LEÓN, miércoles 17 de febrero de 2010 (ZENIT.org – El Observador).- Ante la reforma al artículo 40 de la Constitución mexicana, mediante el cual la República mexicana se convierte, además de representativa, democratica y federal en República laica, el arzobispo de León, monseñor José Guadalupe Martín Rábago, subrayó que esta reforma, más que un progreso es un retroceso a las leyes de Reforma que impusieron restricciones a la Iglesia católica a la mitad del Siglo XIX.
«No queramos regresar a la vieja concepción decimonónica que veía a la Iglesia y al Estado separados, sin relación ni cooperación entre sí, que buscaba más bien encajonar a la iglesia a funciones meramente espirituales con muy limitadas proyecciones sociales y descarnadas totalmente de las actividades temporales», aseveró monseñor Martín Rábago, uno de los especialistas en derecho canónico más reconocidos del episcopado mexicano.
Es necesario, agregó el arzobispo de León, «caminar hacia una modernidad más democrática, más disponible a establecer relaciones entre el Estado y las iglesias en un clima de mutuo respeto y colaboración, como en los casos de Brasil o de Rusia».
«Hay que entender, aseguró monseñor Martín Rábago, Rusia acaba de establecer el derecho de los padres de familia a que puedan escoger la educación religiosa que quieran para sus hijos, Brasil acaba de establecer relaciones con la Santa Sede con una constitución en el aspecto religioso moderno, con un sentido de verdadera apertura que bien podría servirnos de inspiración para poder llevar adelante las reformas que México necesita».
El prelado mexicano reclamó respeto a los derechos de credo, igualdad y libertad de expresión para todos los mexicanos, sin importar el culto o la religión que profesen.
«Necesitamos reformas constitucionales, pero que vayan en la dirección de afianzar el carácter democrático de un verdadero Estado de Derecho, lo cual supone que se promueven condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida en el más amplio ámbito de las libertades; lo cual supone que el Estado garantice a las creyentes, de cualquier religión, así como a los no creyentes, su plena igualdad ante la Ley, sin ningún género de privilegios, ni discriminaciones».
El arzobispo de León (Estado mexicano de Guanajuato) manifestó que no puede haber la existencia de diversas categorías de ciudadanos. «Éste es un principio rector que debe iluminar también la manera de legislar sobre la situación jurídica de los ministros de culto de cualquier religión, no sólo de la Iglesia Católica, iguales ante la ley, sin privilegios, pero sin limitaciones indebidas en el ejercicio de los derechos que les corresponden como ciudadanos de un país democrático».
La laicidad del Estado asegura la convivencia pacífica entre individuos de distintas creencias, porque armoniza y garantiza libertades que no pueden separarse, como son las de expresión y credo.
«Hay algunos que de alguna manera extraña en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, dicen que los ministros de culto callen, que no hablen, que no digan nada», señaló.
Si hablamos de libertad, debe ser una libertad de expresión para todos, sólo con la salvaguarda de no tomar posiciones partidistas, pero no es correcto querer callar a alguien por sólo ser ministro de culto, no sería conforme a una decisión auténticamente democrática.
Apuntó finalmente monseñor Martín Rábago que «un Estado laico no profesa ninguna religión y a ninguna privilegia, pero no puede ignorar el hecho social de la religión, es decir, no es un estado más religioso o antirreligioso».
