MADRID, 24 julio 2003 (ZENIT.org-VERITAS).- Diversos sectores sociales y políticos han comenzado a movilizarse en España para frenar el impacto de la «telebasura», que invade las cotas de programación tanto de la televisión privada como de la pública.
Una de las medidas para lograrlo, secundada por varias entidades sociales y educativas, consiste en la petición de un Consejo Audiovisual que a nivel nacional actúe como un órgano verificador de la calidad de los contenidos, especialmente los dirigidos a niños y jóvenes.
Cataluña, Navarra y Andorra cuentan ya con Consejos Audiovisuales que establecen criterios sobre los programas de televisión que las cadenas deben aplicar. Este jueves, la Universidad de Navarra anunciaba la firma de un Acuerdo con el Consejo Audiovisual de Navarra para mejorar la calidad de la radio y la televisión en la región.
También en el ámbito europeo existen experiencias similares que funcionan con éxito, pero en España no hay ningún organismo encargado de vigilar que la calidad de la programación no atente contra la dignidad de las personas.
El Semanario «Alfa y Omega» de la archidiócesis de Madrid, se hace eco este jueves de esta inquietud y dedica varias de sus páginas a analizar el fenómeno de la «telezafia» y la «prensa del corazón».
También el suplemento «Fe y Razón» recogía el miércoles declaraciones de Josep Miró i Ardévol, presidente de la plataforma ciudadana «e-Cristians», en la que sugería la creación de un órgano que regule, a nivel estatal, la programación televisiva.
Miró i Ardevol dice que «el Consejo Audiovisual de Cataluña establece criterios sobre cómo tratar a la infancia, a las víctimas de accidentes, el hecho religioso y los espacios de entretenimiento», pero que a nivel nacional no hay ningún sitio al que el ciudadano pueda dirigirse «si tiene alguna queja sobre un programa de televisión».
En este sentido, Manuel María Bru, delegado de Medios de Comunicación del arzobispado de Madrid, declaraba a «Fe y Razón» que era necesario crear un Consejo Audiovisual, aunque hacía también un llamamiento a las comunidades eclesiales que deben «educar el espíritu crítico» y a las asociaciones de telespectadores, cuya fuerza de grupo podría conseguir mejores resultados que las respuestas individuales.
Bru confía también en las alternativas de la «televisión blanca», como opción a la telebasura y propone como modelo a Popular Televisión, una televisión generalista dirigida a toda la familia.
José María Gil Tamayo, secretario de la Comisión de Medios de comunicación de la Conferencia Episcopal, sostenía en «Fe y Razón» que «es necesario salir de la concepción mercantilista de la televisión, y tender hacia una concepción social», y coincide con Josep Miró i Ardévol y Manuel Bru en la oportunidad de crear un Consejo Audiovisual.
El director de Programación Socio-religiosa de la Cadena COPE, José Luis Restán, ha dicho a la Agencia Veritas que es partidario de la creación de un Consejo Audiovisual «aunque no va a resolver los problemas sociales que son más de fondo».
«La televisión basura tiene un seguimiento social mucho mayor de lo que muchos se atreven a reconocer, y eso no se soluciona con leyes ni con consejos audiovisuales», dice.
En todo caso, Restán cree que sería oportuno que el Consejo fuera «independiente de la política» y que funcionara de forma similar al Defensor del menor, aunque el hipotético Consejo debería estar integrado por «representantes de grandes grupos sociales (como la Universidad o las iglesias) y profesionales».
Ante las reticencias de algunos que ven en la creación de este Consejo un «órgano de censura», sus defensores argumentan que se trata de hacer cumplir la Constitución Española que pide que el derecho a la libertad de expresión no se ejerza a costa de la violación de otros derechos que tiene la persona en razón de su dignidad.
Entre 1993 y 1995, precisamente cuando hacían eclosión los «reality-show» y otras especies de programas de similar calidad, comenzó a trabajar en el Senado la Comisión Especial de Contenidos Televisivos, que se constituyó a instancias del Partido Popular.
Como consecuencia de su investigación, la Comisión elaboró un Informe en el que ya se solicitaba la creación de un Consejo Audiovisual, iniciativa que hasta el momento no ha prosperado.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología retiró el proyecto de Ley de Audiovisuales, que contemplaba la creación de un Consejo Audiovisual dependiente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), aunque en ese caso los cometidos del Consejo tenían que ver más con la regulación económica que de contenidos.
Lo cierto es que, como ha confirmado a la Agencia Veritas Isaac García, de la Dirección de Comunicación de la CMT, «la Ley de Audiovisuales no prosperó y la actual Ley General de Telecomunicaciones que se está tramitando en el Senado tampoco contempla la creación de ningún Consejo».
Sin embargo la presión social no hace más que crecer en relación con la creación de un Consejo Audiovisual, aunque esta petición, a diferencia del intento de la CMT, se encamina más al cuidado de los contenidos y la calidad de la programación televisiva.
Ayer mismo, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica hacía al Gobierno y a las fuerzas políticas un llamamiento para que se cree un Consejo Audiovisual «independiente y profesional» que vele por los contenidos televisivos.
Múgica habló de esta iniciativa al hacer público un manifiesto «por una televisión de calidad para nuestros niños y adolescentes», que ha sido suscrito por 17 organizaciones (entre las que figuran la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes y la Asociación de Usuarios de la Comunicación).
Estas organizaciones se han constituido en un grupo de trabajo que, según Múgica tienen la intención de «parar la cadena de improperios, mal gusto y violencia que perturba a niños y adolescentes, que están atentos al televisor y no tienen programación específica».
