La campaña, que en la última semana ha alcanzado trece nuevas adhesiones, trata de imponer normas mínimas comunes al comercio de armas, en particular para evitar que sean compradas por países en conflicto o en los que se registran graves violaciones de los derechos humanos.
Entre los últimos países que se han adherido a la propuesta, además de la Santa Sede, según informa la emisora pontificia, se encuentran Colombia, Turquía, Países Bajos, Noruega, y España.
Estas naciones se han sumado al apoyo ya expresado precedentemente por Kenia, Malí, Tanzania, Costa Rica, Camboya, Finlandia e Islandia.
Los últimos países africanos en ofrecer su adhesión han sido Ghana, Guinea, Senegal, Sierra Leona, Benín, y Uganda.
La campaña es apoyada por grandes y pequeñas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentra Amnesty International, Oxfam, y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (International Action Network on Small Arms, IANSA).
Los organizadores explican que para que tenga lugar una negociación internacional es importante contar con el apoyo de los países del G-8, el grupo de los siete países más industrializados y Rusia.
Entre estos países, se han declarado favorables a la iniciativa Gran Bretaña, Francia y Alemania.
