conferencia; por los dos vicepresidentes –el cardenal Ignacio A. Velasco García, arzobispo de Caracas; y monseñor Ubaldo R. Santana Sequera, arzobispo de Maracaibo–; y por monseñor José Luis Azuaje Ayala, secretario general.
Entre las causas de grave preocupación los obispos destacan «la actual desinstitucionalización de algunos órganos policiales del país», «que ha dejado a la población de la capital, indefensa, a merced del hampa y del abuso de grupos radicales, a tal punto que ha habido un aumento de criminalidad desde el inicio del conflicto».
«La violencia y la descalificación no pueden convertirse en herramientas de presión de ningún sector del país, ni del gobierno ni de ninguna otra persona, grupo o institución».
«No se puede hablar de genuina democracia sin tolerancia, sin respeto a la legalidad, sin poderes públicos autónomos, sin escuchar las angustias y los reclamos de un sector más creciente de la población venezolana. O sea gobierno para todos por igual, o el sectarismo y la anarquía se apoderan de la sociedad», afirman los obispos.
Para la Conferencia Episcopal, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional «tienen una responsabilidad histórica en estos momentos de quiebra institucional del país», ya que «de sus decisiones depende… la paz de todos los venezolanos».
En particular se dirige a la Fuerza Armada Nacional para recordar que debe ser «garante de la soberanía y la integridad de la nación» y «evitar convertirse en un componente de represión contra la ciudadanía y sus derechos».
«El rostro de cada venezolano es el de un hermano, así piense distinto a uno –aclaran los obispos al concluir su mensaje–. Ignorar o excluir a nuestro prójimo es inhumano; eliminarlo es criminal. Entenderse y concertar es de sensatos».
