GINEBRA, martes 16 de marzo de 2010 (ZENIT.org).- Por su interés, ofrecemos la intervención de monseñor Silvano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas, el pasado 10 de marzo durante la XIII Sesión Ordinaria del Consejo de los Derechos del Hombre, que se celebra en Ginebra.
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Señor Presidente,
«El abuso sexual de menores es siempre un crimen atroz». A esta condena inequívoca de la violencia sexual contra niños y jóvenes, el Santo Padre Benedicto XVI ha añadido la dimensión religiosa, señalando que también es un «pecado grave» que ofende a Dios y la dignidad humana. La integridad física y psicológica del niño es violada con consecuencias destructivas. Los estudios han demostrado que los niños que han sufrido abusos reaccionan de diferentes maneras a la violencia sexual y tienen una mayor probabilidad de embarazo en la adolescencia, de ser personas sin hogar, de riesgo de dependencia del alcohol y de las drogas. En una palabra, el mal cometido en contra de estos pequeños a menudo los estigmatiza para toda su vida.
Como usted sabe, en los últimos años, clero católico, religiosos y trabajadores laicos en una serie de países han sido acusados, y varios han sido condenados, por abuso infantil. No hay excusa para este comportamiento, que es una traición grave de la confianza. En algunos casos, se han tenido que pagar fuertes multas, mientras que en otros casos, los culpables fueron condenados a penas privativas de libertad. La protección contra la agresión sexual sigue siendo prioritaria en la agenda de todas las instituciones de la Iglesia en su lucha por terminar con este grave problema. Igualmente, las medidas concretas para garantizar la transparencia y la asistencia a las víctimas y sus familias son el camino para aliviar el dolor, el horror y el desconcierto causado por el abuso que se ha producido.
La comunidad católica continúa sus esfuerzos para hacer frente con decisión este problema. Así, aquellos que son declarados culpables de estos crímenes son suspendidos inmediatamente del ejercicio de sus cargos y tratados con arreglo a las normas del derecho civil y canónico. Otras medidas legales se han tomado para garantizar que los niños y jóvenes atendidos en las escuelas y las instituciones estén a salvo. Muchas de las medidas adoptadas, judiciales o administrativas, se unen al reconocimiento y el castigo de los abusos. La prevención es la mejor medicina, y esta comienza con la educación y la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana de cada niño, y especialmente a través de la aplicación de métodos eficaces para la contratación de personal escolar.
¿Podría la Mesa compartir algunas prácticas mejores que ayuden a los niños a reconocer e informar del comportamiento indebido de los educadores y cuidadores?
[Traducción del original inglés por Inma Álvarez]
