ROMA, lunes 27 de junio de 2011 (ZENIT.org).- Ha terminado en Francia la revisión de la ley de bioética de 2004. El camino legislativo, precedido en 2009 por una amplia consulta popular o “Estados Generales” de la bioética, concluyó el pasado 23 de junio con la votación definitiva por parte del Senado. Con 170 votos contra 157, el Palais du Luxembourg aprobó, de hecho, el texto común de la Comisión Mixta Paritaria (CMP), Asamblea-Senado, que el martes 21 de junio había recibido, con 94 votos contra 68, el sí de la Asamblea Nacional.
La CMP adoptó el pasado 15 de junio, con siete votos contra seis, un texto unificado del diseño de la ley, manteniendo además, el (debatido) sistema de la prohibición, con un conjunto de excepciones, de la investigación con embriones humanos y una cláusula para revisar la normativa dentro de siete años. La Comisión Mixta Paritaria, compuesta por siete senadores y siete diputados, puede ser convocada (como prevé el artículo 45 de la Constitución de 1958), cuando persiste un “desacuerdo” entre las dos asambleas sobre un proyecto de ley, en este caso entre las condiciones de la nueva ley sobre bioética aprobadas respectivamente en primera y segunda lectura por la Asamblea Nacional (el 15 de febrero y el 31 de mayo) y por el Senado (el 8 de abril y el 9 de junio).
El mismo principio de prohibición con excepciones de la investigación con embriones humanos o con células madre obtenidas de embriones humanos fue uno de los elementos de mayor impacto ético debatidos en este proceso. Las presiones para abandonar la prohibición con derogas y consentir al menos una investigación “limitada” con los embriones (la modalidad aprobada en primera lectura por el Senado pero después eliminada en una segunda lectura) fueron muy fuertes.
Sobre todo miembros de la oposición, aunque también algunos exponentes de la mayoría se expresaron a favor de un cambio de la ley de 2004. “Prohibir esta investigación sería someter la investigación a argumentos teológicos, cosa que Francia no ha hecho nunca”, declaró con ocasión del examen en primera lectura, el ponente del proyecto de ley en el Senado, Alain Milon, miembro de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) del presidente Nicolás Sarkozy y “activista entusiasta de una liberalización de la investigación”, como afirmó Pierre-Olivier Arduin, experto en bioética de la diócesis de Fréjus-Tolón y de la Fondation de Service politique (Décryptage, 14 de junio).
Defendiendo el status quo ha estado, desde el principio, el Gobierno del primer ministro François Fillon (UMP), en particular el ministro de la Salud, Xavier Bertrand (UMP), que defendió en varias ocasiones el principio del “no, pero”, declarando que el régimen derogatorio es, sin duda, la mejor solución, porque prohíbe la práctica sin “cerrar la puerta a los progresos de la ciencia” (Agencia France-Presse, 26 de mayo).
Otro elemento de la ley que ha suscitado un debate encendido también en la sociedad civil, ha sido el del dépistage o diagnóstico prenatal (DPN). La CMP ha sancionado, de hecho, la obligación de los médicos de informar a todas las mujeres embarazadas de manera “clara, leal y adaptada a su situación”-como dice la fórmula inscrita en la ley en segunda lectura por el Senado- sobre la posibilidad de recurrir a los distintos métodos y análisis de diagnóstico prenatal.
Se trata de un procedimiento que observa especialmente a los fetos con la trisomía del cromosoma 21 o síndrome de Down. Mientras hoy casi el 96% de los fetos Down es abortado en Francia -como reveló en mayo de 2009 un informe del Consejo de Estado- , según los críticos el objetivo de la obligación es evidente, es decir “extirpar el 4% de los niños trisómicos que pasan todos los años a través del filtro”, como afirmó con amargura el presidente de la Fondation de Service politique, Francis Jubert (Décryptage, 10 de junio).
En un comunicado de prensa publicado el 7 de junio, el Collectif des Amis d’Eléonore -una asociación creada en febrero de 2010 por un grupo de padres de niños Down, que tiene como portavoz a una joven trisómica, Eléonore- ha rechazado con fuerza el dépistage sistemático del síndrome de Down, definiéndolo como un “movimiento de eugenesia”. La obligación de informar a las mujeres -así se lee en el texto- es “odiosamente estigmatizadora con respecto a las personas afectadas por la trisomía 21”. Siendo, después del decreto del 23 de junio de 2009 de la entonces Ministra de Sanidad Roselyne Bachelot, la única patología que es objeto de un dépistage sistemático, el síndrome de Down aparece, implícita o explícitamente, como una enfermedad que hay que extirpar”, continúa el comunicado del Collectif.
No han faltado las reacciones negativas después del sí definitivo, por parte de la Cámara Alta a la nueva ley de Bioética. Según Alain Milon, la normativa representa un “retroceso indiscutible -de ideología no de derecho” (AFP, 23 de junio). “Manteniendo el anonimato de la donación de gametos, rechazando el traslado de embriones después de la muerte del padre, oponiéndonos a la gestación por cuenta de terceros y al acceso a la asistencia médica para la procreación de parejas homosexuales, no hemos sabido hacer evolucionar nuestro derecho con la sociedad francesa”, sostuvo el senador UMP después de la votación.
Seco ha sido el comentario de Muguette Dini, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales y miembro del grupo Unión Centrista al Senado. “Mucho ruido y pocas nueces”, afirmó Dini, refiriéndose a la conocida comedia de Shakespeare. Según Dini, el mantenimiento de la prohibición con excepciones de la investigación con embriones humanos hará que la investigación francesa “esté muy retrasada respecto a otros países”.
Sin embargo rechazó este comentario, en una entrevista con el Quotidien du Médecin (17 de junio), el vicepresidente del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE), Pierre Le Coz, que ha denunciado la hipocresía que supone decir que el régimen actual penaliza la investigación. “He participado personalmente en trabajos del consejo de orientación de la Agencia de Biomedicina durante tres años, y siempre hemos autorizado la investigación con embriones sin demasiadas dificultades: los dosiers rechazados han sido pocos”.
Para Françoise Laborde, de la Agrupación Democrática y Social Europea (RDSE), el Parlamento francés ha “faltado a la cita”. “Una parte de la mayoría ha cedido finalmente a las órdenes del Gobierno formuladas bajo la influencia de ambientes religiosos más conservadores”, comentó el exponente de los radicales, haciendo referencia a la posición clara que tiene la Iglesia católica.
Desde los primeros momentos del debate, la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) no ha dejado de hacer oir su voz. El pasado 30 de noviembre, el cardenal arzobispo de París y presidente de la CEF, André Vingt-Trois llamó la atención, por ejemplo en una entrevista con el semanal La Vie, en la que definió como una “cierta incoherencia” por parte del Gobierno francés que por un lado declare que quiere prohibir la investigación con embriones, pero por el otro lado admita las excepciones. La prohibición es, de hecho, simbólica: la Agencia de Biomedicina (ABM), que tiene la facultad de autorizar “a título derogatorio” proyectos de investigación con embriones, aprobó en 2004 más de 58 protocolos de los 64 presentados.
“Pobre embrión humano”, observó en una reflexión publicada recientemente en la web de la CEF, el portavoz del organismo, monseñor Bernard Podvin. “Diría que en este momento Bruselas y Europa tienen mucho respeto por tu …¡’homólogo’ animal! ¿Habrá un metro ético más favorable para los seres animales que para los
seres humanos?”, se preguntó el prelado, que recordó que “la grandeza de una nación se basa también en la política de defensa de aquel que no puede defenderse”.
Por Paul De Maeyer
Traducción del italiano por Carmen Álvarez
