OTTAWA, sábado, 23 julio 2005 (ZENIT.org).- La aprobación de la legislación que permite el matrimonio de parejas del mismo sexo en Canadá ha sido fuertemente criticada por los obispos del país. Esta semana, el Senado aprobaba la ley, apoyada por el Partido Liberal, tras la decisión del gobierno de impedir un debate.
En una declaración hecha pública el mismo día que los comunes votaron a favor de la ley, el 28 de junio, el arzobispo Brendan O’Brien, presidente de la Conferencia Episcopal, expresaba su pesar por el «desafortunado paso hacia la eliminación del reconocimiento civil y social y la apreciación de la importancia única de la relación comprometida de un hombre y una mujer en el matrimonio».
Insistía en que, al permitir a las parejas del mismo sexo el casarse, el gobierno está poniendo en peligro «el futuro del matrimonio como institución social fundamental, junto con la importancia que la sociedad acuerda al papel irreemplazable de un marido y una esposa al concebir y criar a los hijos».
El arzobispo O’Brien observaba también que hay un «peligroso deterioro» de valores comunes en Canadá, con altos índices de rupturas matrimoniales y aborto, y una caída en el número de nacimientos.
Advertencia a los políticos
A consecuencia de la votación del parlamento ha habido también una controversia renovada sobre el tema del apoyo de algunos políticos católicos al matrimonio del mismo sexo.
El periódico Ottawa Citizen del 6 de julio informaba que a Charles Angus, un miembro del parlamento por Timmins-James Bay, se le había negado la posibilidad de recibir la comunión por parte de su párroco. El padre John Lernire había advertido a Angus hace algunos meses que esto ocurriría si continuaba apoyando la ley de matrimonios del mismo sexo, indicaba el artículo. La decisión del sacerdote fue apoyada por el arzobispo de Timmins, Mons. Paul Marchand.
A otro parlamentario católico, Joe Comartin, se le ha prohibido impartir cursos sobre el matrimonio en su parroquia, según informó el National Post el 9 de julio. El artículo, citaba a Sylvain Salvas, director de comunicación de la conferencia episcopal, quien aclaraba que no hay orientaciones a nivel nacional sobre cómo cada diócesis tiene que comportarse ante estos políticos.
Pero Salvas añadía: «Hemos dejado bastante clara nuestra postura nacional sobre el tema. La conferencia ha intervenido casi 30 veces ante el Tribunal Supremo y el senado oponiéndose al matrimonio del mismo sexo».
El obispo de la diócesis de London, en la que está situada la parroquia, Mons. Ronald Fabbro, distribuyó una carta a los parroquianos explicando la decisión.
El Vaticano ha dejado claro que los políticos católicos deberían votar en contra del matrimonio del mismo sexo. El 31 de julio de 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicaba una declaración titulada «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales».
Todos los católicos, indicaba el documento, «obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales» (No. 10). Y añadía: «los políticos católicos lo están en modo especial». En cuanto a las propuestas legislativas sobre el tema, «el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral».
Testigo de la verdad
El documento vaticano también pedía que, si la legislación reconociendo los matrimonios del mismo sexo se aprobase, el político católico «debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad».
De hecho, se pide a todos los católicos que se opongan a tales leyes, una vez en vigor. «Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas, y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia» (No. 5).
Otra cuestión en juego es si el Partido Liberal en el poder sufrirá el castigo de los votantes católicos por su apoyo a los matrimonios del mismo sexo. Un comentario sobre el asunto, de Jeffrey Simpson, publicado el 13 de julio en el periódico Globe and Mail, ponderaba el fenómeno del apoyo católico al Partido Liberal en el poder.
Simpson observaba que, en las elecciones desde 1965, los católicos de fuera de Québec han preferido a los liberales en Ontario y en la Canadá Atlántica en un porcentaje de 18 puntos sobre el resto de partidos. En Ontario, los católicos son el 30% del electorado, y el 40% en las provincias atlánticas. «Sin un gran empuje entre los católicos, la supremacía liberal se evaporaría en ambas regiones – y, sin ella, la fuerza del partido para estar en el poder», comentaba Simpson.
El Comité Permanente del Senado sobre Asuntos Legales y Constitucionales ha estado recogiendo evidencias sobre la ley que ha permitido en las pasadas semanas que las parejas del mismo sexo se casen. El 13 de julio el cardenal Marc Ouellet, arzobispo de Québec y primado de la Iglesia de Canadá, y Hélène Aubé, una abogada y madre de Gatineau, presentaron un documento subrayando la oposición de la Iglesia a la ley propuesta.
El documento de la Iglesia observaba: «Ni el estado ni las religiones han inventado el matrimonio ni determinado sus componentes naturales. Simplemente han institucionalizado una realidad que existía bastante antes de ellos, reconociendo de tal modo que las características inherentes a esta realidad – la estabilidad de la pareja, así como la procreación y educación de lo hijos – asegurarían el bien común de la sociedad».
¿Igualdad?
La decisión de otorgar reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo está, afirma el texto, basada en una falsa comprensión de lo que significa la igualdad entre personas y sobre la cuestión de la dignidad humana y los derechos de las minorías.
El texto también explicaba que el matrimonio es más que sólo una relación entre dos adultos que consienten, animados al mutuo cumplimiento. «Posee otro elemento constituyente, a saber, el potencial procreativo del hombre y de la mujer que dan su consentimiento».
Y refiriéndose a la cuestión de los hijos: «Debe añadirse también que con respecto a la educación de los hijos, no pueden razonablemente atribuirse los mismos valores a ambos tipos de unión. El principal derecho de los hijos es el de nacer de un acto de amor y vivir en completa comunión con un padre y una madre».
Dada la situación, la discriminación no es sufrida por los homosexuales que no pueden casarse; más bien, los matrimonios del mismo sexo serían injustos y discriminatorios hacia las parejas heterosexuales. El textos sostiene que «el estado debe acordar un tratamiento especial a un hombre y una mujer que se casan no por la exclusividad, dependencia, duración o naturaleza sexual de su unión, sino por su función vital de procreación y su función de socialización que está animada por la complementariedad del hombre y de la mujer para mayor bien de sus hijos».
El documento explicaba que promover el matrimonio del mismo sexo sobre el fundamento de la «igualdad de derechos» se basa en un mal entendimiento de lo que significa la dignidad humana. «La igualdad y dignidad de las personas no depende de la raza, la religión, el sexo, la orientación sexual o el estatus marital», afirmaba. «Su dignidad e igualdad se basan en el simple hecho de que son miembros de la raza humana. Respetar su dignidad, no obliga al estado ni a la sociedad a aceptar legalmente su ‘estilo d
e vida’ que no tiene ninguna razón para ser reconocido como un valor social».
El texto también expresaba su miedo sobre lo que ocurrirá con respecto a la oposición católica al matrimonio del mismo sexo. Mientras la ley afirma que se protege la libertad de religión y que aquellos que celebran matrimonios pueden rechazar a parejas del mismo sexo, mucho dependerá de la voluntad de las provincias para garantizar este derecho.
En años recientes, la oposición al matrimonio del mismo sexo ha sido descrita como homófoba. «Una vez que el estado impone una nuevo estándar afirmando que el comportamiento homosexual es un bien social, quienes se oponen a él por motivos religiosos o por motivos de conciencia serán considerados como fanáticos, anti-gays y homófobos, y por tanto se arriesgan a ser procesados». El asunto parece que levantará más controversias.
