“La política laicista del Gobierno español es patente, agresiva y beligerante”

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Habla José Andrés Rozas, de “Juristes Cristians de Catalunya Duran i Bas”

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BARCELONA, miércoles 17 de marzo de 2010 (ZENIT.org).- Aunque en financiación se ha avanzado sustancialmente, subsisten cuestiones espinosas que dividen a la Iglesia y al Estado Español.

Así lo afirma José Andrés Rozas, miembro del Consejo de la Asociación de Juristes Cristians de Catalunya Duran i Bas (http://www.juristescristians.org/cream/). Rozas es también decano de la Universidad Abat Oliba CEU (www.uao.es) de Barcelona y profesor de Derecho Tributario en la misma.

– ¿En qué situación se encuentra el diálogo entre la Iglesia Católica y el Gobierno español?

J.A. Rozas: Difícil, aunque ha tenido momentos de distensión. Por ejemplo: en términos de financiación se ha avanzado sustancialmente. La modificación del acuerdo del año pasado, entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, ha clarificado el sistema de financiación y lo ha mejorado sustancialmente. Ha desaparecido la subvención directa y se ha incrementado la participación en el IRPF, que es la financiación a través de los fieles. Esto es muy positivo e interesante, para ambas partes. Se ha eliminado también una distorsión en el IVA que era muy perniciosa.

Pero las relaciones no pueden ser fáciles desde el momento en el que el posicionamiento del Gobierno en términos ideológicos es muy marcado y la política laicista es patente, agresiva y beligerante. Esto pone a la Iglesia en una situación muy difícil, y así se ha plasmado en la tramitación de la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

– ¿Estaría de acuerdo en afirmar que la religión ha sido expulsada de la vida pública en España?

J.A. Rozas: El empeño en expulsarla de la vida pública ha sido un revulsivo interesante para la sociedad civil. Los católicos se han sentido interpelados y ha habido reacción, y si hay reacción es que hay vida. Se puede hacer una interpretación positiva.

El problema es cómo se presenta esa voz, pero se está mejorando mucho en la presentación de la comunicación de la Conferencia Episcopal, de asociaciones laicales, y de la vertebración de la sociedad en torno a iniciativas como las de la defensa ante la Ley del aborto. El mundo intelectual católico está reaccionando con agilidad.

– ¿Qué postura debería adoptar el Ejecutivo ante el fenómeno religioso y ante las distintas confesiones religiosas?

J.A. Rozas: De respeto, sin duda. Es sorprendente porque parece que el único prejuicio que es admisible en el debate público es el prejuicio anticatólico, y esto no tiene sentido. Es conocida la frase “todas las opiniones son respetables”, y así es, menos la de los católicos. Al menos merecemos el mismo respeto que cualquier otra confesión.

Desde el punto de vista antropológico, el Estado tiene que entender que el fenómeno religioso es inherente al hombre, en cualquiera de sus manifestaciones. El creyente no es un marciano, es un ciudadano de pleno derecho.

El Estado tiene una tendencia fuerte ha admitir como doctrina pública el agnosticismo, y como patología, o como mucho como cuestión que ha de quedar restringida al ámbito del hogar, la dimensión religiosa. Ese es un planteamiento que niega la realidad. Además, es sectaria, porque supone imponer como doctrina pública el agnosticismo, que es el problema de Educación para la Ciudadanía.

– ¿Entonces el Gobierno no respeta suficientemente la libertad de expresión de los católicos?

J.A. Rozas: Se ha creado un clima de opinión pública en el que funciona algo que es muy pernicioso y mucho peor que la censura: la autocensura. Todo el mundo es muy consciente de qué es lo que hay que decir para no ser expulsado de la sociedad civil y condenado a la muerte intelectual.

El problema es que la opinión del católico es arrinconada, en el mejor de los casos, al rincón de las extravagancias y de los frikis intelectuales. Hay un prejuicio singular: partir de la premisa de que todo lo que dice un católico lo dice porque se lo mandan los obispos y que, además, es una imposición para el resto de los ciudadanos. Esto supone tratar a los católicos como personas incapaces de razonar por sí mismas. También supone partir de la premisa de que el único que impone es el que propone el planteamiento católico para resolver las cuestiones sociales.

El planteamiento se ha de situar en el siguiente esquema: hay distintos modos de solucionar los problemas de la sociedad y uno de éstos modos es la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia, otro es la propuesta laicista y agnóstica. Puede triunfar uno u otro en el debate político. Pero ha de quedar claro que no es que una postura sea intromisiva e impositiva, y la otra neutral y aséptica.

Por Nerea Rodríguez del Cuerpo

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ZENIT Staff

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