Iglesia y Estado: el plan que Bush ofrece a las entidades confesionales

Una de las primeras medidas de George W. Bush, en cuanto tomó posesión de
la Presidencia, fue anunciar que rebajaría las restricciones a la
implicación de las iglesias en el área del bienestar social.

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Según «Associated Press» (30 enero), el plan permitirá a las organizaciones
religiosas competir por las ayudas del Estado. La propuesta también prevé
más deducciones de impuestos encaminadas a impulsar las donaciones basadas
en la caridad. Hasta ahora, la participación de las iglesias se limitaba al
desarrollo de programas contra la pobreza, la toxicomanía y en favor del
desarrollo comunitario. Bajo la propuesta, que aún tiene que ser debatida
en el Congreso, todos los programas federales de subvención estarían
abiertos a las peticiones de los grupos religiosos.

Bush admitió que «el Gobierno nunca será reemplazado por las entidades<br> humanitarias confesionales y grupos comunitarios». Sin embargo, el
Presidente añadió que «viendo las necesidades sociales de Estados Unidos,
mi administración mirará primero a los programas confesionales y grupos
comunitarios que han demostrado su eficacia a la hora de salvar y cambiar
vidas».

El Presidente firmó también decretos de creación de la Oficina de la Casa
Blanca para las Iniciativas Confesionales y Comunitarias, así como de las
oficinas co-patrocinadoras del proyecto en cinco ministerios de su
Gabinete. Nombró a John J. DiIulio Jr, profesor de ciencias políticas de la
Universidad de Pensilvania, católico y miembro del Partido Demócrata, para
presidir la nueva oficina de la Casa Blanca.

Según el New York Times (29 enero), DiIulio hasta ahora era miembro del
Manhattan Institute y del Brookings Institute. Ha realizado un amplio
trabajo junto a pastores negros de áreas urbanas. Como profesor en las
universidades de Princeton y de Pensilvania, era conocido por su trabajo en
temas de justicia criminal.

Otra figura central en esta iniciativa presidencial es Stephen Goldsmith,
el ex alcalde de Indianápolis que fue consejero jefe de Política Interior
en la campaña presidencial de Bush. Goldsmith, judío, será presidente de
una nueva junta nacional de consejeros que trabajarán junto a la nueva
oficina federal. Al mismo tiempo, será asesor oficial del Presidente en
este tema.

Goldsmith, ex fiscal, fue alcalde durante dos mandatos en Indianápolis, con
un interés especial por revitalizar los barrios degradados del centro de la
ciudad. Al final de su segundo mandato, inició el «Front Porch Alliance»,
un grupo que actúa como enlace entre congregaciones religiosas, en su
mayoría iglesias afroamericanas, y el Gobierno.

El nuevo presidente, al mismo tiempo que impulsaba las iniciativas
confesionales, ha abierto la participación y el diálogo con varias
comunidades religiosas. El 31 de enero, a los diez días del comienzo de su
mandato, Bush, se reunió junto a Goldsmith, Dilulio, y otros funcionarios,
con representantes católicos de todo el país.

Frank Hanna, de «Solidarity Schools», que asistió a la reunión, destacó la
cordialidad con la que el presidente Bush saludó y habló con los diversos
representantes de las Iglesias de Estados Unidos. «Bush parecía
auténticamente interesado en promover la cultura de la vida, ciertamente en
lo que respecta al aborto, pero también en sus implicaciones más amplias.
No creo que sea accidental que use la frase «cultura de la vida» con
frecuencia creciente. Obviamente, es un político que debe cumplir sus
objetivos en un medio ambiente político, y así está todavía por ver qué
tipo de políticas tomarán forma. De todos modos, las primeras iniciativas y
el lenguaje que ha usado respecto al papel de la fe en nuestra sociedad, y
la necesidad de la religión en nuestras vidas, son signos esperanzadores».

Debate sobre las propuestas

La idea de implicar a la iglesias en los programas gubernamentales en mayor
grado, provocó inmediatamente un debate sobre el tema de las relaciones
Iglesia-Estado.

Incluso antes de que los detalles del plan fueran anunciados, hubo
críticas, como informaba el «New York Times» (26 enero), por parte de Barry
W. Lynn, director ejecutivo de «Americans United for Separation of Church
and State». «George Bush no comprende la naturaleza ni de la Iglesia ni de
la Constitución», dijo Lynn.

Aunque el «Washington Post» (31 enero) observaba que el plan de Bush
incluye la condición de que haya siempre una alternativa no confesional en
las cercanías de un programa confesional subvencionado, los críticos no se
dieron por satisfechos.

Un editorial del «New York Times» (30 enero) se lanzó contra la iniciativa
afirmando que «la propuesta de canalizar fondos federales hacia los grupos
confesionales, para responder a necesidades especiales, es potencialmente
una erosión peligrosa de los límites entre la iglesia y el estado,
constitucionalmente protegidos». También advertía que usar fondos públicos,
para ayudar a la religión a mejorar las vidas, «podría acabar pisoteando
los derechos de todos los norteamericanos y afectando incluso a los grupos
que pretende ayudar»

Un comentario en el «Washington Post» (30 enero), de E.J. Dionne, era más
favorable. Dionne admitía «que el Gobierno solo no puede esperar resolver
cada problema social» y que, de todos modos, la ayuda a grupos privados e
iglesia es necesaria. El artículo también subrayaba que las organizaciones
religiosas son parte de una red de asociaciones de voluntarios y que, como
tal, merece el apoyo del Gobierno.

En el «Wall Street Journal» (30 enero), Goldsmith defendía las subvenciones
a grupos religiosos, indicando que los dólares del Gobierno no deben
sustentar la religión o la evangelización, dado que la «separación entre
Iglesia y Estado exige que el dinero público no apoye nunca el
proselitismo». Sin embargo, esta división no debería impedir al Gobierno
apoyar aquello que se dirige a objetivos no religiosos, dijo Goldsmith.

En el «New York Times» (31 enero), David Cole, profesor de Derecho de la
Universidad de Georgetown, quien se declara «un liberal de carnet», expresó
la esperanza de que los programas confesionales para delincuentes puedan
ser una alternativa al simple almacenamiento en la cárcel de un número
siempre creciente de infractores.

Dado que la redención desempeña un papel central en muchos programas
confesionales, la iniciativa ofrece la esperanza de que se pueda restaurar
la rehabilitación como una respuesta política aceptable al delito, indicó
Cole. Afirmó también que hay razones para creer que las respuestas al
delito basadas en la fe pueden ser efectivas, especialmente en el tema de
la dependencia de drogas y alcohol, que está en la raíz de muchas conductas
delictivas.

Las Iglesias y las leyes federales

En círculos conservadores -que temen que las iglesias se contaminen al
someterse a la burocracia federal-, ha surgido alguna reticencia al
respecto. En el número del 19 de febrero de «National Review», Kate
O´Beirne subrayaba que la experiencia en Texas muestra cómo el Gobierno
intentará estrangular los programas confesionales con regulaciones.

También indicaba que no será fácil encontrar programas de bienestar social
de iniciativa espiritual, dado que mientras el Gobierno gasta unos 400.000
millones de dólares en programas contra la pobreza, el sector privado
aporta unos 20.000 millones de ayuda a los necesitados.

George Will («Washington Post», 4 de febrero) argüía que las organizaciones
humanitarias católicas, que ya reciben del Gobierno el 65% de su
presupuesto de 2.300 millones de dólares, han sido las víctimas de una
secularización y politización arribistas. Daba el ejemplo de un sacerdote,
que a propósito de una solicitud presentada a una organización, fue
rechazado porque en
hipotéticas situaciones de asesoramiento, aconsejaría
contra el aborto y tampoco podría apoyar las uniones homosexuales.
Supuestamente, el supervisor del sacerdote que lo rechazó, habría dicho:
«Tenemos fondos gubernamentales, por lo tanto no somos católicos».

Evitar los riesgos que subyacen en mayor grado en la implicación de las
iglesias en programas gubernamentales no será fácil, pero la pérdida de
valores morales en la vida moderna ya ha tenido consecuencias sociales
catastróficas. Como decía Aristóteles, en La Política, «cualquier ciudad
que merezca su nombre,…, debe dedicarse al objetivo de impulsar la
bondad… Si no, también la ley se convierte en una mera alianza, o la
garante de justas reclamaciones, pero adolece de la capacidad de hacer
ciudadanos buenos y justos».
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Contenido provisto por SEMANA INTERNACIONAL
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ZENIT Staff

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