Denuncia las dramáticas consecuencias de la operación «Murambatsvina» («Restaurar el Orden») emprendida por Mugabe la agencia misionera de la Santa Sede difundiendo una síntesis del informe que la Comisión Justicia y Paz de los Jesuitas de Zimbabwe entregó el lunes a la representante de la ONU en visita al país, Anna Tibaijuka.
Enviada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, recorre hasta el próximo viernes el país africano para investigar los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante la operación «Murambatsvina» emprendida el pasado 19 de mayo con el pretexto de librar a las ciudades del mercado ilegal y de los abusos urbanísticos (Zenit, 23 junio 2005).
El informe –que también ha sido enviado al embajador Bahame Tom Nyanduga, de la Comisión para los Derechos Humanos de la Unión Africana- alerta de que «centenares de miles de personas han sido privadas de un techo. Los niños desalojados no pueden recibir educación. La vida y la seguridad de los desalojados están en peligro». Más de 20 mil personas fueron además arrestadas en la ejecución de las órdenes del gobierno.
«La población tienen derecho al trabajo; pero le ha sido arrebatado. Verse obligados a una inactividad forzada y a la indigencia es degradante, humillante y deshumanizador», dice el texto.
Subraya además el grave compromiso para la economía del país dado que la operación de la policía ha destruido la economía informal constituida por los vendedores ambulantes.
«Una parte consistente de las casas urbanas ha sido destruida en un país que sufre ya de una grave carencia de alojamientos -denuncia-. La economía formal también ha sido destruida por la corrupción, por los gastos gubernamentales fuera de control y por el fracaso de la reforma agraria».
Los más afectados por la operación «Murambatsvina» son las personas más vulnerables: «mujeres embarazadas, madres con niños pequeños, personas enfermas» y «ancianos se encuentran entre» los que «se ven obligados a dormir a la intemperie con las duras temperaturas del invierno austral», constatan los autores del informe.
Todo ello -añaden- ha destrozado «un tejido social bien constituido. Las familias han sido desmembradas». Los que han perdido la casa se ven obligados a dirigirse al campo, «pero no todos tienen vínculos familiares en las zonas rurales»; «muchos son extranjeros o hijos de extranjeros (de Malawi, Mozambique, etc.). Las personas que han nacido en la ciudad han perdido los contactos» con la zona «rural de sus padres».
Alertan de que la operación agravará en consecuencia la dramática situación del campo, donde la gente se muere ya de hambre.
En cuanto al motivo de esta acción, apunta el informe que «la opinión común es que el partido en el poder se está vengando de los electores urbanos por haber votado a la oposición en los últimos años».
Pero la causa última de esta operación es «la actual Constitución, que concede al presidente poderes ilimitados e incontrolables -reconocen-. No existe separación de poderes porque el Ejecutivo domina la Magistratura y los Tribunales están subordinados al gobierno, de forma que quienes han sufrido graves injusticias no pueden dirigirse a tribunales verdaderamente independientes».
