LONDRES, 20 de diciembre de 2003 (ZENIT.org).- La suspensión continuada de Zimbabwe de la Commonwealth llevó finalmente a su dimisión como miembro número 52 de la organización, informó el 8 de diciembre Associated Press.
El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, abrigó la esperanza de que el encuentro de jefes de Estado de la Commonwealth en Nigeria levantaría la decisión tomada en el 2002 de suspender a su país, motivada por los abusos contra las libertades civiles. El gobierno de Mugabe se ha visto perseguido por acusaciones de fraude e intimidación en las elecciones nacionales.
Antes del comienzo del encuentro de la Commonwealth, el 5 de diciembre, las opiniones sobre readmitir o no a Zimbabwe se encontraban divididas. Namibia, Sudáfrica y Zambia y otros apoyaban el poner fin a la suspensión, informó el 6 de diciembre el Telegraph. Pero otros países, entre ellos Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, estaban a favor de que la suspensión continuara. La cumbre nombró a un comité de seis miembros para decidir sobre el tema y, posteriormente, recomendó que se mantuviera la suspensión.
«Resulta desafortunado que el presidente Mugabe haya decidido cerrar las puertas a quienes le podrían ayudar a rehabilitar su nación a los ojos del mundo», afirmó el 8 de diciembre la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark.
Esta nación del sur de África está también pasando apuros con el Fondo Monetario Internacional. El Consejo de Dirección de este último revisó las obligaciones financieras hacia el FMI atrasadas, y decidió iniciar un procedimiento para la retirada obligatoria del país del fondo, afirmó la organización en una nota de prensa el 3 de diciembre.
El FMI observaba que el producto interior bruto de Zimbabwe había caído cerca de un 40% en el periodo 1999-2003, y en octubre la inflación alcanzó el 526%. Ha continuado aumentando la pobreza y la tasa de desempleo, y el país sufre uno de los más altos índices de infección de VIH/Sida en el mundo.
Un palacio en medio de la pobreza
En 1998 Mugabe comenzó a expropiar las granjas propiedad de los blancos, a jugar con los precios y a fijar valores de cambio de la moneda en un esquema populista que reviviera su popularidad caída. Como resultado, la inversión extranjera no ha hecho sino desaparecer, y sólo uno de cada 10 trabajadores mantiene hoy en día su puesto de trabajo, informaba el New York Times el 19 de octubre. Y en una nación que exportó una vez carne de ternera y trigo, 4 millones de personas –una de cada tres- depende ahora de donaciones de alimentos del extranjero. Entretanto, los trabajadores están terminando los retoques de un palacio para Mugabe de 39.600 metros cuadrados y 25 habitaciones, al norte de la capital.
Antes de la reunión de la Commonwealth, han aparecido algunos informes sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe. Un informe preparado por Solidarity Pace Trust, una organización de derechos humanos con sede en Sudáfrica, hablaba de actos brutales cometidos por los jóvenes militantes del partido en el poder. Estos actos incluyen el asesinato, las violaciones sistemáticas, mutilaciones, rapto y desaparición de miembros de la oposición, torturas e incendios, informaba el 7 de septiembre el Sunday Times.
El informe también acusaba a la juventud paramilitar del partido ZANU-PF de la incautación ilegal de los alimentos a distribuir, confiscación de bienes en barriadas ilegales, y usurpar los poderes de los agentes que deben aplicar la ley.
Se ha abolido la libertad de prensa. El periódico británico Observer informaba el 21 de septiembre que el gobierno de Mugabe había cerrado el diario de propiedad privada más importante del país, denegándole una licencia. Sólo un par de periódicos semanales independientes permanece en manos privadas, hacía notar Observer. El pasado febrero el gobierno aprobó una ley que prohibía en la práctica la presencia de periodistas extranjeros.
Condiciones para la paz
En su carta pastoral para el Adviento, los obispos católicos de Zimbabwe expresaban su preocupación por los problemas políticos y sociales a los que hace frente el país. «La situación política es tensa», decía la carta, «la caótica situación económica y social es insostenible para la mayoría de la gente». La carta se estructuraba alrededor de las cuatro condiciones para la paz – verdad, justicia, amor y libertad- subrayadas por la encíclica social de Juan XXIII, «Pacem in Terris».
En su carta, los obispos observaban que la dignidad humana estaba amenazada, debido a su subordinación a las «conveniencias políticas» y a los «beneficios materiales». Entre los problemas a los que hace frente el país, la carta subraya el hambre, la enfermedad, la desconfianza y el miedo. También observa que se explota y oprime a la población».
Con respecto a la necesidad de una sociedad construida sobre la verdad –la primera condición citada en la «Pacem in Terris»-, los obispos pedían una mayor objetividad en los medios, y que las relaciones entre las personas se construyan en la verdad.
Con respecto a la justicia, la carta observa que el país está afligido de muchas enfermedades sociales y económicas. Los obispos piden el fin de las prácticas no éticas en los negocios y la tasación injusta de bienes. También critican el sistema judicial por sus retrasos y desigualdades.
En cuanto a la tercera condición de la paz, los obispos piden que los ciudadanos «vayan más allá de la tolerancia y acepten las llamadas al amor». Las dificultades económicas de Zimbabwe han fomentado la tendencia al individualismo, observa la carta. En estas circunstancias, es importante, continúa la carta, «recordar nuestras responsabilidades morales hacia nuestros vecinos».
A este punto, criticaban en especial los abusos del programa de redistribución de tierras. «La injusticia de la avaricia ha hecho que muchos adquieran más de una granja. En algunos casos, se ha echado a familias a la fuerza de sus granjas y casas sin permitirles tomar sus pertenencias básicas. Esto es pecaminoso y malvado y cada uno responderá de sus acciones ante Dios».
En cuanto a la última condición, la libertad, la carta indica: «Si se fuerza a la gente a que actúe con miedo, condicionada, sobornada, se está actuando contra los principios de la libertad y de la paz». Algunas opciones pasadas han sido erróneas y ahora es necesario rectificar. Para hacerlo, los obispos piden que se lleve a cabo una reflexión «sin miedo ni favores».
Juan Pablo II también ha seguido la situación de Zimbabwe. El pasado 15 de mayo, cuando el nuevo embajador de Zimbabwe ante el Vaticano, Kelebert Nkomani, presentó sus credenciales, el Papa aprovechó la oportunidad para hablar de la necesidad de cooperación entre la Iglesia y el Estado «para construir una sociedad verdaderamente justa y estable».
El Santo Padre también recordó la contribución que hace la Iglesia en Zimbabwe en áreas como la salud, la educación y los servicios sociales e indicaba: «Ésta es parte de la contribución que la Iglesia busca, para llevar a cabo el desarrollo humano de los individuos y de los pueblos, especialmente de aquellos que están más necesitados».
Para que los gobiernos hagan frente a sus problemas de hoy, el Papa decía que «los valores de la democracia, el buen gobierno, los derechos humanos, el diálogo y la paz deben estar cerca del corazón de los líderes y de las personas». Haciéndose eco de los principios de la «Pacem in Terris», observaba que el descuido de estos valores hará que el gobierno «sea incapaz de crear un ambiente que fomente la verdad, la justicia, el amor y la libertad».
Juan Pablo II expresó su preocupación por la administración de justicia en Zimbabwe. «Las autoridades públicas deben refrenarse para no actuar con imparcialidad, trato preferencial o justicia selectiva
a favor de ciertos individuos o grupos», advertía. Y sobre la cuestión de la redistribución de la tierra, el Papa recordaba el documento de 1997 «Hacia una Mejor Distribución de la Tierra», publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. «Es un error pensar», decía, citando el No. 45 del documento, «que vendrá algún beneficio o provecho simplemente con el expropiar las grandes propiedades agrícolas, dividiéndolas en unidades de producción más pequeñas y distribuyéndolas a otros».
El Papa concluía prometiendo el apoyo de la Iglesia «a todos los esfuerzos de construcción de una cultura de diálogo más que de confrontación, de reconciliación más que de conflicto». Palabras a las que el gobierno de Mugabe haría bien en prestar atención.
