El Gobierno español permite la investigación con embriones en ciertos supuestos

Un representante del episcopado recuerda que no se pueden matar embriones

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MADRID, 25 julio 2003 (ZENIT.org-VERITAS).- La ministra de sanidad Ana Pastor anunció este viernes la reforma de la Ley de Reproducción Asistida en España que, según sus palabras, «intenta llenar el vacío legal existente» para los embriones crioconservados de más de cinco años.

En el país, según cifras oficiales, son unos 35.000, aunque otras fuentes elevan la cifra a más de 200.000.

Según la reforma de la Ley, los embriones podrán ser utilizados para la investigación si los padres dan su consentimiento.

La reforma aprobada por el Consejo de Ministros pretende, además, reducir el número de óvulos fecundados en cada procedimiento de fecundación in vitro, y pone en manos de los padres biológicos la decisión sobre el destino de los embriones sobrantes.

Estos embriones podrán «ser transferidos, donados con fines reproductivos a otras parejas que estén en lista de espera de fecundación in vitro o permitir que el material biológico obtenido tras la descongelación pueda ser utilizado con fines de investigación u optar por su descongelación».

Se eleva a 20 años el límite legal de crioconservación, en lugar de los 5 actuales.

El secretario de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, Inocente García de Andrés, ha declarado a la agencia «Veritas» que por el momento no hay una respuesta oficial por parte de la Iglesia, ya que se espera a conocer el contenido total de la nueva ley.

«En cualquier caso –ha manifestado– la doctrina de la Iglesia en este campo es clara: se admite la investigación con embriones sólo si lo que se pretende es salvar su vida, no si van utilizarse en beneficio de terceros comportando su destrucción de la vida humana».

Este último suele ser el caso de las investigaciones científicas para los que en estos momentos se utilizan los embriones humanos.

Ahora bien, «aunque la fecundación in vitro sea intrínsecamente inmoral, los embriones humanos resultantes son personas con el mismo derecho a la vida. La justicia con el embrión es dejarle vivir», aclara García de Andrés.

El número 2275 del Catecismo de la Iglesia Católica explica: «Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano».

En el mismo sentido, el experto en bioética José Mazuelos ha afirmado a «Veritas» que «el peligro que se corre con la nueva ley es el de cosificar la vida humana».

«Los embriones son vidas humanas y deben ser tratadas con dignidad –aclara–. Todos los embriones tienen el mismo estatus. ¿Quién decide qué embrión vale y cual no? Esto viola el principio de la justicia. No se puede utilizar cualquier medio, el fin no justifica los medios», aclara.

Mazuelos propone más bien «fomentar la investigación con células madre adultas. Actualmente, la potenciación de la investigación con células madre embrionarias en lugar de las adultas se hace por criterios exclusivamente economicistas, ya que se pueden patentar y comercializar, que es lo que interesa a las industrias farmacéuticas».

Por su parte, 3.000 científicos que componen la plataforma «Hay Alternativas» lamentan que el Gobierno español «no haya optado más decididamente por promover la adopción prenatal de los cerca de 35.000 embriones actualmente congelados».

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ZENIT Staff

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