CIUDAD DEL VATICANO, 1 febrero 2001 (ZENIT.org).- La Santa Sede publicó hoy la nueva Constitución de la Ciudad del Vaticano (más exactamente Ley Fundamental), que entrará en vigor a partir del 22 de febrero.
El texto, que sustituye la Ley redactada en 1929 por el Papa Pío XI, fue firmado por Juan Pablo II el 26 de noviembre pasado. Con esta iniciativa, el obispo de Roma, como se explica en la introducción del texto, ha querido responder «a la necesidad de dar forma sistemática y orgánica a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico del Estado de la Ciudad del Vaticano», durante el siglo que acaba de terminar.
Ahí mismo se aclara en la introducción que este documento busca un objetivo fundamental: garantizar «la libertad de la Sede apostólica» y asegurar «la independencia real y visible del Romano Pontífice en el ejercicio de su misión en el mundo».
El nuevo texto de la Ley Fundamental ha sido redactado por una Comisión jurídica creada con este motivo específico que ha mantenido 14 sesiones de trabajo durante diez meses, desde febrero hasta noviembre del año 2000.
El documento comienza declarando en el artículo 1 que el Papa, «soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano tiene la plenitud de poderes legislativo, ejecutivo y judicial».
A él le corresponde también la representación de las relaciones internacionales que ejerce por medio de la Secretaría de Estado. A continuación, la Constitución describe cuáles son los órganos encargados de ejercer los poderes del Estado.
Monseñor Celestino Migliore, subsecretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, miembro de la Comisión que ha redactado este texto, ha explicado hoy a los micrófonos de «Radio Vaticano», que el documento no es tanto una nueva Constitución o Ley, sino más bien una «actualización de la Ley Fundamental», que fue promulgada con motivo de los Pactos de Letrán que reconocieron la personalidad jurídica internacional del Vaticano, tras la anexión de los territorios pontificios por Italia.
Las novedades, según monseñor Migliore, están en la distinción en la administración del poder legislativo y el ejecutivo.
«El legislativo es confiado establemente de manera delegada y colegial a una Comisión de cardenales nombrados por cinco años por el Papa».
Mientras que «el poder ejecutivo –añade– es confiado por el Papa al cardenal presidente de la Comisión, coadyuvado de un secretario general». De este modo, se ha abolido el cargo de Gobernador, que se encontraba vacante desde 1952.
Por lo que se refiere al poder judicial, ha aclarado el prelado, el Papa lo delega de manera vicaria a los tribunales civiles del Estado, que habían sido reformados por Juan Pablo II a finales de los años ochenta.
Además, añade monseñor Migliore, la ley establece las relaciones institucionales con la Secretaría de Estado, que no sólo representa internacionalmente al Estado de la Ciudad del Vaticano ante los países (175 en estos momentos) y otros sujetos de derecho internacional, sino que además constituye el instrumento de comunicación con el Papa para la presentación de los proyectos de ley y de los presupuestos.
Ahora bien, en el fondo, concluye el colaborador del Papa, el nuevo texto no hace más que reconocer jurídicamente lo que ya se viene aplicando desde hace décadas.
