CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 20 de julio de 2011 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación el comentario hecho público hoy por el padre Federico Lombardi, director de la Sala Stampa de la Santa Sede y de Radio Vaticano, sobre el último informe del Gobierno irlandés sobre el encubrimiento de abusos sexuales por parte de las autoridades eclesiásticas de la diócesis de Cloyne.
Estas reflexiones, puntualiza el padre Lombardi, son personales y “no constituyen en modo alguno la respuesta de la Santa Sede”, la cual responderá “en las formas y en los tiempos apropiados”.
Sobre este asunto, ver www.zenit.org/article-39922?l=spanish.
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El Informe de la Comisión de investigación irlandesa sobre los casos de abusos a menores cometidos por miembros del clero en la diócesis de Cloyne, publicado el 13 de julio, como el que lo había precedido sobre la archidiócesis de Dublín, ha puesto una vez más a la luz la gravedad de los hechos sucedidos, esta vez incluso en un periodo más bien reciente. El periodo examinado por el nuevo Informe va, de hecho, desde el 1.1.1996 al 1.2.2009. Las autoridades irlandesas han enviado a Roma a través del nuncio una copia del Informe pidiendo una reacción por parte de la Santa Sede; se debe por tanto prever que ésta dará sus comentarios y sus respuestas en las formas y en los tiempos apropiados. Por nuestra parte, con todo, consideramos oportuno expresar algunas consideraciones sobre el Informe y sobre sus repercusiones, consideraciones que – como de acaba de decir – no constituyen sin embargo en modo alguno la respuesta oficial de la Santa Sede.
Ante todo parece obligado recordar y renovar los intensos sentimientos de dolor y de reprobación expresados por el Papa con ocasión de su encuentro con los obispos irlandeses, convocados en el Vaticano el 11 de diciembre de 2009 precisamente para afrontar juntos la difícil situación de la Iglesia en Irlanda a la luz del Informe sobre la archidiócesis de Dublín, entonces recientemente publicado. El Papa hablaba entonces abiertamente de “desconcierto y vergüenza” por “crímenes odiosos”. Hay que recordar que precisamente a raíz de este encuentro, y de uno sucesivo del 15 al 16 de febrero de 2010, el Papa publicó su conocida y amplia Carta a los Católicos de Irlanda, del 19 de marzo sucesivo, en el que se encuentran las expresiones más fuertes y elocuentes de participación en los sufrimientos de las víctimas y de sus familias, como también de llamamiento a las terribles responsabilidades de los culpables y a las omisiones de responsables de la Iglesia en sus deberes de gobierno o de vigilancia. Una de las acciones concretas que siguió a la Carta del Papa es la visita apostólica a la Iglesia en Irlanda, concretada en las visitas a las cuatro archidiócesis, a los seminarios y a las congregaciones religiosas, visita cuyos resultados están en un estadio avanzado de estudio y de valoración.
Es justo por tanto reconocer el empeño decidido puesto por la Santa Sede en animar y apoyar eficazmente todos los esfuerzos de la Iglesia en Irlanda para la “curación y renovación” necesarios para superar definitivamente la crisis relacionada con la dramática plaga de los abusos sexuales hacia menores. Como también es justo reconocer el empeño puesto por la Santa Sede en el aspecto normativo, con la clarificación y la renovación de las normas canónicas relativas a la materia de los abusos sexuales a menores, que tuvieron – como se sabe – momentos fundamentales con el Motu proprio de 2001, la unificación de las competencias bajo la Congregación para la Doctrina de la Fe, y las sucesivas actualizaciones hasta la promulgación de las normas reformuladas en julio de 2010.
En lo que respecta al pasado más lejano, ha tenido estos días particular eco una carta de 1997, es decir, de hace 14 años – recogida en el nuevo Informe, pero ya publicada el pasado enero – dirigida por el entonces nuncio en Irlanda a la Conferencia Episcopal, con la que, en base a las indicaciones recibidas por la Congregación para el Clero, ponía de relieve que el Documento Child Sexual Abuse: Framework for a Church Response se prestaba a objeciones, porque contenía aspectos cuya compatibilidad con la ley canónica universal eran problemáticos. Es justo recordar que este Documento había sido enviado a la Congregación no como documento oficial de la Conferencia Episcopal, sino como Report of the Irish Catholic Bishops’ Advisory Committee on Child Sexual Abuse by Priests and Religious y que en su Preámbulo se afirmaba: “Este documento está lejos de representar la última palabra sobre cómo afrontar los problemas que han sido planteados – This document is far from being the last word on how to address the issues that have been raised”. Que la Congregación planteara objeciones era por tanto comprensible y legítimo, teniendo en cuenta la competencia de Roma en lo que respecta a las leyes de la Iglesia, y – aunque se puede discutir sobre la adecuación de la intervención romana de entonces en relación con la gravedad de la situación irlandesa – no hay razón alguna para interpretar esta carta como dirigida a ocultar los casos de abuso. En realidad, se ponía en guardia contra el riesgo de que se adoptasen procedimientos que después se revelasen impugnables o inválidos desde el punto de vista canónico, haciendo vano así el propio objetivo de sanciones eficaces que los obispos irlandeses se proponían.
Igualmente, no hay nada absolutamente en la carta que suene como una invitación a no respetar las leyes del país. En el mismo periodo el cardenal Castrillón Hoyos, entonces prefecto de la Congregación para el Clero, se expresaba así al encontrarse con los obispos irlandeses: “La Iglesia, a través de sus pastores, no debe, en absoluto, obstaculizar el legítimo camino de la justicia civil, mientras que, simultáneamente, pone en marcha los procedimientos canónicos regulares” (Rosses Point, Sligo, 12.11.1998). Las objeciones a las que hacía referencia la carta sobre una obligación de información a las autoridades civiles (“mandatory reporting”), no se oponían a ninguna ley civil en este sentido, porque ésta no existía en Irlanda en ese momento (y las propuestas de introducirla fueron objeto de discusión por distintos motivos en el mismo ámbito civil). Resulta por ello curiosa la gravedad de ciertas críticas hechas al Vaticano, ¡como si la Santa Sede fuese culpable de non haber dado valor de ley canónica a normas a las que un Estado no había considerado necesario dar valor civil! Al atribuir graves responsabilidades a la Santa Sede de lo que ha sucedido en Irlanda, semejantes acusaciones parecen ir mucho más allá de cuanto se refleja en el propio Informe (que usa tonos más equilibrados en la atribución de las responsabilidades) y no manifiestan la conciencia de lo que la Santa Sede ha efectivamente hecho en el transcurso de los años para contribuir a afrontar eficazmente el problema.
En conclusión: como han declarado varios obispos irlandeses, la publicación del Informe sobre la diócesis de Cloyne marca una nueva etapa del largo y fatigoso camino de búsqueda de la verdad, de penitencia y de purificación, de curación y renovación de la Iglesia en Irlanda, al que la Santa Sede no es ajena, sino en el que participa con solidaridad y compromiso en las diversas formas que hemos recordado.
