MADRID, 29 julio 2003 (ZENIT.org-VERITAS).- El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha propuesto la descongelación de los embriones humanos sobrantes en las clínicas de fecundación artificial en lugar de provocar su eliminación como material de investigación.
La Nota se publica en respuesta a la reforma de la vigente ley Sobre Técnicas de Reproducción Asistida, comunicada por el Consejo de Ministros el 25 de julio, que permite, según la interpretación de la ministra de sanidad Ana Pastor, la experimentación con embriones crioconservados de más de cinco años con el consentimiento de sus padres.
En el país, según cifras oficiales, hay unos 35.000 embriones «sobrantes» de las clínicas de fecundación asistida, aunque otras fuentes elevan la cifra a más de 200.000.
La nota es contundente cuando afirma que «posibles investigaciones realizadas sobre embriones humanos que les produjeran daño o les causaran la muerte» constituirían una «ilicitud moral».
El punto 6 de la Nota, hecha pública en la página web (http://www.conferenciaepiscopal.es), aclara asimismo que «mantener congelados embriones humanos es una situación abusiva contra esas vidas que puede ser comparada al ensañamiento terapéutico».
Por este motivo, el Comité episcopal propone descongelar los embriones para poner «fin a tal abuso» y permitir «que la naturaleza siga su curso, es decir, que se produzca la muerte».
«Dejar morir en paz no es lo mismo que matar», afirma la Nota en referencia a las investigaciones científicas que implican la supresión consciente de los embriones.
«La suspensión de la congelación no debe hacerse de modo que se convierta en causa directa de la muerte de los embriones, ni puede ir acompañada de ninguna otra acción causante de la muerte», explica el documento.
En todo caso, se considera éste el «mal menor», pues «lo bueno sería que no se hubiera dado nunca la acumulación de embriones congelados y que no hubiera que decidir ahora sobre su descongelación y sobre su destino».
A los embriones «descongelados en las circunstancias mencionadas», se los podría considerar «donantes». Las células de estos embriones, según la nota, «podrían ser empleadas para la investigación en el marco de un estricto control, semejante al que se establece para la utilización de órganos o tejidos procedentes de personas fallecidas que los han donado con este fin».
La Conferencia Episcopal insiste en que el embrión humano «merece el respeto debido a la persona humana».
«No es una cosa ni un mero agregado de células vivas, sino el primer estadio de la existencia de un ser humano», aclara. Por eso, «no es lícito quitarles la vida ni hacer nada con ellos que no sea en su propio beneficio».
La Nota del Comité Ejecutivo de la CEE califica de «ficción lingüística» el apelativo de «preembriones», con el que se pretende «sugerir que en los catorce días posteriores a la fecundación no existiría todavía más que una realidad prehumana que no merecería el respeto debido a los seres humanos».
Según la nota del Comité Ejecutivo de la CEE, titulada «Una reforma para mejor, pero muy insuficiente», la ley reformada «seguirá siendo injusta, porque continuará haciendo legalmente posible la producción de seres humanos» y muchos otros males, aunque limitará «los daños que se están causando al amparo de la vigente ley».
El fondo de desorden moral que la Ley de 1988 puso en marcha y que denuncian los obispos es que «a su amparo se viola el derecho de los hijos a ser engendrados en el acto fecundo de donación interpersonal de los padres y se les trata como si fueran objetos de producción, lesionando así su dignidad de personas».
Como consecuencia de este permisivismo «se producen miles de embriones llamados «sobrantes» que son congelados y condenados a un destino incierto; se llevan a cabo prácticas eugenésicas y abortivas, como la llamada «reducción embrionaria»; se alteran las relaciones familiares acudiendo a donantes de gametos ajenos al matrimonio e incluso se condena a los niños a nacer sin familia, ya que permite que sea una persona sola la que los encargue al laboratorio; y se niega a muchos hijos el conocer a sus padres, pues se establece el anonimato de los donantes de gametos».
La Nota no propone entregar en adopción esos embriones «sobrantes», como habían sugerido al gobierno asociaciones del país, argumento que actualmente es motivo de debate entre expertos de bioética católicos.
Para el Comité Ejecutivo «la reforma que el Gobierno piensa realizar es insatisfactoria». No obstante, el Comité considera que tal reforma «no resulta rechazable sin más» porque pretende limitar «daños que se están causando al amparo de la vigente ley».
Entre las medidas «que suponen avances en el buen camino», la nota cita «la limitación del número fecundaciones y de transferencias en cada ciclo; la prohibición de la reducción embrionaria; la asunción de responsabilidad por parte de los progenitores respecto de sus embriones congelados y la exclusión expresa de la utilización de estos embriones con otro fin distinto que el de la reproducción».
