JERUSALÉN, martes, 26 julio 2005 (ZENIT.org).- El gobierno de Israel canceló este lunes a última hora una vez más la reunión que debía mantener con representantes de la Santa Sede para negociar la aplicación de sus mutuos acuerdos.
La cancelación de la reunión, que ya había sido aplazada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue anunciada al convocar al nuncio apostólico en Israel, el arzobispo Pietro Sambi, para protestar porque Benedicto XVI no condenó explícitamente el pasado domingo durante el Ángelus un atentado acaecido en Israel.
La Santa Sede respondió tanto en palabras del nuncio como después con un comunicado de Joaquín Navarro-Valls, portavoz oficial, que la condena de Benedicto XVI del terrorismo afecta a todos los atentados terroristas, vengan de donde vengan.
La reunión de negociación, explícitamente prevista por el Acuerdo Fundamental entre la Santa Sede e Israel de 1993, tenía por objetivo alcanzar un nuevo tratado sobre cuestiones de propiedad de la Iglesia católica y de impuestos.
Las negociaciones comenzaron oficialmente el 11 de marzo de 1999. En los últimos años, el gobierno Israelí se ha negado en varias ocasiones a dialogar con la Santa Sede. El 28 de agosto de 2003, la delegación israelí abandonó la mesa de la negociación y sólo la retomó un año después, bajo presión del gobierno de los Estados Unidos.
El gobierno de Israel había aceptado una reunión para el 19 de julio pasado, pero a última hora la canceló, para aplazarla al 25 de julio.
La agencia «AsiaNews», de las Pontificias Misiones Extranjeras, al informar sobre lo sucedido, considera citando fuentes de Jerusalén que con un duro comunicado de protesta contra el Papa el Ministerio de Asuntos Exteriores ha querido ofrecer una excusa para suspender de nuevo la reunión.
«AsiaNews» recuerda que Israel todavía no ha convertido en ley el Acuerdo Fundamental de 1993, establecido de acuerdo con el la Santa Sede, y el Acuerdo sobre la Personalidad Jurídica de la Iglesia Católica de 1997. El año pasado, según estas fuentes, el gobierno informó oficialmente a la Corte Suprema que no se siente vinculado al Acuerdo Fundamental ya aprobado.