El nuevo “colonialismo cultural” de la ONU

El cardenal de Santiago de Chile denuncia presiones contra la familia

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SANTIAGO, 2 febrero 2002 (ZENIT.org). ¿Deberían seguir los países los dictados de Naciones Unidas en materia de política social? Definitivamente no, responde el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, el cardenal Francisco Javier Errázuriz.

El senado de Chile está debatiendo la ratificación de un protocolo facultativo a la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda Forma de Discriminación de la Mujer (CEDAW). El periódico El Mercurio informaba el 9 de enero que la Iglesia católica había pedido al senado que no ratificara dicho protocolo, puesto que ello obligaría a Chile a legalizar el aborto.

En su declaración ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de Chile, el cardenal Errázuriz explicó que el protocolo, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado agosto, abre la posibilidad a que todo individuo pueda denunciar lo que considere violaciones de las garantías del CEDAW. Esto, dejaba claro el cardenal, llevará a una pérdida de soberanía de Chile.

Chile ratificó el CEDAW en 1989, y ya hoy se levantan críticas contra las leyes de la nación por parte del comité encargado de revisar la instauración de sus directrices.

El CEDAW en síntesis
El CEDAW fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, teniendo efectividad a partir de septiembre de 1981. Ha sido ratificado por 168 naciones. El rechazo más notable fue el que tuvo lugar en Estados Unidos, donde el Senado rehusó ratificar el CEDAW.

Los Estados realizan informes periódicos a los 23 miembros del comité, que revisa la instauración de las directrices contenidas en la convención. El comité comenta los informes y recomienda las acciones que los gobiernos deberían adoptar según el CEDAW.

El 6 de octubre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un protocolo facultativo de 21 artículos que respaldaba la convención. Para ratificar el protocolo facultativo, un estado tiene que reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación de la Mujer de recibir y considerar quejas de individuos o grupos dentro de su jurisdicción.

No sólo está el hecho de que los individuos puedan hacer reclamaciones ante el comité, sino que el comité también tiene el poder de comenzar querellas contra lo que considera situaciones de violación de los derechos de la mujer.

El protocolo facultativo entró en vigor el 22 de diciembre del 2000, después de que diez países ratificaran la convención. Para el 20 de diciembre, había ya 73 adhesiones al protocolo, de las que 28 eran ratificaciones formales del protocolo.

El CEDAW y la Iglesia
En su intervención ante la comisión del senado, el cardenal Errázuriz comenzó por dejar claro que la Iglesia había estado activamente representada en las conferencias de las Naciones Unidas sobre la mujer en los pasados años. Hizo también especial mención de la importancia de la lucha para eliminar la discriminación sufrida por las mujeres.

Citando la constitución pastoral “Gaudium et Spes” del Vaticano II, n. 29, el cardenal establecía: “toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino”.

El cardenal reconocía como un paso muy positivo para Chile el incremento en la participación de la mujer en la vida pública y en el mundo del trabajo, y admitía que todavía hay mucho por hacer para lograr la total igualdad para las mujeres. Tuvo también palabras positivas para el CEDAW, que es un importante instrumento para asegurar el respeto para los derechos de la mujer.

Pero la convención contiene también serias deficiencias, hacía notar. Para empezar, el documento se basa en una visión limitada de las mujeres, al no reconocer el valor de la maternidad y de la relación de la madre con su familia. El documento está imbuido de ambigüedad jurídica, al introducir conceptos que no se definen adecuadamente, tales como “género” y “derechos reproductivos”, afirmaba el cardenal.

El sentido de género según es descrito por las Naciones Unidas conduce a una subjetivización de la identidad sexual, según la cual cada persona puede elegir libremente su sexo independientemente de su condición biológica, hacía notar el cardenal Errázuriz. En este sentido, la identidad sexual se convierte simplemente en el fruto de condiciones externas. Además, resulta ser lo mismo si una persona es homosexual, lesbiana, bisexual, transexual o heterosexual, según el punto de vista de las Naciones Unidas.

En cuanto a los derechos reproductivos, el cardenal Errázuriz observaba que las Naciones Unidas tienen una visión bastante reducida de este concepto, al limitarlo al derecho de la mujer a la completa autonomía sobre su cuerpo, sin considerar los derechos de los hombres y de los niños. Tal concepto individualista conduce a las discriminación de otros, en especial de los no nacidos.

El cardenal hacía notar que la convención pide apoyos para modificar leyes que defiendan cualquier forma de discriminación contra la mujer. Las limitaciones y ambigüedades del documento son tales que abren la puerta a las organizaciones internacionales, entre ellas el mismo CEDAW, para presionar a Chile. Esta situación constituye un “colonialismo cultural” que no respeta los valores y la soberanía de Chile, afirma el cardenal.

El protocolo bajo consideración del senado debería dar poderes adicionales al comité CEDAW para interferir en Chile. ¿Cómo se usarán estos poderes? El cardenal Errázuriz da algunos ejemplos de cómo ha actuado el comité en el pasado.

En un informe de 1999, el comité recomendó que Chile promoviera un cambio en la actitud concerniente a la posición de los hombres y de las mujeres en sus papeles en la familia, el trabajo y la sociedad. El comité también pidió que las autoridades “respaldaran enérgicamente” leyes que permitieran el divorcio – actualmente no permitido en Chile.

El comité ha defendido largamente que el hecho de que el estado no provea servicios en el área de salud reproductiva constituye una discriminación. El comité también ha pedido que se liberalice la ley del aborto. El informe también llama a la distribución “sin límites” de contraceptivos de todas clases. Y pide que se permita a las mujeres ser esterilizadas sin consultar a sus maridos.

El cardenal Errázuriz no está solo en su opinión sobre el CEDAW. El arzobispo Jean-Louis Tauran, secretario de las relaciones con los Estado de la Secretaría de Estado vaticana, hacía notar en un conferencia cómo la convención ha llevado a que las Naciones Unidas pidan el fin de todas las leyes que restringen el aborto.

En un discurso dado ante la VI Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida el 11 de febrero del 2000, monseñor Tauran también ponía de relieve que el CEDAW ha pedido a los países que provean “servicios de salud reproductiva”, incluso en los casos en los que los funcionarios tienen objeciones de conciencia.

Un estudio detallado de las convenciones de la ONU sobre los derechos de las mujeres y de los niños ha sido realizado por el Heritage Foundation’s Backgrounder, con el título “Cómo los acuerdos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer y el Niño socavan la Familia, la Religión y la Soberanía.

El estudio, cuyo autor es Patrick F. Fagan, pone de manifiesto cómo el CEDAW está a favor de la legalización de la prostitución; el aborto a petición para los adolescentes; y la criminalización de la objeción de conciencia de los doctores que no quieran llevar a cabo abortos.

El comité ha pedido a los países que no respalden a las madres, incluso hasta evitar que se observe
el Día de la Madre. También ha criticado la Constitución Irlandesa porque da su apoyo a la familia y a las madres.

El cardenal Errázuriz avisaba al senado de que el protocolo es precisamente un paso hacia la creación de un tribunal internacional, con poderes jurídicos, que forzará a los países a adoptar la ideología radical de las Naciones Unidas. Esta por verse si Chile, y otros países, rechazarán esta nueva forma de colonialismo.

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ZENIT Staff

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