LA PAZ, 4 septiembre 2003 (ZENIT.org).- El camino hacia el «re-encuentro entre los bolivianos», fuertemente deseado por los obispos del país andino, se ve gravemente obstaculizado en la actualidad, según revelan los propios prelados en un documento difundido en Santa Cruz el martes pasado bajo el título «Compromiso y lealtad con Bolivia» .
Las fuertes tensiones registradas especialmente tras los graves incidentes del «febrero negro» –constaron la vida a 33 personas y heridas a otras 200—impulsaron una vez más a los prelados a ofrecer su propia contribución.
Al término de la Asamblea de la Conferencia Episcopal de Bolivia del pasado mes de mayo, se lanzó una iniciativa para favorecer la puesta en marcha de una concertación nacional entre los distintos sectores sociales y políticos del país «para construir un proyecto común de una sociedad justa y pacífica».
«No nos corresponde a nosotros, como Iglesia, y muchos menos a los Pastores solucionar los problemas del país, sino más bien alentar y animar a los ciudadanos a que lo hagan desde su propio compromiso político y social» –afirmaron entonces–. Nuestra tarea es orientar estos esfuerzos desde la Palabra de Dios».
Sobre esta base, los obispos trabajaron durante los últimos meses en la formulación de una agenda de prioridades recogiendo propuestas y peticiones de distintos partidos y sectores sociales. Finalmente, reunieron todo el material en un documento final que también divulgaron el pasado martes bajo el título «Por el Re-Encuentro entre Bolivianos».
«Constatamos –lamentan los prelados– que ya no hay predisposición a buscar acuerdos, sino intentos por desvirtuar nuestra labor o dilatar, en aras de intereses particulares, los compromisos que exige el Re-Encuentro».
En cualquier caso, los obispos del país han dado a conocer el documento «Por el Re-Encuentro entre los Bolivianos» confiados en que «se convierta en una guía permanente para buscar soluciones a los problemas del país, en un marco de pacífica convivencia».
El documento «es el fruto de los aportes de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil; la Iglesia presenta en la introducción general y a cada uno de los párrafos específicos, los principios cristianos que orientan la convivencia humana y la acción política», puntualizan los prelados.
Publicamos a continuación el texto explicativo «Compromiso y lealtad con Bolivia» y el documento final «Por el Re-Encuentro entre Bolivianos» que la Conferencia Episcopal boliviana ha publicado para conocimiento de todo el país.
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Compromiso y lealtad con Bolivia
A consecuencia de los graves sucesos de febrero pasado y ante la falta de un ambiente de paz, los Obispos de Bolivia, al final de la Asamblea de la Conferencia Episcopal en el mes de mayo, nos dirigimos a la Nación señalando que “desde nuestra misión de Pastores, reafirmamos el propósito decidido de apoyar todos los esfuerzos e iniciativas en favor de un reencuentro nacional, fundamentado en el diálogo sincero, la concertación de los distintos sectores y la búsqueda de soluciones concretas que permitan construir un proyecto común de sociedad, justa y pacífica, en la que todos los bolivianos podamos vivir conforme a la dignidad de hijos de Dios”.
Dijimos entonces que “No nos corresponde a nosotros, como Iglesia y muchos menos a los Pastores, solucionar los problemas del país, sino más bien alentar y animar a los ciudadanos a que lo hagan desde su propio compromiso político y social. Nuestra tarea es orientar estos esfuerzos desde la Palabra de Dios”.
Los Obispos reiteramos hoy que, dentro de nuestra misión evangelizadora, tenemos el deber de ayudar a buscar caminos que eviten más enfrentamientos emergentes de la situación de pobreza, falta de equidad y de la alta polarización política e ideológica que existe en Bolivia, pues no podemos limitarnos a ser testigos silenciosos de la destrucción del país.
Hacia el Re-Encuentro
Para alcanzar este objetivo, asumimos la tarea de establecer las bases del “Re-encuentro entre los bolivianos”, adecuando la agenda de los partidos políticos a las demandas de la sociedad.
Durante varios meses fuimos ajustando los temas y las políticas propuestos, bajo los criterios de establecer la agenda de los problemas más importantes y urgentes que enfrenta el país y de acercar posiciones en base a acuerdos que expresen una nueva forma de hacer política.
Cumplida esta labor y a pedido expreso de las organizaciones de la sociedad y los partidos, propusimos el primer documento de concertación que es de conocimiento público.
Dificultades
Realizamos esta labor sin mezquinar esfuerzos, hasta llegar a este momento, en el que ya no parece posible avanzar sobre los pocos puntos respecto a los cuales las posiciones se han hecho irreductibles. Constatamos que ya no hay predisposición a buscar acuerdos, sino intentos por desvirtuar nuestra labor o dilatar, en aras de intereses particulares, los compromisos que exige el Re-Encuentro.
En lugar de poner por delante los anhelos de los bolivianos, más han pesado los distanciamientos políticos, las diferentes formas de comprender la situación y los cálculos de corto plazo existentes entre algunos de los actores políticos, que han impedido levantar la mirada hacia un horizonte de justicia y paz duradera para los bolivianos.
El Re-Encuentro entre los bolivianos no puede subscribirse hoy, por intransigencias ya conocidas, a pesar de la aceptación de la mayoría de los responsables políticos. Así, se priva a Bolivia de la posibilidad de vivir el futuro inmediato en condiciones de convivencia democrática.
Constatamos que este resultado hiere las esperanzas de un país agobiado tanto tiempo por el enfrentamiento y la incertidumbre. No obstante los esfuerzos realizados por nosotros para allanar el camino de los acuerdos, creemos que no podemos sustituir a quienes tienen el deber de responder a las demandas de la sociedad.
El documento
Estamos convencidos de que lo avanzado -recogiendo los problemas planteados por la sociedad en diversos foros y los que apuntaron los propios partidos- constituye un referente muy válido para el sistema político, sus partidos y la sociedad, en el camino de iniciar un proceso de construcción de un país más justo y equitativo.
Consideramos que el documento “Por el Re-Encuentro entre los Bolivianos», que hoy hacemos conocer a toda la nación, permitirá recuperar la serenidad y trabajar por el bien común de los bolivianos.
Este documento contiene los principales temas de preocupación nacional:
— Crisis económica: desempleo, política de hidrocarburos, tierra y territorio, coca;
— Fortalecimiento institucional: seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, designaciones idóneas;
— Reformas constitucionales: referéndum, Asamblea Constituyente.
El documento termina abriendo la posibilidad de atender otras temas de interés nacional y prevé el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.
Perspectivas
Este documento es el fruto de los aportes de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil; la Iglesia presenta en la introducción general y a cada uno de los acápites específicos, los principios cristianos que orientan la convivencia humana y la acción política.
Reiteramos lo dicho al iniciar el proceso: quiera Dios que Bolivia comprenda los beneficios del diálogo auténtico y de la concertación.
Pese a este circunstancial contratiempo, los Obispos de Bolivia seguiremos trabajando por la justicia, la paz, la democracia y el bien común, favoreciendo de modo especial a los más desposeídos.
Tenemos la esperanza de que el documento «Por el Re-Encuentro entre los Bolivianos» se convierta en una guia permanente para buscar soluciones a los problemas del país, en un marco de pacífica convivencia.
No podemos terminar esta comunicación sin agradecer profundamente:
— a la población boliviana, que nos acompañó en forma permanente en el proceso del Re-Encuentro y en especial a las organizaciones sociales y personas que nos han hecho llegar sus aportes, palabras de aliento y confianza en el futuro del país;
— al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que apoyó y compartió el espíritu y las metas del proceso,
— a los medios de comunicación que han sabido informar y opinar sobre él con responsabilidad,
— a los asesores y colaboradores laicos y religiosos que nos han prestado un invalorable servicio.
También debemos expresar nuestro reconocimiento a aquellos dirigentes de partidos políticos y autoridades que han mostrado su plena predisposición a arribar a acuerdos.
Desde nuestra misión de pastores, pedimos la bendición de Dios y su inspiración para que Bolivia encuentre, en paz, un destino de desarrollo, justicia social y participación, ya que es un clamor de la ciudadanía y expresa el deseo y misión de la Iglesia en Bolivia
Santa Cruz, 2 de septiembre de 2003
CONFERENCIA EPISCOPAL DE BOLIVIA
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Por el Re-Encuentro entre Bolivianos
Bolivia vive el período democrático más largo de su historia, que ha sido conquistado con gran esfuerzo y ha permitido avances significativos, particularmente en el campo de los derechos humanos y la institucionalidad del Estado.
Aun así, estos avances son insuficientes. Los bolivianos exigen más participación en las decisiones que les conciernen. Piden más transparencia en el manejo de los asuntos públicos, una lucha decidida contra la corrupción y la impunidad de quienes violan las leyes y los Derechos Humanos, y soluciones a los agudos problemas sociales y económicos que el país enfrenta.
Persisten altos índices de pobreza, crecientes desigualdades sociales y exclusión de sectores importantes. Esto es inaceptable en el marco de un Estado que respete la dignidad de las personas. La falta de respuestas adecuadas a estos problemas ha producido en los últimos años una situación de crisis cuya gravedad nos puede acercar a nuevos momentos de violencia.
Los partidos políticos acudimos al Re-Encuentro entre los bolivianos, propiciado por la Iglesia Católica, tomando en cuenta nuestras visiones de la situación nacional y los resultados de las consultas a la sociedad realizadas a lo largo y ancho del país.
Nuestra primera decisión es aceptar que los desacuerdos y conflictos sean dirimidos a través de las reglas definidas por la Constitución Política del Estado. Al mismo tiempo esperamos que, juntamente con todos los grupos y sectores de la población, podamos construir una cultura de concertación, que permita que las demandas sean planteadas y atendidas, oportuna y pacíficamente, dentro del ordenamiento jurídico y las posibilidades del país.
Los partidos firmantes expresamos nuestra decisión de desarrollar un proceso de acuerdos, del cual este Re-Encuentro es un punto de partida para enfrentar los problemas del país, asumiendo que los partidos y la sociedad somos corresponsables y realizaremos los mayores esfuerzos en la búsqueda y aplicación de soluciones a los mismos.
PRIMERO: DAR PRIORIDAD A LAS POLITICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONOMICA
1. A. Política de reactivación y DINAMIZACION económica
Todos sufrimos los efectos de una fuerte crisis económica y social, especialmente los más pobres y excluidos. Juntos debemos enfrentarla con un sentido de eficiencia, coherencia y justicia, para construir un modelo económico que supere la deuda social y ofrezca mayores y equitativas oportunidades y en cuyo centro deben estar el trabajo y la dignidad de todas las personas.
El derecho al trabajo es una exigencia fundamental de los bolivianos y debe ser atendido por medio de políticas de reactivación productiva y de creación de empleos que aseguren la justicia social.
Nos comprometemos a:
Impulsar un diálogo para formular y aplicar políticas que:
— reactiven y dinamicen el aparato productivo,
— estimulen especialmente el desarrollo agropecuario y de las empresas pequeñas y medianas,
— atraigan nuevas inversiones que contribuyan a mejorar la capacidad competitiva de la economía,
— generen empleo digno, estable y productivo, promoviendo y respetando los derechos laborales y sociales de los ciudadanos,
— impulsen las exportaciones,
— garanticen un uso eficiente de los recursos provenientes de la cooperación internacional.
Para ello, el Gobierno deberá presentar a la brevedad posible y en un lapso no mayor a noventa días, políticas de reactivación y dinamización económica y empleo a corto y mediano plazo, tomando en cuenta las demandas de los sectores productivos pequeños, medianos y grandes.
Conformar, en un plazo de sesenta días, una comisión parlamentaria multipartidaria para impulsar y fiscalizar la revisión del proceso de capitalización de las empresas estatales.
1. B. Política sobre los hidrocarburos y el gas:
La población demanda que los recursos naturales sirvan para el desarrollo de Bolivia, más aún en este momento en que se debe definir el aprovechamiento del gas, que es un recurso no renovable y vital para el presente y futuro del país.
Nos comprometemos a:
Formular una estrategia energética integral que busque generar valor agregado y esté basada en un proceso de información transparente, debates y consulta entre los ciudadanos, particularmente en relación al gas natural, siempre en función del desarrollo del país, especialmente en beneficio de los grupos más pobres. Este proceso estará a cargo del Gobierno con la fiscalización de una comisión parlamentaria multipartidaria, a fin de que la decisión sea adoptada a la brevedad posible para no perjudicar la reactivación económica.
Defender los intereses del país en este momento tan crítico, promoviendo un desarrollo económico sostenible, para lo cual es indispensable la obtención de más recursos para el Estado con el objetivo de atender las necesidades de los bolivianos. El Gobierno deberá iniciar, en un plazo no mayor de noventa días, trabajos de revisión de la normativa y trabajos de evaluación con las empresas petroleras para incrementar los ingresos del país.
1. C. Políticas sobre la tierra y territorio:
La problemática de la tierra y territorio es otro de los temas centrales que puede fracturar y desestabilizar al país. El acceso y el ejercicio de la propiedad de la tierra deben ser instrumento de desarrollo productivo y de generación de empleo y equidad social.
Nos comprometemos a:
Impulsar, en un plazo no mayor a noventa días, estrategias y políticas de Estado sobre la tierra y territorio, conforme a los principios constitucionales y normas jurídicas orientadas a:
— la distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, para alcanzar la justicia social,
— garantizar el acceso a la tierra a los que no la tienen y la necesitan, recuperando al dominio del Estado las tierras que no cumplen función económico – social.
Ampliar la conformación de la Comisión Agraria Nacional y departamentales, de modo que estas instancias representen mejor las necesidades de las regiones y sectores y contribuyan a dar mayor celeridad y transparencia, con participación de los afectados, a los procesos de saneamiento, titulación y redistribución de tierras.
Evaluar el funcionamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para reins
titucionalizarlo y fortalecerlo.
Impulsar el compromiso gubernamental para agilizar los procesos de dotación y de titulación de tierras que se encuentran pendientes, fijando fechas para la realización de ese proceso.
Promover el cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, en conformidad con el art. 171 de la Constitución Política del Estado, así como de la ley 1257 que ratifica el Convenio 169 de la OIT.
1. D. Política sobre la coca:
Durante los últimos años, el tema de la coca, particularmente en el Chapare, ha provocado permanentes enfrentamientos con consecuencias económicas, políticas, sociales y humanas, severas e insostenibles en el país.
Nos comprometemos a:
Fortalecer el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) y conformar una comisión parlamentaria multipartidaria de fiscalización.
Concertar y formular, en ese marco, una nueva política que:
— redimensione la visión estratégica del desarrollo alternativo haciendo de éste un mecanismo por lo cual los beneficiarios sean sujetos activos de este tipo de desarrollo,
— promueva el uso, en el mercado interno, de los productos del desarrollo alternativo,
— contemple la realización inmediata de un estudio del mercado legal de la coca y, en consecuencia, el establecimiento de un sistema de regulación de cultivos legales para mejorar la eficacia de la lucha contra las drogas ilegales.
Controlar con este sistema la extensión total de cultivos de coca legal que resulte necesaria en función del estudio de mercado, a través de concesión de autorizaciones familiares de cultivo con garantía comunitaria y dentro de los marcos institucionales de registro catastral y tributación municipal.
SEGUNDO: APLICAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
La corrupción, la inmoralidad y la impunidad afectan la dignidad de las personas, el ejercicio de la democracia y el desarrollo económico. Por ello, es fundamental que eliminemos prácticas y costumbres clientelares y nepotistas, arraigadas en los partidos y también en la gran mayoría de las instituciones de la sociedad boliviana.
Afirmamos la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y el predominio de la ley, continuando la reforma del Poder Judicial y la plena aplicación del Estatuto del Funcionario Público.
Bajo esta perspectiva, los partidos políticos impulsaremos además las siguientes políticas públicas:
2. A. Política de seguridad CIUDADANA:
El país enfrenta una dramática crisis de seguridad ciudadana, agudizada por una creciente desigualdad social, que se expresa en el aumento sostenido de violencia, delincuencia común, organización criminal y “justicia” por mano propia, y que sobrepasa incluso la capacidad de las instituciones del orden y del Estado.
Nos comprometemos a:
Exigir la modernización de la Policía Nacional, fortaleciendo su capacidad operativa y mejorando la capacitación y la calidad de vida de sus miembros. El Gobierno Nacional deberá formular una política democrática de seguridad pública que contemple un programa de reforma de la Policía, y que esté sustentada en una concepción integral y preventiva, apoyada en valores democráticos y en la defensa de los derechos humanos, y presentar al Congreso, hasta fin de año, los instrumentos de las mencionadas reformas.
2. B. Lucha contra la CORRUPCIÓN:
La elevada corrupción debilita y deslegitima la democracia, trastoca los valores ético-morales y significa un alto costo económico para el país.
Nos comprometemos a:
Aprobar y promulgar en el período legislativo 2003 – 2004 un conjunto de leyes que contengan una estrategia de Lucha contra la Corrupción a partir de la evaluación de las acciones realizadas en este campo y que se sustente en:
— el combate a la impunidad de las autoridades y funcionarios del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),
— la obligación de los partidos políticos de sancionar a sus dirigentes y militantes involucrados en actos de corrupción,
— la educación, prevención, investigación de enriquecimiento ilícito, tipificación e investigación especial, juzgamiento, sanción y recuperación de los daños civiles causados al Estado,
— la sanción de actos de corrupción, como ser evasión tributaria, contrabando y otros.
— la identificación de otros espacios y mecanismos donde se genera corrupción.
2. C. Designaciones pendientes:
La excesiva demora en la elección de las altas autoridades del Estado por parte del Congreso Nacional afecta el buen funcionamiento de las instituciones y preocupa profundamente a la ciudadanía.
Nos comprometemos a:
Realizar las designaciones, en que intervienen las Cámaras Legislativas, en base a la evaluación de los antecedentes morales y profesionales de las personas, de modo que quienes asuman los cargos que implican la confianza de la sociedad sean ciudadanos idóneos.
TERCERO: LLEVAR A CABO LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución Política del Estado fija las reglas básicas de la organización política del país, de la convivencia entre las personas y establece los derechos y obligaciones fundamentales de los ciudadanos. Los partidos reconocemos la importancia central de las reformas constitucionales para el fortalecimiento de la democracia, de sus instituciones y de la participación ciudadana.
Nos comprometemos a:
Culminar, durante el período legislativo 2003-2004 el proceso de reforma iniciado con la Ley 2410 de Necesidad de Reforma de la Constitución Política del Estado, particularmente en los aspectos que se refieren a:
— la ampliación de los derechos de las personas,
— la facultad por parte de los ciudadanos de presentar propuestas legislativas,
— la apertura de la representación política,
— las limitaciones constitucionales a la inmunidad parlamentaria,
— el mejor funcionamiento de las instituciones existentes,
— la creación de otras nuevas y necesarias para controlar la corrupción y aumentar la eficiencia del Estado,
— la institución del Referéndum Constitucional establecido en la Ley 2410.
Promover la aprobación, en el periodo legislativo 2006-2007, conforme a los procedimientos previstos por la Constitución Política del Estado en vigencia, una nueva ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política del Estado, que incluya el tratamiento de la Asamblea Constituyente, así como la ampliación de la consulta ciudadana y el referéndum a temas de interés nacional.
CUARTO: ATENDER OTRAS DEMANDAS
Aparte de estos temas que reconocemos como prioritarios, somos conscientes de que existen muchos otros problemas que agobian a nuestra población, efecto de la deuda social acumulada durante tanto tiempo.
En el marco y espíritu de este acuerdo, nos comprometemos a discutir, concertar y proponer soluciones a los problemas de interés nacional expresados en los diversos foros que se han realizado últimamente en el país.
QUINTO: DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS
Reconocemos que del cumplimiento de estos compromisos depende la capacidad que tengamos para enfrentar la crisis con un espíritu democrático, en función de la paz y la justicia social. Nos comprometemos al diálogo, a la búsqueda de acuerdos a favor del bien común y al logro de las propuestas aquí planteadas. Rendiremos periódicamente informes conjuntos respecto de su cumplimiento.
Pedimos a la Conferencia Episcopal Boliviana, a las organizaciones de la sociedad y a los medios de comunicación social, dentro de la misión de servicio a toda la Nación, hacer también un seguimiento periódico sobre el cumplim
iento de estos acuerdos e informar a la ciudadanía sobre los avances u obstáculos encontrados.
La Paz, 2 de septiembre de 2003
CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA
