España: La educación, problema en la relaciones actuales Iglesia-Estado

MADRID, miércoles, 13 julio 2005 (ZENIT.org).- Uno de los grandes problemas en las relaciones entre Iglesia y el Estado en España en estos momentos es la educación, considera el primado de este país.

El arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares pronunció este martes la ponencia «Planteamientos actuales de la enseñanza en las relaciones Iglesia-Estado», dentro de los cursos de verano organizados por la Universidad San Pablo-CEU y que abordan las relaciones existentes entre la Iglesia y el Estado, según informa Veritas.

Para el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, en el tema de la Educación, «tenemos un problema muy serio de relaciones Iglesia-Estado» e hizo alusión a las distintas reuniones celebradas hasta ahora.

Monseñor Cañizares explicó que la primera reunión celebrada el 22 de julio de 2004, «fue una reunión de cortesía». Posteriormente el 22 de diciembre se entregó un memorando y ya el 18 de junio de 2005, fecha de la última reunión se acordó una nueva reunión a finales de julio, «pero la sorpresa», explicó Cañizares, «es el segundo Anteproyecto de Ley de Educación en el que se ignora lo hablado». Para el ponente, «no se puede actuar de esta manera y que después salga otro texto».

En su intervención, explicó cuáles son las peticiones de la Iglesia sobre este tema: «que se respete la Constitución Española, que se cumplan los Acuerdos con la Santa Sede, que respete la jurisprudencia de los tribunales de justicia y que se atienda a la demanda social», explicó.

Para monseñor Cañizares «la Iglesia no pide nada para sí, ni la Iglesia negocia», puesto que, añadió, «no tenemos potestad para negociar con los derechos de los ciudadanos» y «no podemos negar estos derechos fundamentales, traicionaríamos a los ciudadanos y a la sociedad», aseveró.

El arzobispo de Toledo explicó, en su opinión, las funciones y límites del Estado y expresó que al invadir cuestiones privadas como la educación se produce «una especie de totalitarismo que ninguna votación democrática podrá legitimar».

Respecto al Pacto de Educación del que todos los colectivos han hablado, para Cañizares «el pacto es el artículo 27 de la Constitución Española, cumplámoslo» y agregó que «se trata de un pacto suscrito por toda la sociedad española».

Respecto a la colaboración que existe entre la Iglesia y el Gobierno sobre el tema educativo, explicó que «la Conferencia Episcopal ha tenido acceso al texto gracias a periodistas y a amigos que se compadecen de la Iglesia» y mostró «que ésa es una señal de las relaciones Iglesia-Estado».

También mostró que el modelo educativo se basa en «una escuela única, pública y laica» y que «se trata de un proyecto cultural que quiere consumarse con esta nueva ley de enseñanza».

Por último expresó que «está en juego la libertad religiosa, que es la base de las otras libertades» y que el artículo 27 de la Constitución Española, «el más debatido de la Constitución» ya dejó claro que quien debe educar no es el Estado, sino la familia.

La opinión del ministro de Justicia
El ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, aseguró en el mismo curso de la Universidad de Verano CEU, que el gobierno no piensa hacer cambios a los acuerdos ratificados con la Santa Sede que están en vigor.

«La cooperación entre el Estado y la Iglesia católica tiene recorrido e historia en España y, por supuesto, proyección de futuro. El Gobierno del PSOE y el Ministerio de Justicia son conscientes de ello. Desde el primer día de esta legislatura el Gobierno ha emplazado objetivos ambiciosos y, por supuesto, entre ellos cambios ambiciosos», indicó.

«A nadie le extrañará que esta Legislatura sea de cambios. Hay cambios que acometer y en ello estamos. Pero hemos expresado con claridad meridiana que no está entre esos cambios el de afectar en ningún punto a los acuerdos ratificados con la Santa Sede», añadió el ministro.

Además, López Aguilar consideró que los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, ratificados el 3 de enero de 1979, en la Ciudad del Vaticano, sobre asuntos jurídicos, económicos y sobre enseñanza y asuntos culturales, «están en vigor y los estamos cumpliendo ampliamente y, si se quiere, con una generosidad ejemplar en el marco del derecho comparado».

Soberanía popular, no códigos morales
Ramón Jáuregui, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, al intervenir en el curso consideró que el diálogo entre el Gobierno y la Iglesia se debe centrar en dos cuestiones: la financiación y la enseñanza de la Religión, donde «hay que alcanzar un acuerdo».

«Es preciso recuperar el principio de que el orden democrático lo fija la soberanía popular, no los códigos morales, que son respetables, pero en el Parlamento manda la soberanía popular».

Y añadió: «cuando el anterior Papa solía hacer pastorales reclamando que los católicos, en el ejercicio de sus funciones políticas debieran de guiarse por sus códigos morales, en mi opinión, violaba una regla democrática elemental», añadió.

En defensa de la libertad de conciencia
Sobre este tema, Jorge Fernández, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defendió la «libertad de conciencia, que está consagrado como derecho inalienable».

Fernández recordó los porcentajes de religiosidad del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en España, en concreto al 79% de católicos y el 1,8% de otras confesiones, y dijo que «tratar de forma igualitaria a hechos desiguales es absolutamente injusto».

Aconfesionalidad, no laicismo
Por su parte, Manuel Silva, miembro del Comité de Gobierno de Unió Democrática de Catalunya, explicó que «el planteamiento que deriva de la Constitución es el de aconfesionalidad no beligerante y no un laicismo, ni siquiera indiferente, que pudiera considerarse hasta neutral».

Aseguró que no creía «que se nos pueda poner como ejemplo de sociedad de convivencia el laicismo francés» y que «la fe es un hecho positivo que así lo valora la Constitución».

Por su parte, Marcelino Oreja, ex ministro de Asuntos Exteriores, consideró que «en la actual situación» se quieren doblegar unos convenios entre la Iglesia y el Estado que «han tenido una vida bastante larga y que yo, personalmente, no veo ninguna razón para que se introduzcan cambios por la forma misma en que fueron suscritos y orientados».