NUEVA YORK, 11 de noviembre de 2005 (ZENIT.org).-La Santa Sede ha alzado su voz en defensa de los derechos humanos de los refugiados y desplazados, recordando que este deber exige la adecuada financiación por parte de la comunidad internacional.
El análisis y las respuestas a este fenómeno humanitario, fueron afrontados por el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas, el arzobispo Celestino Migliore, el 9 de noviembre en Nueva York, al intervenir ante la comisión de la asamblea general que analizaba la situación de los refugiados.
Si bien el número de éstos ha descendido en los últimos años, reconoció el prelado, las personas a las que asiste el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es decir, desplazados o en búsqueda de asilo, han aumentado en unos 19 millones.
En particular, el representante vaticano recordó que «cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus poblaciones del genocidio, de los crímenes de guerra, de la limpieza étnica y de los crímenes contra la humanidad».
«La protección, ante todo, exige salvaguardar la seguridad física de las personas y el pleno ejercicio de sus derechos», indicó el prelado.
«En segundo lugar, implica crear un ambiente sano, especialmente para las mujeres, niños, ancianos y discapacitados», siguió constatando.
«En tercer lugar –reconoció–, protección significa asegurar una alimentación adecuada, perenne problema de la situación de los refugiados».
«El desafío de la alimentación implica también el deber de los estados de garantizar a los refugiados la necesaria libertad de movimiento y residencia y el derecho a ganarse el pan».
Ahora bien, dijo al concluir, estos deberes, para que no se conviertan en utópicos, exigen que estén acompañados por una financiación adecuada.