CIUDAD DE GUATEMALA, 13 febrero 2001 (ZENIT.org).- Amnistía Internacional ha anunciado públicamente que teme por la vida de quienes actualmente participan en la investigación de la muerte del obispo Juan Gerardi.
La organización internacional ha emitido un comunicado de prensa en el que revela que el juez Eduardo Cojulún, quien preside el juicio contra tres oficiales de alta graduación del Ejército guatemalteco, un sacerdote y una ama de casa, –todos ellos acusados del asesinato de Gerardi– ha recibido amenazas de muerte.
«Otras personas implicadas en la investigación siguen recibiendo amenazas y, según los informes, varios testigos han muerto en circunstancias sospechosas. Amnistía Internacional teme por la seguridad de cuantos participan en el proceso», dice el comunicado.
La organización recuerda que el magistrado ya ha denunciado a las autoridades las amenazas de muerte recibidas y que ha tomado medidas para proteger su seguridad.
El juez Cojulún declaró que «si las intimidaciones se hacen insostenibles, quizá tenga que retirarse del caso». Por otra parte la jueza Amada Victoria Guzmán reemplazó el 9 de febrero al magistrado Rudy Chin, quien pidió ser relevado del equipo que investiga el caso.
Chin alegó tener amistad con la familia del sacerdote Mario Orantes, uno de los acusados del crimen, y sostuvo que por eso prefería abstenerse de participar en el juicio. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos consideran que ha sido amenazado y que está demasiado asustado para seguir adelante con el proceso.
Otros dos jueces han admitido haber sido intimidados, pero se niegan a decir si las amenazas están relacionadas con su participación en el juicio, probablemente porque temen que, si lo hacen, correrían peligro.
El obispo Juan José Gerardi Conedera fue hallado muerto a golpes en abril de 1998, dos días después de presentar un informe sobre las atrocidades cometidas durante los treinta años de conflicto civil de Guatemala.
