PEKÍN, sábado, 8 octubre 2005 (ZENIT.org).- El 1 de marzo entró en vigor en China una nueva ley que rige la libertad religiosa. Según las organizaciones de derechos humanos, la nueva legislación promete pocas mejoras para los creyentes que no quieran seguir la política oficial del gobierno.
De hecho, en los últimos meses el gobierno parece determinado a conservar un firme control sobre las actividades religiosas.
Un análisis de la nueva ley, llevado a cabo por la organización de derechos humanos norteamericana Compass Direct, observaba que las «disposiciones sobre asuntos religiosos» fueron consideradas por la agencia de noticias gubernamental Nueva China como «un significativo paso adelante en la protección de la libertad religiosa de los ciudadanos chinos».
Pero una mirada atenta a las disposiciones de la nueva ley revela que, aparte algunas modificaciones de menor importancia, poco ha cambiado. De hecho, algunas de las nuevas regulaciones son incluso más restrictivas que aquellas a las que reemplazan, observaba Compass Direct.
El principio guía de la ley está contenido en el artículo 3: «Las organizaciones religiosas, los lugares de culto y los creyentes deben mantener la constitución, las leyes y disposiciones que salvaguardan la unidad nacional, la armonía entre las minorías nacionales, y la estabilidad social». El mismo artículo también explica que el estado protegerá las actividades religiosas normales. Pero nunca se define qué es «normal», dejando tal juicio totalmente en manos de las autoridades.
Todavía se requiere que toda organización religiosa se registre y continúan las restricciones sobre la publicación de material religioso. Y para los creyentes que participan en organizaciones que no han recibido la aprobación oficial las disposiciones contienen graves medidas, incluyendo fuertes multas y confiscación de propiedades.
Las mejoras incluyen la salvaguarda de los derechos de propiedad, pero sólo de aquellas organizaciones religiosas que se hayan registrado oficialmente. A las organizaciones reconocidas se les permite llevar a cabo proyectos de servicios sociales, como escuelas y clínicas.
La ley también mantiene la determinación de China de prohibir contactos con el extranjero. Las disposiciones prohíben a una organización no oficial peregrinajes al extranjero, una medida dirigida a más de 20 millones de musulmanes que puedan querer viajar a la Meca, según Compass Direct.
En su análisis de la nueva ley del 18 de enero, la organización de derechos humanos noruega F18 observaba que las reglamentaciones mantienen el requisito de que las organizaciones religiosas chinas funcionen independientemente de las «fuerzas extranjeras». Esto pone en graves aprietos a los católicos en China, puesto que significa «que deben cortar todos los lazos con el Vaticano o buscar el reconocimiento papal de forma privada», observaba F18.
Otra organización, Derechos Humanos en China, publicaba su análisis sobre la nueva ley el 14 de marzo. El grupo, fundado por científicos y eruditos chinos, afirmaba que «el gobierno central chino ha preparado de nuevo un documento no para proteger, sino para regular todas las actividades religiosas».
La organización indicaba también que la regulación está dispuesta de tal manera que deja la puerta abierta a la interpretación y aplicación arbitrarias. En general, la organización juzgaba que «la promesa del gobierno chino de adoptar una nueva serie de regulaciones se basa no en el deseo de poner a disposición de sus ciudadanos la libertad de religión, sino que está motivada por su necesidad agobiante de regular la libertad de asociación en nombre de la seguridad nacional y el orden público».
Continúa la persecución
Los últimos acontecimientos muestran la determinación del gobierno de mantener un firme control sobre las actividades religiosas. La BBC informaba el 9 de noviembre de Peter Xu Yongze y de su encuentro con la tortura en prisión. «Me colgaron a lo largo de una puerta de hierro» decía a la BBC, «luego daban tirones abriendo la puerta y todo mi cuerpo se elevaba hasta que casi se me partía el pecho. Estuve colgado así cuatro horas». Protestante evangélico y líder de un gran grupo, Xu, que ahora vive en Estados Unidos, fue encarcelado en cinco ocasiones.
Wilfred Wong, representante parlamentario de Jubilee Campaign que reúne a otras denominaciones, declaraba a la BBC que a pesar de las dificultades el número de cristianos en China ha seguido subiendo. Pero, añadía, «la nueva generación de líderes chinos están intentando consolidar su control sobre el país mientras pasa a través de rápidos cambios sociales y económicos».
Dos días después, el Washington Times informaba de que oficiales gubernamentales habían arrestado a un ministro protestante. Cai Zhuohua, ministro de seis congregaciones no oficiales, fue detenido en Pekín el pasado septiembre, según la China Aid Association.
La asociación afirmó que Cai, su esposa, y otros miembros de la familia fueron retenidos en el centro de detención de Qinghe en Pekín. Su arresto se realizó tras el descubrimiento por parte de las autoridades de 200.000 Biblias y otra literatura cristiana en un almacén a su cargo.
El 19 de diciembre, el periódico londinense Telegraph publicaba un artículo basado en una entrevista con uno de los obispos de la Iglesia católica clandestina en China, Julios Jia. El Obispo ha sido detenido por las autoridades en más de 30 ocasiones y en total ha pasado más de 20 años en la cárcel.
Mons. Jia, de 69 años de edad, tiene su sede en la provincia de Hebei, al norte de China, donde se estima que hay un millón y medio de católicos. Aquí, según el Telegraph, las divisiones entre la Iglesia católica patriótica respaldada por el gobierno y la Iglesia clandestina son más acusadas que en cualquier otro lugar del país. El gobierno ha puesto al obispo en arresto domiciliario cerca de Wuqiu. Pero él suele evitar la orden saliendo a decir misa, ocultándose a menudo en la parte de atrás de un coche, según el Telegraph.
Política de línea dura
Amnistía Internacional, en un informe del 21 de diciembre, también observaba que Pekín ha continuado su política de línea-dura contra los creyentes. AI comentaba que el oficialista China Daily se ha referido a la nueva ley como «un significativo paso adelante en la protección de la libertad religiosa de los ciudadanos chinos».
Sin embargo, observaba Amnistía Internacional, esto contrasta con las actuaciones oficiales, y citaba el arresto del líder eclesiástico Zhang Rongliang en la provincia de Henan. Este líder había sido ya encarcelado en cinco ocasiones por sus creencias, por un total de 12 años, durante los cuales fue duramente torturado, declaraba Amnistía Internacional. La policía también atacó al menos tres iglesias «hogar» no oficiales en el departamento cercano de Fangcheng, en las fechas en que detuvieron a Zhang.
La acción contra estas iglesias no oficiales ha sido muy común. Una nota de prensa de Amnistía Internacional observaba que se había informado de que en julio de 2003 más de una docena de Iglesias habían sido destruidas y al menos 300 cristianos arrestados, siendo algunos de ellos maltratados y golpeados. Además «las nuevas disposiciones no hacen nada por reducir las restricciones a las Iglesias clandestinas o la persecución que las acompaña», afirmaba Amnistía Internacional.
Noticias más recientes aparecieron en un artículo publicado el 15 de febrero en el Christian Post. Durante una conferencia de prensa en el Nacional Press Club de Washington, D. C., miembros de las iglesias locales clandestinas de China detallaron la persecución y tortura creciente de cristianos.
Entre quienes relataron sus experiencias estaba Liu Xianzhi, una miembro de la Iglesia del Sur de China que fue arrestado en el 2001. Liu
contaba su experiencia de tortura, abusos y prisión arbitraria por parte de la policía.
El artículo también observaba que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que las detenciones arbitrarias de China son una violación de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.
El 10 de marzo la organización Human Rights Watch publicó una declaración en la que se invitaba a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a condenar a China durante su actual encuentro anual en Ginebra.
Además de violaciones de las violaciones de los derechos políticos y el maltrato de las minorías raciales, Human Rights Watch citaba la preocupación suscitada ante la nueva ley que rige las expresiones religiosas que entró en vigor el 1 de marzo. Los requisitos puestos a las organizaciones por esta regulación «están redactados de forma vaga, permitiendo a las autoridades un margen extraordinario para cerrar instituciones, imponer multas, despedir a personal y censurar textos», afirmaba Human Rights Watch. La tolerancia en China sigue siendo un sueño.
La prohibición de china a los cuatro obispos católicos chinos invitados por el Papa a participar en el Sínodo sobre la Eucaristía es el último caso en la serie de estas violaciones.
