SAN JOSÉ DE COSTA RICA, jueves 24 noviembre 2011 (ZENIT.org).- Ante el proyecto de ley de “Sociedades de Convivencia” que se propone reconocer estatus jurídico y social a las uniones entre personas del mismo sexo, los obispos de Costa Rica han hecho público este 21 de noviembre un mensaje.
En los últimos días, la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha venido tramitando, bajo expediente legislativo nº 17668, el proyecto: “Ley de Sociedades de Convivencia”, con el que un grupo de diputados se propone crear una figura jurídica que otorga derechos matrimoniales, tanto personales como patrimoniales, a este tipo de convivencia.
Esta intención, afirman los obispos de Costa Rica, en su mensaje, “se evidencia, al promoverse en los contenidos del proyecto, el reconocimiento y protección de dicha ‘sociedad de convivencia’ por parte del Estado, en la inscripción en el Registro Civil, en el impedimento de matrimonio para una persona que realizara este tipo de sociedad de convivencia, en la publicidad del ligamen y en la disolución del vínculo, y los efectos patrimoniales de esa disolución, por un juez de la República, entre otros”.
Los obispos presentan algunas consideraciones orientadas a la protección de la dignidad del matrimonio, base esencial de la familia y “valor importantísimo”, que “tiene que ser defendido de toda amenaza que ponga en peligro su solidez”.
“El matrimonio, ha sido fundado por Dios, quien lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades”, afirman los pastores.
“Esta convicción nos lleva a oponernos, otra vez, a un proyecto que pretende equiparar estas sociedades de convivencia con el matrimonio heterosexual”, subrayan.
Al poner la unión entre personas del mismo sexo en igualdad de condiciones jurídicas al matrimonio o la familia, señalan, “el Estado entra en contradicción con sus propios deberes pues, la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y del Estado, debe recibir la máxima protección posible de estos, especialmente, en el momento de su constitución y durante todo el proceso del cuidado y educación de los hijos”.
“El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial [es decir entre un hombre y una mujer] como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.”
Ciertamente, la Iglesia católica considera que la persona humana, creada a imagen de Dios, es digna de todo respeto, y rechaza toda discriminación contraria a su dignidad.
En este sentido, “los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y evitar, respecto a ellos, toda real discriminación”.
No obstante, la Iglesia distingue “entre el respeto a toda persona, independientemente de su orientación sexual, y el rechazo de las prácticas homosexuales, como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser humano”.
Ante la opinión pública, denuncian, el proyecto “Ley de Sociedades de Convivencia” “es presentado, básicamente, como un reconocimiento de derechos patrimoniales”.
De igual forma, constatan que, a favor de este tipo de iniciativas, comúnmente “se invocan argumentos como el principio de respeto y la no discriminación de las personas; incluso, muchos objetan cómo puede contrariar al bien común una ley que no impone ningún comportamiento en particular, sino que se limita a hacer legal una realidad de hecho que no implica, aparentemente, una injusticia hacia nadie”.
En este sentido, indican, “es necesario reflexionar ante todo sobre la diferencia entre comportamiento homosexual como fenómeno privado y el mismo como comportamiento público, legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones protegidas y promovidas por el ordenamiento jurídico”.
“Es falso el argumento –dicen los obispos–, según el cual, la legalización de las uniones entre personas homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos”.
En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Por el contrario, “constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de
la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social”.
“El bien común y nuestra constitución política exigen que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan el matrimonio como base de la familia, célula primaria de la sociedad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de la persona humana y de toda la sociedad”, aseguran los obispos.
Y concluyen que, en consecuencia, es “una obligación básica del Estado, vinculante para el poder ejecutivo, legislativo y judicial, la protección jurídica de la naturaleza intrínseca de la institución matrimonial y familiar, esto es, la promoción de los valores propios del auténtico matrimonio y de la fecundidad de nuevas vidas, necesitadas de una sana educación y de un contexto legislativo basado en la constitución política de Costa Rica y del respeto del derecho natural”.
