KABUL, 16 septiembre 2001 (ZENIT.org).- El ministro de Exteriores de Afganistán se habría mostrado dispuesto a considerar la hipótesis de un intercambio entre los ocho cooperantes extranjeros detenidos en el país por propagar el cristianismo y el jeque egipcio Omar Abdel Rahman, detenido desde 1995 en Estados Unidos, bajo la acusación de ser el organizador del atentado al World Trade Center de Nueva York de 1993.
El ministro del régimen talibán Wakil Ahmed Muttawakil, el domingo anterior al atentado, negó enérgicamente que se hubiera iniciado un diálogo con Washington para la liberación del terrorista egipcio a cambio de la expulsión de los occidentales. Ahora bien, admitió que Afganistán podría
considerar la hipótesis de un intercambio, pero sólo después del juicio.
Las declaraciones del ministro fueron publicadas por el diario italiano «Il Manifesto», el 12 de septiembre.
Los ocho cooperantes, de los que seis son mujeres son las estadounidenses Heather Mercer y Dana Curry; los australianos, Diana Thomas y Peter Bunch; y los alemanes, Georg Taubmann, Silke Duerrkopf, Margrit Stebner y Kati Jelinek. No se sabe nada de los 16 afganos arrestados al mismo tiempo, ni de los 35 arrestados en un segundo momento.
El pasado 7 de septiembre comenzó el juicio en el que se les acusa de convertir a fieles del Islam al cristianismo. En ese día, el Gobierno talibán intensificó su campaña contra las organizaciones de ayuda internacional exhibiendo Biblias y películas que, según dice, han sido confiscados a los trabajadores expulsados a principios de septiembre.
En caso de ser declarados culpables, los ciudadanos podrían ser condenados a muerte. Esta sentencia se podría dictar más fácilmente en el caso de los ciudadanos afganos.
El juicio y las exhibiciones del Gobierno tienen un objetivo: acosar a las organizaciones humanitarias occidentales y animar a las organizaciones caritativas islámicas a ocupar su lugar. A la
International Assistance Mission (IAM) y a «Serve», dos grupos de ayuda muy respetados, se les dieron 72 horas para cerrar sus oficinas y dejar el país.
Las autoridades islámicas han anunciado la creación de una nueva comisión para regular las organizaciones de ayuda. El decreto obliga a las organizaciones internacionales a depositar sus fondos en el banco estatal afgano y a contratar a afganos, aprobados por el Gobierno, para la administración de sus operaciones.
