La Resolución, que no es vinculante, pero constituye un punto de referencia para las legislaciones nacionales, contó con el apoyo, entre otros, de buena parte del Partido Popular Europeo, así como del Partido Socialista Europeo, de los Verdes, Comunistas y otros.
En declaraciones concedidas a Zenit, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Mario Mauro, afirma que «ha sido aprobado un documento ideológico que tiene muy poco que ver con la concreta tutela de los derechos fundamentales de las personas, sino que suena mucho más como un manifiesto que saluda la destrucción de los valores que han originado la Unión Europea como proyecto político».
«¿Cómo definir si no la exhortación a las instituciones europeas a entrometerse en la vida de los estados nacionales, modificando las constituciones de los países para que se abran al matrimonio entre homosexuales, prescindiendo de la elección de los pueblos?», se pregunta el vicepresidente del Parlamento Europeo.
Recodando que el documento hace referencia a la libertad religiosa como «fuente de discriminación», Mauro concluye que «aprobando tales textos, abiertamente en contradicción con los tratados e incluso el sentido común, se obtiene como único resultado favorecer el distanciamiento de los ciudadanos de nuestras instituciones».
Respecto a la resolución del Europarlamento, Riccardo Cascioli, presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Población, Ambiente y Desarrollo (CESPAS) ha declarado a Zenit que «es evidente que los derechos humanos se han convertido en un pretexto para afirmar una ideología que no sólo no tiene nada que ver con el bien de la persona sino que incluso es fuente de violencia contra personas, comunidades y pueblos».
«En este caso –sigue diciendo Cascioli–, por enésima vez, una institución europea se pronuncia sobre un tema –como el de la familia–, que es de estricta pertinencia de cada uno de los estados miembros».
«Pero no es una sorpresa –reconoce–: desde hace años, hay un aguerrido grupo de presión homosexual que, a nivel internacional y regional, puede contar con abogados y juristas militantes que se ocupan de estudiar leyes, tratados y convenciones internacionales para subvertir las legislaciones nacionales”.
«La Resolución del Europarlamento –subrayó Cascioli- se sitúa en este filón, y no es un caso que la organización histórica del movimiento homosexual, la Asociación Internacional Gays y Lesbianas (ILGA), presente en 90 países con más de 400 organizaciones afiliadas, tenga una presencia bien arraigada en la Unión Europea, y una importante influencia en el Intergrupo Parlamentario de Gays y Lesbianas».
Sobre las numerosas críticas dirigidas por varios europarlamentarios al Papa Benedicto XVI durante el debate de la Resolución, el 16 de enero en Estrasburgo, Cascioli observó que «también esto, además de ser un fenómeno recurrente, es parte de una estrategia global de ataque a la Iglesia».
