En la madrugada del pasado 15 de junio, el alcalde Benjamín Altamirano Calle, de la localidad boliviana –situada entre La Paz y Oruro–, una región habitada por la etnia aymara, fue secuestrado por un grupo de personas, asesinado a golpes y quemado en la plaza principal. Junto al cuerpo sin vida se encontró un cartel que decía «justicia comunitaria».
Según la reconstrucción del comandante de la policía Jairo Sanabria, el alcalde fue asesinado porque estaba acusado de corrupción.
En su homilía dominical, pronunciada en la catedral metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, el cardenal Terrazas hizo un análisis de lo ocurrido y de la cultura de desigualdad social que está emergiendo en el país, según recoge la Conferencia Episcopal boliviana.
«Nuestro Dios no va por ese camino, porque ni siquiera a los corruptos tenemos derecho a quitarles la vida, porque solamente el Señor, que conoce las conciencias, dirá la palabra última en definitiva», afirmó el purpurado calificando el hecho de doloroso y triste.
Igualmente explicó que después de haber vivido muchos años en el altiplano, llegó a entender que la justicia comunitaria era la capacidad de encauzar las conductas, de llamar la atención, «pero nunca de sentirse dueños de la vida, echando a Dios a un lado».
En este contexto criticó una tendencia que estaría surgiendo en el país para «denigrar» al pueblo aymara. «Desde aquí una palabra de respeto (…) –exhortó–, no podemos echar el fardo de culpabilidad a toda una cultura que tiene un estilo de vida mucho más exigente» para que nadie «robe, mienta o estropee» la dignidad del otro.
El fiscal que dirige las investigaciones de forma reservada, Milton Mendoza, coincide en señalar que lo ocurrido no es «justicia comunitaria», «porque ésta no prevé la muerte».
Por su parte, monseñor Jesús Juárez Párraga, obispo de El Alto y secretario general del episcopado boliviano, condenando el linchamiento ocurrido en Ayo Ayo, subrayó que en el país ya «no existe respeto por la ley», cita «Radio Vaticana».
«Son signos preocupantes –alertó el prelado— que denotan una evidente impotencia, porque vivimos en pleno estado de anarquía, sin normas y sin moral».
Mientras, la comunidad de Ayo Ayo nombró el martes como jefe de su «gobierno» al máximo dirigente de la Central Agraria que controla el pueblo, Cecilio Huanca. Éste, en un discurso, anunció «que no se permitirá el retorno de la policía porque demostró complicidad con los corruptos», recoge «Ap».
De hecho, los agentes del orden y otras autoridades han abandonado el lugar por falta de garantías y aún no se ha podido recuperar el control de la localidad desde el asesinato de su alcalde.
El pasado 26 de abril, a 50 kilómetros del municipio boliviano de Ayo Ayo, en la localidad de Ilave –la tercera ciudad aymara de Perú– una multitud también linchó a su alcalde Cirilo Robles por presunta corrupción.
Ambas localidades están ubicadas en el altiplano de Perú y Bolivia, en el territorio de la llamada «nación aymara», en el que se encuentran un millón y medio de personas y que tiene como centro de referencia al lago Titicaca, que comparten ambos países.