YAKARTA , 19 marzo 2002 (ZENIT.org).- Cinco oficiales del ejército y la policía se sentaron hoy en el banquillo de los acusados en el juicio por la masacre en una iglesia de Timor Este, realizada por milicianos opuestos a la votación por la independencia de Indonesia en 1999, informa la agencia AP.
El juicio pone de relieve por primera vez la culpabilidad de oficiales del ejército en la violencia en Timor Este, en la que elementos militares y sus comisionados, la milicia antindependencia, asesinaron a cerca de mil personas y destruyeron gran parte del territorio.
Los cinco juzgados forman parte de los 18 oficiales y milicianos indonesios acusados de crímenes contra la humanidad por permitir los asesinatos en Timor Este, coincidiendo con el momento en Naciones Unidas organizaba la consulta electoral.
El fiscal Darmono explicó, en el juzgado de distrito de Yakarta Central, cómo el 6 de septiembre de 1999, milicianos entrenados y financiados por militares locales y funcionarios del Gobierno asaltaron la iglesia católica del Ave María en Suai, donde se habían refugiado unas dos mil personas.
Usando cuchillos y armas caseras, los milicianos asesinaron a 27 personas, incluyendo tres sacerdotes y 10 mujeres, se dijo en el tribunal.
«Los cinco acusados no controlaron las tropas bajo su mando o no emprendieron ninguna acción, incluso cuando sabían… que se estaba produciendo un ataque contra grupos pro-independencia», dijo Darmono, que como muchos indonesios sólo usa un nombre.
Uno de los acusados, el coronel Herman Sediyono, dijo que no estaba de acuerdo con las acusaciones aunque no dio muchas explicaciones.
Los inculpados, que podrían afrontar la pena de muerte, no han presentado alegatos en su defensa.
El juez Cicit Sugiarso aplazó el juicio hasta la próxima semana para dar lugar a ulteriores argumentos de la defensa.
Tras la audiencia, el jefe de las fuerzas armadas indonesias, almirante Widodo Adisutjipto defendió las acciones de sus soldados. «Estaban realizando deberes de Estado (en Timor Este)», dijo.
En el juicio hay observadores extranjeros. La comunidad internacional había pedido desde hace mucho que Indonesia castigara a los responsables de este acto de violencia.
Funcionarios de Naciones Unidas habían advertido que si los responsables del derramamiento de sangre no eran juzgados en tribunales indonesios, podría hacerlo un tribunal internacional de crímenes de guerra.
