MADRID, 20 feb 2001 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal ha difundido un comunicado en el que responde a los reproches de exponentes del gobierno de ese país y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por no haber adherido al pacto de las fuerzas políticas contra el terrorismo de ETA.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española califica en una nota titulada «La Iglesia ante el pacto antiterrorista» de «desproporcionadas» e «injustas» las acusaciones de que han sido objeto los obispos en los últimos días.
Todo surgió cuando el Partido Popular (PP) y el PSOE alcanzaron el 8 de diciembre de 2000 un Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, que ha sido firmado además por otros partidos y organizaciones sociales, además de sindicatos y la patronal. Los dos partidos políticos más importantes de España esperaban que la Iglesia se uniera oficialmente al pacto.
La Iglesia, sin embargo, no había sido ni siquiera invitada al menos oficialmente a firmar el pacto. Además, dado que se trata de un acuerdo surgido del pacto entre dos partidos, los obispos consideraron que la misión de la Iglesia no puede confundirse con la estrategia política, por más justa que ésta sea.
Ante la negativa, tanto el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, acusaron en días pasados a la Iglesia de insensibilidad con las víctimas del terrorismo por no sumarse al compromiso de las dos fuerzas políticas.
Asimismo, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentó aunque con tonos más moderados la ausencia de la firma de la Iglesia en el pacto.
El comunicado de seis puntos emitido hoy por la Conferencia Episcopal Española rechaza «las acusaciones absolutamente injustas y desproporcionadas vertidas estos días» y aclara que es importante distinguir entre la misión de la Iglesia y la de las fuerzas políticas. Al mismo tiempo subraya su condena al terrorismo.
«Este hecho ha sido interpretado en el sentido de que la Iglesia no está claramente en contra del terrorismo y se ha insinuado también que su posición, supuestamente ambigua o tibia en este punto, debilita la lucha del Estado y de la sociedad contra el problema más grave de nuestra convivencia en paz y libertad», denuncia el comunicado episcopal.
Los obispos consideran que «ninguna persona informada puede argumentar con buena fe que la jerarquía de la Iglesia no haya condenado con todo rigor, claridad y unanimidad el terrorismo en numerosísimas ocasiones».
El comunicado recuerda las palabras del cardenal Antonio María Rouco, presidente e la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, quien en la última Asamblea Plenaria de la institución, el pasado mes de noviembre, afirmó que el terrorismo es el problema más grave y «no admite cobertura ideológica alguna».
En una alocución ante los micrófonos de la cadena de radios COPE, el pasado 18 de febrero, el mismo cardenal puntualizó cuál es la misión de la Iglesia en relación con la comunidad política, recordando los principios del Concilio Vaticano II. «La Iglesia, que en razón de su función y de su competencia no se confunde de ningún modo con la comunidad política y no está ligada a ningún sistema político, es al mismo tiempo signo de salvaguardia de la trascendencia de la persona humana… La Iglesia, fundada en el amor del Redentor, contribuye a que estén más ampliamente vigentes, en el seno de una nación y entre las naciones, la justicia y la caridad».
Ante las declaraciones del cardenal Rouco, el vicepresidente primero del Gobierno, Rajoy, ha zanjado hoy la polémica. Además, Rajoy ha lamentado el «lío» que se ha producido al respecto.
Por su interés, publicamos a continuación la declaración del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española publicada hoy.
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La Iglesia ante el «pacto antiterrorista»
Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española
La Conferencia Episcopal Española no se ha adherido formalmente al «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo» pactado por el Partido Popular y el Partido Socialista y firmado el 8 de diciembre de 2000. Este hecho ha sido interpretado en los últimos días en el sentido de que la Iglesia no está claramente en contra del terrorismo. Se ha insinuado también que su posición, supuestamente ambigua o tibia en este punto, debilita la lucha del Estado y de la sociedad contra el problema más grave de nuestra convivencia en paz y libertad.
Ante estas gravísimas imputaciones, queremos manifestar lo siguiente:
1. Ninguna persona informada puede argumentar con buena fe que la Jerarquía de la Iglesia no haya condenado con todo rigor, claridad y unanimidad el terrorismo en numerosísimas ocasiones. Así se hizo desde los primeros asesinatos de ETA, antes incluso de la promulgación de la Constitución en 1978, y así se ha venido haciendo cada vez que el terror de ETA atenta sistemática y criminalmente contra la vida y la libertad de los españoles.
En solemnes actos institucionales, la Conferencia Episcopal ha dejado oír su voz de modo inequívoco. Recordamos a modo de ejemplo la última intervención de su Presidente:
«El fenómeno del terrorismo es, sin duda alguna, nuestro más grave problema; atenta vilmente contra el más sagrado e inviolable de los derechos de la persona humana: el derecho a la vida; contra la verdad y la libertad de las personas y de los grupos y, por tanto, contra los fundamentos de la convivencia social. El terrorismo es la mayor de las negaciones de la justicia y de la caridad: una gravísima inmoralidad. No admite cobertura ideológica alguna» (Discurso de Apertura de la LXXV Asamblea Plenaria. Noviembre de 2000).
2. Nadie nos ha pedido formalmente que suscribamos el Acuerdo mencionado. Con buen criterio, no se nos ha puesto en la coyuntura de tener que responder. Pero ante insinuaciones o peticiones indirectas de diversa procedencia, los obispos deliberamos en su momento sobre esta eventualidad, llegando a la conclusión de que la Iglesia no debe tomar parte activa en las legítimas iniciativas que competen a los actores de la vida política, como son, en este caso, los partidos.
3. Es misión ineludible de la Iglesia la predicación del Evangelio y de las exigencias morales que de él se derivan, que van mucho más allá en sus contenidos que las que se recogen en dicho Acuerdo. Esta predicación se realiza de muchos modos, entre ellos, las declaraciones y exhortaciones públicas como aquéllas a las que nos hemos referido. Pero también la oración pública y litúrgica, la educación de las personas y, en particular, la formación de las conciencias, son modos de expresión de la obra evangelizadora de la Iglesia.
La evangelización tiene, sin duda ninguna, implicaciones y consecuencias políticas, pero no es una actividad política. La Iglesia anunciará siempre el Evangelio, aunque ello le acarree incomprensiones e incluso ataques. Pero la política en sentido estricto no es competencia de la Iglesia en cuanto tal. De acuerdo con el Concilio Vaticano II, es necesario distinguir con nitidez «entre aquello que los fieles cristianos hacen, individual o colectivamente, en su nombre en cuanto ciudadanos, guiados por la conciencia cristiana, y lo que hacen en nombre de la Iglesia juntamente con sus Pastores» («Gaudium et spes» 76).
4. El hecho de no prestar su adhesión formal a un acuerdo legítimo, que puede favorecer la cooperación entre los actores de la vida política, no significa que la Conferencia Episcopal sea neutral o se despreocupe del gravísimo problema del terrorismo. Muy por el contrario, pensamos que manteniéndonos en el ámbito de nuestra misión es como mejor podemos contribuir a la erradicación del terrorismo y de sus causas. La Iglesia, actuando como tal, salvag
uarda la dignidad de la persona humana y contribuye a la justa convivencia social, ofreciendo una aportación insustituible y peculiar.
Por eso, reclamamos la libertad y el respeto necesarios para que la Iglesia se exprese con los gestos y palabras que le son propios. Así cumple mejor su misión específica.
5. Reconocemos que, ante la dramática realidad del terrorismo y ante la amenaza inmediata que sufren muchos ciudadanos, y aun toda la sociedad, no es fácil explicar y comprender la distinción entre la misión de la Iglesia y la actividad política. Sin embargo, esto no justifica las acusaciones absolutamente injustas y desproporcionadas vertidas en estos días contra la Conferencia Episcopal y contra la Iglesia. Quienes programan y divulgan tales versiones de los hechos deberían saber que por ese camino no se contribuye a desenmascarar las raíces morales e ideológicas del horrible pecado del terrorismo. Por el contrario, se debilita de modo absurdo la resistencia espiritual y social contra el mismo. El escándalo injustificado tiene su precio.
6. Una vez más, invitamos a las comunidades cristianas a la acogida y al servicio fraterno de todas las víctimas del terrorismo, a las que debemos todo nuestro afecto y toda la ayuda que nos demanda la caridad de Cristo. Les invitamos también a la plegaria pública y privada por la paz y el final del terrorismo. Porque creemos firmemente en el poder de la oración, encomendamos a Jesucristo, Señor de la Historia, que escruta las verdaderas intenciones de los corazones, la conversión de los terroristas y la paz y libertad de nuestro pueblo.
Madrid, 20 de febrero de 2001
