BRUSELAS, 17 mayo 2002 (ZENIT.org).- Los obispos de Bélgica denunciaron el viernes la ley aprobada por el Parlamento el día anterior que despenaliza parcialmente la eutanasia.
El miedo de los prelados es que los «enfermos sufran presiones de miembros de su familia o del personal que les atiende para que sean sometidos a la eutanasia».
El Parlamento belga aprobó el jueves la legalización de la eutanasia con 86 votos a favor, 51 en contra, y diez abstenciones. La Cámara de los Diputados ha aceptado así el texto que el Senado había aprobado hace siete meses y que se convierte ahora en ley.
«En esta ley está en juego el valor de la dignidad del ser humano, que ya no está ligada a su existencia, sino a lo que se llama su «calidad de vida»», explica el comunicado de prensa emanado por los obispos.
«Esto significa, por tanto, que el Estado belga está de acuerdo con el hecho de que esta vida humana tiene menos valor que las demás» añaden.
«Tememos que el enfermo sufra en algunos casos una pesada presión de sus familiares o del personal que le atiende para que sea sometido a la eutanasia», siguen diciendo los obispos de Bélgica.
Los prelados se preguntan también si «el médico se podrá oponer y decir no a la personas que piden la eutanasia» y «si se les dejará en paz a los hospitales que se nieguen a practicar la eutanasia en sus instalaciones».
Tras Holanda, donde se puede practicar la eutanasia desde principios de abril, Bélgica se convierte en el segundo país del mundo que despenaliza la «dulce muerte».
La normativa belga es menos permisiva que la holandesa y está acompañada por una ley que alienta la aplicación de los cuidados paliativos, destinados a aliviar los sufrimientos del enfermo terminal para permitirle vivir un final digno y sereno.
En 16 artículos la ley belga prevé que un médico pueda poner fin a la vida de un paciente sin ser perseguido por la ley, a condición de que haya respetado una serie de condiciones.
El enfermo deberá ser mayor de edad (18 años), ser capaz de entender y discernir en el momento de la petición, que deberá ser en forma escrita, y podrá haber sido redactada y autentificada antes, en previsión de condiciones de incapacidad.
La petición de eutanasia deberá ser «voluntaria, meditada y reiterada», y no debe surgir como resultado de presiones externas.
El médico que recibe la petición deberá verificar que el paciente se encuentre en una «situación clínica sin esperanza y que comporte un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, que no pueda ser calmado, y ser provocado por el mal fruto de accidente o patológico grave e incurable».
Además, tiene la obligación de informar al enfermo de su estado, consultarlo, y juntos llegar a la convicción de que la eutanasia es la única solución aceptable.
La ley establece explícitamente que el médico «no puede ser obligado» a practicar la eutanasia: este artículo ha sido introducido para evitar, como sucede en Holanda, que los médicos sean presionados por los enfermos o sus familiares en una especie de chantaje moral.
La ley prevé, además, que se consulte a otro médico, independiente y competente en la enfermedad del paciente, así como a todo el equipo sanitario que atiende al enfermo.
Entre el momento de la petición de la eutanasia y su ejecución que pondrá fin a la vida del paciente, deberá transcurrir al menos un mes de reflexión.
Antes de que pasen cuatro días de la muerte del paciente, el médico deberá entregar a una Comisión federal de control y evaluación, integrada por doctores, juristas y expertos en cuestiones éticas, un documento en el que figuren todos los datos que permitan verificar el respeto de las condiciones previstas por la ley.
Si dos tercios de los miembros de la Comisión consideran que no es así, el caso será presentado a la magistratura para ser examinado por un tribunal penal.
Fruto de un itinerario parlamentario que ha durado dos años, la ley ha sido aprobada con el voto contrario de los diputados de los partidos cristiano-sociales francófono y flamenco PSC y CDV. La presidenta del PSC, Joelle Milquet, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para pedir «profundas modificaciones» a la nueva ley.
