WASHINGTON, 16 de julio de 2005 (ZENIT.org).- La dimisión de la juez Sandra Day O’Connor, como miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, atraerá la atención sobre ciertos temas sensibles, entre los que está la pena de muerte. El expediente del posible candidato tendrá que enfrentarse, en este tema, a un cuidadoso examen del senado, que es el organismo que vota los candidatos al Tribunal Supremo.
Un artículo de Associated Press, el 2 de julio, observaba que O’Connor desempeñó un papel clave con su voto en los casos de pena de muerte. Su sucesor, si se sienta en el tribunal en octubre, a comienzos del nuevo ejercicio, podría decidir sobre cuatros casos pendientes de pena de muerte. El artículo observaba que O’Connor apoyaba la pena de muerte, pero hablaba abiertamente sobre su preocupación de que se estuviera imponiendo de manera injusta.
El 21 de marzo la Conferencia Episcopal de Estados Unidos lanzó una campaña contra la pena capital. «No podemos enseñar que matar está mal, matando. No podemos defender la vida, quitándola», sostenía el cardenal Theodore McCarrick, arzobispo de Washington, hablando en el National Press Club, según una nota de prensa publicada el 21 de marzo por la Conferencia Episcopal.
La iniciativa, bajo el lema de «Campaña Católica para poner Fin al Uso de la Pena de Muerte», tiene su propia página web, www.ccedp.org.
Durante la rueda de prensa para lanzar la campaña, el encuestador John Zogby informaba de que el apoyo a la pena de muerte ha disminuido notablemente entre los católicos. Una encuesta llevada a cabo el pasado noviembre mostraba que el 48% de los católicos adultos apoyaban la utilización de la pena de muerte, mientras que el 47% se oponían. Es un descenso significativo de apoyo si se compara con años pasados. Además, quienes van a misa con frecuencia y los católicos jóvenes suelen apoyar menos que otros católicos la pena capital.
De hecho, está cayendo tanto el número de ejecuciones como el de sentencias de muerte, según un informe del Death Penalty Information Center. La organización, con sede en Washington, que se servía de datos del pasado 14 de diciembre de 2004, informaba que el número de personas sentenciadas a muerte cada año ha descendido un 50% desde 1999.
Además, el número de individuos en el corredor de la muerte ha bajado ligeramente, de los 3.504 del 2003 a los 3.471 del 2004. Las ejecuciones han caído un 10%, de las 65 del 2003 a las 59 del 2004. «La confianza del público en la pena de muerte se ha visto seriamente erosionada en los últimos años», afirmaba Richard Dieter, director ejecutivo de la organización. «Debido a los muchos fallos, la pena de muerte está con razón a la defensiva».
Restricciones
Las últimas decisiones se han convertido en éxitos para quienes se oponen a la pena de muerte. El Tribunal Supremo, en una dictamen de 5 votos contra 4, abolió la pena capital para los delincuentes juveniles. El tribunal concluyó que la pena de muerte para menores es un castigo cruel e inusual, y la decisión citaba un «consenso nacional» en contra de esta práctica, informó el 2 de marzo el Washington Post.
Esta decisión cambiaba una sentencia de 1989 que había dictado la pena de muerte para delincuentes de 16 y 17 años. Hasta ese momento, 20 estados permitían la pena de muerte para delincuentes menores de 18 años. Ha habido 22 ejecuciones de menores desde 1976, cuando se reintrodujo la pena de muerte.
El Washington Post observaba que era la segunda vez en tres años que el tribunal establecía una nueva categoría de personas eximidas de la pena de muerte. En el 2002, prohibió la pena capital para los retrasados mentales moderados.
En mayo, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de un ciudadano mexicano contra su sentencia de muerte, pero sólo tras el cambio del gobierno federal respecto a los derechos de los extranjeros. Según el New York Times del 24 de mayo el tema que estaba detrás del caso era si el gobierno federal sigue los requisitos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en cuanto a la notificación de los juicios de ciudadanos extranjeros a los funcionarios de sus embajadas.
En los últimos años, 51 mexicanos fueron juzgados y condenados sin notificárselo a las autoridades de México. El pasado diciembre, el presidente George Bush solicitó al fiscal general, Alberto Gonzales, que mandara a los tribunales estatales que se atuvieran a los dictámenes del Tribunal Internacional que exigían nuevas audiencias para 51 mexicanos. De hecho, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos del caso, pero con el cambio de política, decidieron no formular una decisión.
Miles en el mundo
El 5 de abril, Amnistía Internacional publicaba un informe sobre la aplicación de la pena de muerte en el mundo. La organización de derechos humanos indicaba que 3.797 personas, en 25 países, fueron ejecutadas el año pasado. Además, 7.395, en 64 países, fueron sentenciadas a muerte.
Unos pocos países suman la mayoría de las ejecuciones. China ha ejecutado oficialmente al menos a 3.400 personas, pero el número real puede estar cercano a las 10.000, añadía el informe citando fuentes del interior del país. Irán ha ejecutado al menos a 159 personas, y Vietnam por los menos a 64. Ha habido 59 ejecuciones en Estados Unidos, por debajo de las 65 del 2003.
«Resulta preocupante que la gran mayoría de los ejecutados en el mundo no han tenido un juicio justo», indicaba el informe de Amnistía Internacional. «Muchos fueron condenados basándose en ‘evidencias’ extraídas bajo tortura».
Ha habido algunos progresos, sin embargo. Cinco países abolieron en el 2004 la pena de muerte para todos los crímenes – Bhután, Grecia, Samoa, Senegal y Turquía. Al final del año, 120 países habían abolido la pena de muerte por ley o en la práctica.
Algunos países observan de hecho una moratoria sobre las ejecuciones. Una ley poniendo esto en práctica entró en vigor en julio de 2004 en Tayikistán. En enero pasado, el presidente de Kirguistán, Aksar Akayev, anunció que una moratoria sobre las ejecuciones, en vigor desde 1998, se ampliaría un año más. Otros países en la misma posición son Malawi y Corea del Sur.
Asimismo, Amnistía Internacional publicaba un estudio sobre las disposiciones constitucionales que imposibilitan la pena de muerte. Turquía prohibió la pena de muerte en su constitución en el 2004, como hizo Bélgica el pasado febrero. Otros países con prohibiciones constituciones de la pena de muerte en vigor son Irlanda y Turkmenistán.
Ha levantado críticas la gran cantidad de ejecuciones en China, pero los líderes del país parecen insensibles. Según un reportaje de Associated Press del 14 de marzo, el premier chino, Wen Jiabao, indicó que su nación no tiene planes de abolir la pena de muerte, aunque llevará a cabo reformas para asegurar que se usa con prudencia.
Furgones de la muerte
El 20 de marzo, el Sunday Times de Londres llamaba la atención sobre los métodos de ejecución utilizados en China. Las sentencias se llevan a cabo en «furgones de la muerte» aparcados cerca de los tribunales, donde inyecciones letales provocan la muerte de los condenados. Las autoridades prohíben cualquier foto de los furgones de la muerte durante la operación, pero el Sunday Times alegaba haber obtenido una fotografía de uno de ellos.
«Tras el pronunciamiento de la sentencias, el criminal es llevado a un lugar cerca del tribunal, normalmente a diez minutos en coche», decía un policía citado en el artículo. «Luego se les transfiere al furgón de la inyección letal. Todo ocurre muy rápidamente». El Sunday Times observaba que un raro relato de un periódico de una ejecución, el 19 de enero en Liaoyang, una capital de provincia, decía que el hombre declarado culpable, Li Jiao, murió 14 minut
os después de que se pronunciara la sentencia.
Los furgones son un medio de ejecución relativamente nuevo. En el pasado, las sentencias eran llevadas a cabo con un tiro en la cabeza, y se enviaba a la familia del muerto una factura por la bala.
La pena de muerte, aunque en retroceso, seguirá presente por algún tiempo.
