Por el padre John Flynn, L. C.
ROMA, domingo 21 de marzo de 2010 (ZENIT.org). – Hay un movimiento cada vez mayor de rechazo hacia la pena de muerte, según los participantes en un reciente congreso. Del 24 al 26 de febrero, los opositores a la pena de muerte se reunieron en el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, en Ginebra, Suiza.
“Hay una nueva tendencia contraria a la pena de muerte que es algo nuevo para el mundo”, decía a Reuters Mario Marazziti, portavoz de la Comunidad de San Egidio, en un reportaje publicado en la jornada de apertura del encuentro.
Según Reuters, Marazziti declaró que 56 países siguen ejecutando a personas, mientras que 141 países no utilizan la pena de muerte, incluidos los 93 que la han abolido formalmente.
La Comunidad de San Egidio tiene una página web dedicada a promover la abolición de la pena de muerte, y en ella han colgado algunos reportajes de Marazziti sobre el congreso.
El 25 de febrero en ella se presentaron algunos detalles sobre el congreso y sobre la extensión de la pena de muerte.
Más de 1.000 activistas y expertos asistieron a la reunión y escucharon que, según Amnistía Internacional, 2.390 personas fueron ejecutadas en el 2008.
Los países en los que más ejecuciones tuvieron lugar en el 2008 fueron China (1.718), Irán (346), Arabia Saudita (102), Estados Unidos (37), Pakistán (36), Irak (34), Vietnam (19), Afganistán (17), y Corea del Norte y Japón (15 cada uno).
Puede parecer mucho, observaba, pero ha habido un notable progreso en la reducción del número de países que utilizan la pena capital. En los años setenta, sólo 23 países habían abolido la pena de muerte, ya sea quitándola de los códigos penales o dejando de practicarla, observaba Marazziti.
Sea como sea ahora tenemos cerca de 140 países sin pena de muerte, apuntaba. El número exacto es un poco difícil de precisar, admitía, puesto que algunas organizaciones sospechan que ha habido un pequeño número de ejecuciones llevadas a cabo en secreto en uno o dos países.
Reconciliación
Entre los triunfos recientes contra la pena de muerte Marazziti destacaba los casos de Camboya, Ruanda y Burundi, “tres países que ha sufrido de verdad los tres genocidios más grandes de la historia contemporánea, con todo sienten que sólo sin la pena de muerte se puede comenzar un proceso de reconciliación en sus sociedades. De otra forma, la venganza, y la sed de venganza, nunca acabará”.
La abolición de la pena capital en estos países es “un paso muy simbólico y significativo que puede ser una respuesta a aquellos países que dicen: ‘Tenemos un nivel de violencia alto, necesitamos la pena de muerte’”, comentaba Marazziti.
Durante el congreso se propuso una iniciativa para obtener una moratoria efectiva del uso de la pena de la muerte para el 2015. Se proponía esto como un paso hacia la abolición total.
El año 2015 coincide con el plazo aprobado en el 2000 por los países miembros de las Naciones Unidas para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fijan las metas de reducir el hambre, la pobreza y la enfermedad y mejorar la educación y la sanidad.
El 26 de febrero, Marazziti publicaba una síntesis de las intervenciones hechas en Ginebra. La pena de muerte no es un impedimento eficaz contra el crimen, sostenía, porque se basa en una legitimación de la cultura de la muerte. También afirmaba que suele torcerse por la discriminación social, racial y étnica. Añadía que los errores del sistema judicial crean nuevas víctimas.
Dañar la justicia
Marazziti comentaba que la pena de muerte no trae consigo resultados satisfactorios para las familias afectadas por el criminal. La justicia que surge de ella está sesgada por un dañado sentido de la venganza. Describía la pena de muerte como “un instrumento de justicia enraizado todavía en un estado infantil y primitivo de la humanidad, basado más en el instinto”.
Marazziti observaba que muchos de los participantes en el congreso hicieron referencia a la necesidad de lograr un cambio en la opinión pública de aquellos países en los que todavía se practica la pena de muerte. Para lograrlo, se han de buscar más aliados, y también nuevas formas de comunicar el mensaje de los abolicionistas.
Con frecuencia, en los países en los que se utiliza la pena de muerte hay una falta de debate sobre el tema, sostenía Marazziti. De igual forma, hay ignorancia sobre temas relacionados con el crimen y la utilización de la pena capital.
Gran parte de la atención de los medios a la prática de la pena de muerte se centra en lo que sucede en los Estados Unidos. Allí también está en declive, según un informe publicado hacia finales del 2009 por una organización llamada Death Penalty Information Center.
El informe observaba que las sentencias de pena de muerte han seguido disminuyendo en el 2009. De hecho, en el último año se ha visto el menor número de sentencias desde que se reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El punto álgido en las sentencias de pena capital se alcanzó en 1994, con el número de 328. Para el 2009 esta cifra había caído drásticamente, hasta 106, el séptimo año consecutivo de descensos. También era digno de observar que el descenso en el número de sentencias de muerte fue especialmente pronunciado en Texas y Virginia, los dos estados en donde más ejecuciones se llevan a cabo, comentaba el informe.
Descenso en Estados Unidos
Durante los años noventa, Texas sumó una media de 34 sentencias de muerte al año y Virginia, 6. En el 2009, Texas tuvo nueve sentencias de muerte y Virginia una.
En total, en el 2009, once estados consideraron propuestas legislativas para abrogar la pena de muerte. Nuevo México se convirtió en el décimo quinto estado en poner fin a la pena de muerte cuando el gobernador Bill Richardson firmó la ley en marzo. El legislativo de Connecticut votó abolir la pena de muerte, pero el gobernador vetó la ley. La legislación para poner fin a la pena capital ha sido aprobada en una de las cámaras en Colorado y Montana, y pronto se votará en Maryland, según el informe.
Un factor en contra de la pena de muerte es el coste, puesto que los estados hacen frente a graves déficits presupuestarios. “Los altos gastos sin beneficios tangibles son citados con frecuencias en los debates legislativos sobre la pena de muerte”, observaba el informe.
Aunque las sentencias han descendido, el número de ejecuciones subió en el 2009 en comparación con el año anterior. Según el informe esto es en parte debido a la moratoria de facto durante cuatro meses del 2008, mientras el Tribunal Supremo afrontaba la cuestión de la legalidad de las inyecciones letales.
Como resultado, en el 2009 hubo 52 ejecuciones. El número fue un 47% menor que el de hace una década. Sólo 11 de los 35 estados con pena de muerte llevaron a cabo una ejecución en el 2009. El 87% de las ejecuciones tuvo lugar en el sur, y la mitad de ellas en Texas.
El informe también comentaba que nueve hombres que habían sido sentenciados a muerte fueron exonerados y puestos en libertad en el 2009, el segundo número más alto de exoneraciones desde que se reintrodujo la pena de muerte.
Justicia y misericordia
Poco antes del congreso de Ginebra, llegaban buenas noticias del principal ejecutor del mundo, China. El principal tribunal de China, el Tribunal Supremo del Pueblo, ordenó a los tribunales que usaran la política de la “justicia temperada con la misericordia”, informaba el 10 de febrero Associated Press.
Las nuevas directrices exigen a los tribunales que limiten el uso de la pena de muerte a un pequeño número de casos extremadamente graves.
No obstante, sigue habiendo batallas, como demuestran las recientes noticias de Corea del Sur. Según un reportaje del 25 de febrero
de UCA News, el Tribunal Constitucional del país dictaminó que la pena de muerte es válida legalmente.
Cinco de los nueve jueces del Tribunal Constitucional respaldaron la pena de muerte mientras que otros cuatro dijeron que era inconstitucional.
Monseñor Boniface Choi Ki-san, presidente del comité Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal Coreana, declaró a UCANews que esperaba que el gobierno no utilizaría la sentencia para retomar las ejecuciones. No ha habido ninguna en el país durante más de 12 años.
“Actualmente, Corea del Sur está catalogado como un país abolicionista en la práctica”, afirmaba el obispo. “El gobierno no debería retomar las ejecuciones con la sentencia del tribunal”. Aunque la campaña contra la pena de muerte ha logrado un éxito considerable, la batalla todavía no ha terminado.
