La Iglesia y el nuevo Gobierno en Chile

Carta de monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo

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SANTIAGO, domingo, 22 enero 2006 (ZENIT.org).- Publicamos la carta de monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo, distribuida por la Conferencia Episcopal de Chile en su página web.

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Siguiendo su tradición democrática Chile ha elegido un nuevo parlamento y un Presidente de la Republica para los próximos años. Cada ciudadano ejerciendo un deber de conciencia ha expresado libremente su opción, pensando en el bien de Chile. La Iglesia, por medio de la palabras de su pastores, expresó su voz manifestando los puntos esenciales que los católicos hemos de tener en cuenta a la hora de elegir a nuestros representantes y a quienes conducen la nación. Cada uno es responsable ante Dios y ante sus hermanos de las decisiones que se hayan adoptado. Viene ahora el tiempo de mirar hacia el futuro y sobretodo de trabajar seriamente, cada uno desde el lugar que tiene en nuestra sociedad, dejando de lado divisiones, para buscar el bien común, es decir, aquella forma de organizar y relacionarnos en la sociedad para permitir así que todos puedan progresar no sólo en lo material, sino también en el desarrollo del espíritu, de la fraternidad entre los hijos de una misma tierra, con un destino común y herederos de un pasado común, teniendo en cuenta que los mas desposeídos deben estar en el centro de nuestras preocupaciones.

Viene ahora el tiempo de mirar hacia el futuro de nuestra nación y sobretodo trabajar seriamente dejando de lado divisiones para buscar el bien común, teniendo en cuenta que los más desposeídos deben estar en el centro de nuestras preocupaciones.

Los temas de fondo que interesan a la Iglesia, son aquellos que tienen que ver con las concepciones del hombre, su visión de un desarrollo centrado en la persona «que es y deber ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales» (CCIC n. 401) y al que se le deben dar las condiciones para poder vivir la primera de todas sus obligaciones; reconocer a Dios como su creador y su vocación a la bienaventuranza divina, pues como enseña la Iglesia «todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es mismo Dios». «Una autentica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así como subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales» señala el Compendio del Catecismo, al responder a las pregunta acerca de las exigencias de una verdadera convivencia humana.

Por de pronto hay que tener presente que «una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la «subjetividad» de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad, y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito, hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia» (Juan Pablo II, C.A. 46).

Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad, y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos» (Juan Pablo II, C.A. 46).

Asimismo, elegida democráticamente una de las opciones en juego, es plenamente lícito hacer un juicio moral acerca de algunas de sus propuestas programáticas que en el futuro se pondrán en ejecución y que apuntan a aspectos medulares de la enseñanza moral de la Iglesia sobre la persona humana. Entre los temas ocupa un lugar esencial, como lo hemos señalado los Obispos, está el pleno respeto a la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte, lo que implica que cualquier tipo de aborto es contrario a la dignidad de la persona humana, aun el mal llamado terapéutico, que actualmente está presentado como proyecto de ley en nuestro parlamento. Asimismo, la regulación de las llamadas uniones civiles – en imitación al matrimonio – de personas del mismo o distinto sexo, como explícitamente se señala en el programa de gobierno de la coalición electa al señalar que se propondrá «legislar para entregar estabilidad jurídica básica a las parejas de hecho, independientemente de su composición, y regular la adquisición de bienes comunes, derechos hereditarios, cargas y beneficios de seguros, entre otras materias civiles», es otro tema muy decisivo a la hora de cautelar el bien del matrimonio, que es la columna vertebral de una sociedad verdaderamente respetuosa de la dignidad humana. «La eventual equiparación legislativa entre la familia y las «uniones de hecho» se traduciría en un descrédito del modelo de familia», porque resulta incongruente atribuir un sentido de conyugalidad a uniones de personas del mismo sexo (Cfr. Compendio de Doctrina social de la Iglesia, n. 228) Establecer – como se propone – que todas las políticas de no discriminación – de por si necesarias y justas – tienen como base fundamental una visión de las persona fundada en el género, es decir, en que cada cual puede elegir ser heterosexual, homosexual, bisexual o lesbiana y equiparar dicha decisión dándole el mismo tratamiento jurídico y social es contrario a la antropología y a la verdad sobre el hombre y la mujer, sin perjuicio del respeto irrestricto que siempre se debe a toda persona humana.

Es evidente que los desafíos que se presentan al nuevo gobierno son muchos y corresponde a los laicos conocedores de sus propias dinámicas darles a cada uno de ellos las mejores soluciones, sin perder de vista que los pobres y desvalidos de nuestra sociedad son los primeros llamados a ser los grandes beneficiados con las políticas sociales que han sido siempre objeto de muchas promesas a la hora de las campañas electorales. También ellos, como nos consta por el trabajo pastoral en los sectores más necesitados del país, son objeto de políticas abusivas, como las que se llevan a efecto en materia de educación de la afectividad, de limitaciones a la natalidad, de esterilizaciones y tantas otras en que la Iglesia se presenta como defensora de quienes no tienen voz para hacerse oír. Por último, es muy importante comprobar que un grupo de hombres y mujeres que se manifiestan comprometidos con los valores morales cristianos y católicos, estén presentes y sean la base sustentable de los proyectos gubernativos. A ellos les corresponderá la tarea de hacer realidad esos valores y tener la fortaleza necesaria para defenderlos en los momentos críticos.

+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo

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ZENIT Staff

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