CIUDAD DEL VATICANO/COLOMBO, martes, 10 mayo 2005 (ZENIT.org).- El problema de las «conversiones fraudulentas» en Sri Lanka –suscitado por algunas sectas— no se resuelve con leyes que restrinjan la libertad religiosa, sino con el diálogo, advierte el presidente del episcopado católico del país asiático, monseñor Joseph Vianney Fernando, preocupado por el debate parlamentario en cuestiones de libertad de conciencia.
Dos son los proyectos de ley que esperan la aprobación del parlamento cingalés –ambos orientados a castigar a quien facilita la conversión religiosa con «medios fraudulentos»– conocidos como «Bill on Prohibition of Forcible Conversion» y «Act for the Protection of Religious Freedom», explica «AsiaNews».
El primer proyecto, sobre la «prohibición de conversiones forzadas» o ley anti-conversión fue propuesta por el «Jathika Hela Urumaya» (JHU), un partido formado el año pasado por monjes budistas. El texto se presentó el pasado verano; prevé que todo individuo informe de su conversión a las autoridades locales en un período establecido, con la prohibición de que nadie convierta a otro ni lo intente «con la fuerza o medios fraudulentos».
Penas de hasta 5 años de cárcel o multas hasta los 1.500 dólares (aproximadamente) se contemplan para el infractor; se elevan a 7 años o a más de 5.000 dólares si los convertidos pertenecen a «categorías de riesgo»: mujeres, niños, detenidos, discapacitados físicos o mentales, estudiantes, enfermos en hospitales y clínicas, refugiados, miembros de las fuerzas armadas o de la policía.
La otra ley –en espera de la segunda lectura en el parlamento–, para la «protección de la libertad religiosa», fue propuesta por el ministro para los Asuntos budistas, Ratnasiri Wickremanayake. Sobrepasando la intención de la propuesta del JHU, esta norma se orienta a prohibir todo tipo de conversión, con penas de 7 años de cárcel y fuertes multas.
Esta última disposición además establecería un sistema judicial independiente controlado por monjes budistas. El «Sanghadhikarana» (el tribunal budista) debería juzgar las causas adelantadas por los habitantes de los pueblos, sin haber pasado por la policía o los tribunales estatales.
Preocupación e iniciativa eclesial
La ley anti-conversión fue propuesta en el Parlamento por un restringido grupo de parlamentarios (Cf. Zenit, 10 junio 2004) «suscitando la preocupación de todos los cristianos», reconoce monseñor Joseph Vianney Fernando a «Fides».
Con «la ayuda de eminentes abogados logramos llevar el documento ante la Corte Suprema» –recuerda– y ésta determinó «que algunas cláusulas contravienen la Constitución y van contra las libertades fundamentales y los derechos humanos». En efecto, el pasado agosto el tribunal declaró la inconstitucionalidad de dos puntos de la ley porque vulneran el artículo 10 de la Constitución, que asegura la libertad religiosa y la de tener o adoptar una religión o credo de la propia elección.
«Si esas cláusulas no fueran eliminadas se necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento y un referéndum popular para aprobar el documento, porque supondría modificar la Constitución», explicó el prelado el pasado viernes en su paso por el Vaticano.
«Actualmente el documento se ha convertido en una propuesta del gobierno» (la de «proteger la libertad religiosa en el país»); «pero el texto es hasta peor que el precedente y muy perjudicial», denuncia.
«Si el gobierno insiste, protestaremos vigorosamente», anuncia el obispo de Kandy.
«Hemos decidido, con otros líderes cristianos, redactar un comunicado en el que subrayamos que también nosotros somos contrarios a las conversiones “no éticas” –explica el prelado–. Condenamos fuertemente los medios fraudulentos o aquél que busca hacer proselitismo con engaño o dinero».
«Pero la conversión auténtica se refiere a la relación entre el hombre y Dios –alerta–. La Iglesia siempre ha defendido la suprema libertad de conciencia».
El motivo de la ley anti-conversión, según el presidente de los obispos católicos de Sri Lanka, está en la proliferación de sectas fundamentalistas cristianas en los últimos treinta años: «llevan adelante un proselitismo militante», carecen «de sensibilidad al hecho de que están en un contexto multirreligioso, multicultural, plurilingüe», «a veces parece que para aumentar sus filas usan métodos que suscitan dudas», y «han irritado a la mayoría de la población, que es budista».
«Así se ha desarrollado una creciente preocupación, especialmente entre los monjes budistas y, en oposición al fundamentalismo cristiano, ha crecido el fundamentalismo budista. Actualmente, grupos extremistas entre los budistas acusan a los cristianos en general, a todos los cristianos, de hacer proselitismo y de convertir a las personas con medios ilícitos», constata.
Desde la Iglesia Católica «creemos firmemente que estos problemas no se resuelven con una ley que restrinja la libertad, sino con el diálogo y aplicando las leyes existentes», aclara el obispo Joseph Vianney Fernando.
En este sentido, «hemos propuesto la institución de un Consejo Interreligioso, nombrado por el Parlamento, para examinar la cuestión, propuesta sostenida además por la más importante Comisión Budista de Sri Lanka»; «intentemos este camino antes de la aprobación de una ley como ésta», la cual es «un atentado a la armonía», pide el prelado.
«El hecho es que a través de esta ley, el gobierno está intentando ganar el favor de la mayoría budista»; «no se sabe la fecha en la que el documento se votará, pero aunque el presidente ha dejado libertad de conciencia, el voto en el Parlamento es manifiesto, así que es altamente probable que sea aprobado», alerta finalmente el prelado.
La Constitución de Sri Lanka reconoce al budismo una posición relevante, pero garantiza a los fieles de otras confesiones el derecho a practicar la propia fe libremente. En el país, de una población de casi 20 millones de habitantes el 70% es budista, el 15% hinduista, el 8% cristiana (de ésta, el 6,7% es católica) y el 7% es musulmana.