(ZENIT Noticias / Managua, 19.06.2026).- El último Informe Nicaragua, una Iglesia perseguida, séptima edición, fue entregado al Papa León XIV el 2 de octubre de 2025 durante el Jubileo de los Migrantes. Documenta 1,010 episodios de persecución contra la Iglesia en Nicaragua, entre abril de 2018 y julio de 2025: ataques al clero, restricciones a la vida religiosa y ofensivas en lugares de culto que cohartan la libertad de culto, las actividades religiosas públicas y el exilio forzado de sacerdotes y religiosas.
La abogada nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina Montenegro vigila e informa las violaciones contra la Iglesia católica. Fue ella quien documentó una nueva escalada de persecución sistemática por parte del gobierno sandinista: “Los agentes van a las iglesias a diario para fotografiar y grabar a los fieles durante la Misa y las reuniones internas del clero”.
Martha Patricia informó que durante la última Semana Santa la dictadura sandinista impuso restricciones a 6.135 procesiones durante los días santos y solo las permitió al interior de los templos, bajo control de las autoridades. Así, desde 2019, se han documentado 28.904 restricciones a procesiones y actos de devoción popular.
En este contexto, Marco Rubio, Secretario de Estado estadounidense, anunció el 8 de junio de 2026, restricciones de visado para más de 100 funcionarios nicaragüenses de la dictadura Murillo-Ortega tras la muerte del preso político Brooklyn Rivera. El comunicado dice: «Hoy la administración Trump tomó medidas decisivas para imponer restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de dictaduras y sus familiares».
La medida intenta frenar la «responsabilidad de la dictadura por la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera» según el comunicado, un líder indígena y preso político que murió con 73 años tras pasar incomunicado por el régimen de Murillo-Ortega durante 970 días: «A pesar de los enormes e intensos esfuerzos médicos emprendidos para restaurar la salud de nuestro Hermano Brooklyn, cuyo deterioro físico y neurológico fue resultado de una infección bacteriana desencadenada por el virus COVID-19, lamentamos confirmar que, lamentablemente, ha salido de este plano de existencia» indicó una nota informativa del 31 de mayo emitida por el Ministerio de Salud de Nicaragua.
El comunicado de Rubio implicó directamente a Lumberto Ignacio Campbell, miembro del régimen que negó atención médica a Rivera e impidió a la familia del preso enterrar sus restos. «El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares por su papel cómplice en la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega», indicó Rubio.
El suceso penoso con Rivera se suma a la persecución religiosa por parte de la dictadura que restringe la celebración de sacramentos y de la Misa, hace vigilancias reforzadas, desapariciones secretas y detenciones arbitrarias. Además, al menos seis familiares de Rivera siguen detenidos, según la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
El caso de las Misioneras de la Caridad de madre Teresa de Calcuta, muestra el nivel de persecución. Ellas nunca levantaron la voz contra el régimen dictatorial: “Nosotras nos dedicábamos a la atención de los más pobres de entre los pobres. Teníamos un asilo para ancianos que no contaban con pensión y una guardería para cuidar a los hijos de las señoras que tenían que ir vendiendo fruta o ropa por la calle. Teníamos también un comedor para 133 personas y dábamos comida a las familias necesitadas. Y, en Granada, una casa para niñas que habían sido abusadas”, explicó a Alfa y Omega la hermana Paola.
Se canceló a las religiosas la personalidad jurídica y después fueron expulsadas del país. “Habían sacado una ley por la que el 70% de las hermanas tenían que ser nicaragüenses. No cumplíamos esa cuota, les pedimos ayuda y nos llamaron el 13 de junio a Gobernación”. Recibieron “acusaciones que prefiero no comentar porque fueron muy injustas y nos despidieron de muy malas formas”, aseguró la hermana Paola. Luego «pararon nuestra labor, estuvieron investigando todos nuestros papeles, que teníamos en regla, y poco después nos expulsaron». El martes 6 de julio salieron 18 religiosas de tres comunidades distintas.
Sobre las personas a las que atendían, “el día antes de salir vino un grupo de Sant’Egidio y llevó a los ancianos a las casas de otras órdenes. La guardería la tuvimos que cerrar. Y las niñas que habían sido abusadas, todas de entre 8 y 13 años, tuvimos que entregarlas a sus familias. Imagínate lo que fue para ellas volver a su casa. Se iban todas llorando. Y nosotras también”.
Sobre la persecución religiosa, la religiosa declaró: “Totalmente. No hay ninguna duda de que hay una clara persecución contra la Iglesia. Para nosotras ha sido una agonía. Hemos podido hacernos uno junto a Cristo en la cruz y con María a los pies de su Hijo”.
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