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Jul 08, 2003 00:00
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MONROVIA, 8 julio 2003 (ZENIT.org).- El arzobispo de Monrovia, monseñor Michael Francis, ha advertido del riesgo de destrucción que corre la capital a manos de los soldados del gobierno y de los rebeldes si el presidente Charles Taylor abandona la ciudad antes de que llegue un contingente internacional de paz.
En este sentido, el prelado comparte la postura que expresó el sábado el propio Taylor, quien se mostró dispuesto a aceptar la propuesta de un exilio en Nigeria --una marcha que ha pedido la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza-- sólo si se verifica la presencia de una fuerza internacional que garantice la estabilidad en Liberia.
«Una salida de escena de Taylor podría empeorar la situación en la ciudad, donde más de un millón de personas se encuentran en situación desesperada: está en marcha una catástrofe humanitaria», declaró monseñor Francis a la agencia misionera Misna.
Según el prelado, la población carece de alimentos y agua potable, las medicinas en los hospitales se han agotado y las epidemias de cólera y otras enfermedades están agravando la crisis.
El arzobispo de Monrovia mostró además su adhesión al llamamiento de los 15 países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). Éstos han decidido el envío de 3.000 soldados, pero han solicitado repetidamente a los Estados Unidos que asuma un papel de dirección en la operación de paz en Liberia.
«Tres mil soldados no bastan --advierte el prelado--. Es necesario que Washington dé una respuesta positiva y sobre todo rápida a la petición de enviar por lo menos dos mil hombres y administrar toda la operación».
Tras la tregua que suscribió el LURD --«Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia»-- y su retirada a 40 kilómetros de Monrovia, la capital permanece bajo el control de los soldados del gobierno, incluyendo el puerto y el aeropuerto. Mientras tanto, la policía hace lo posible por contener la oleada de violencia que está sacudiendo la capital con continuos saqueos.
Los rebeldes del LURD llevan tres años tratando de tomar la capital del país y derrocar al presidente en una guerra que ha causado el desplazamiento de más de un millón de liberianos. Dos asaltos fallidos a la capital ocasionaron el mes pasado aproximadamente 700 muertos y miles de prófugos.
Después de estos crueles enfrentamientos, en la ciudad no hay disparos desde hace días. «Los rebeldes saben que quien sea responsable de estos crímenes puede acabar ante el Tribunal Penal Internacional --observa el arzobispo Francis--. Esperamos que este “alto el fuego” se mantenga mientras los Estados Unidos toman sus decisiones».
En los últimos meses, tanto el LURD como una nueva formación armada, el MODEL («Movimiento para la Democracia en Liberia»), lanzaron una gran ofensiva contra el gobierno del presidente Taylor. La maniobra les llevó en pocos días hasta el centro de la capital, logrando el control del 60% del país. Los rebeldes pretenden que el presidente, acusado de crímenes de guerra en la vecina Sierra Leona, renuncie a su cargo.
Hace años que a Taylor se le considera como uno de los principales apoyos de los antiguos rebeldes del RUF («Frente Revolucionario Unido»), protagonistas de la sangrienta guerra civil sierraleonense (1991-2001) con quienes, según la ONU y el Tribunal de Freetown, tuvo una relación de intercambio de armas por diamantes --que el RUF extraía de Sierra Leona--.
A pesar de que Taylor, cercado por los rebeldes del LURD en Monrovia, aceptó el sábado la oferta de asilo de parte del presidente nigeriano –Olusegun Obasanjo--, el portavoz del Tribunal especial para los crímenes de guerra en Sierra Leona –Tom Perriello— ha advertido de que Taylor no podrá huir de la justicia gracias a la inmunidad que le ofrezca Nigeria o cualquier otro país, según difundió este martes «Misna».
«Quien trate de salvar a Taylor de su cita con la justicia --afirmó el portavoz--, deberá responder personalmente ante las víctimas que el presidente liberiano ha causado en todo África occidental».
El Tribunal Internacional para crímenes de guerra en Sierra Leona fue instituido en el año 2000. Dos años después, obtuvo de las Naciones Unidas la autorización para investigar y procesar a los responsables de los diez años de guerra civil que acabaron con la vida de entre 100.000 y 200.000 personas.