BOGOTÁ, 13 noviembre 2002 (ZENIT.org).- El secuestro por parte de las FARC de monseñor Jorge Enrique Jiménez, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y del sacerdote Desiderio Orjuela, ha provocado una oleada de preocupación y de firme rechazo en todo el mundo
Monseñor Jiménez –también obispo de la ciudad de Zipaquirá, a 40 kilómetros de Bogotá– y el sacerdote Desiderio Orjuela, párroco de Pacho (Cundinamarca), fueron secuestrados el lunes por la mañana en una zona rural, hecho atribuido por el Ejército a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El secuestro de los dos religiosos ha motivado mensajes de solidaridad de todo el mundo: desde el Vaticano e innumerables Conferencias Episcopales al gobierno de Estados Unidos, además de suscitar las voces de protesta de los fieles de Zipaquirá y la petición de liberación de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.
En Zipaquirá tuvo lugar el martes por la mañana una marcha de protesta y al mediodía se celebró una misa, a la que asistieron cerca de 500 fieles, para pedir, con banderas blancas, la libertad del obispo y del sacerdote. «¡Vivo se lo llevaron, vivo lo necesitamos!», entonaron los feligreses. «Monseñor, amigo, Cristo está contigo», añadieron.
El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, el cardenal Pedro Rubiano, dijo este martes que «el mayor de los crímenes que se puede cometer en el país es el secuestro de una persona, y más cuando se trata de servidores de la comunidad».
Operaciones de rescate
La ministra de Defensa colombiana, Martha Lucía Ramírez, dijo este martes a la prensa colombiana que las operaciones de rescate comenzaron el mismo lunes en la región de Pacho, donde se produjo el secuestro.
«Se inició un despliegue importante de tropas hacia toda esa región, y desde esta mañana (del martes) se intensificó con algunos helicópteros adicionales, que han llegado para apoyar el operativo», aseguró la ministra.
El ejército persigue a los guerrilleros del frente «Manuela Beltrán» de las FARC, supuestamente autores del secuestro, según informó el comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora.
Se entregarán 100 millones de pesos ()de recompensa a la persona que entregue información que facilite las operaciones. En ellas participan cerca de 300 hombres presentes en San Antonio de Aguilera, jurisdicción de Topaipí, donde fueron retenidos los dos religiosos.
Análisis del secuestro
Aunque ningún grupo se ha atribuido el secuestro, la Iglesia presume que se trata de una acción política de las FARC relacionada con la propuesta de canje que ha hecho el grupo insurgente, que mantiene retenidos a 35 miembros de corporaciones públicas, entre ellos a una ex candidata a la presidencia, dos ex ministros y un gobernador, y a 47 miembros de la Fuerza Pública.
Monseñor Pedro Rubiano, presidente del Episcopado Colombiano, ha pedido a los secuestradores «que digan claramente qué es lo que quieren».
Sin embargo, también ha insistido en que «no se puede pensar en el canje de una persona por otra, pero sí en acuerdos humanitarios que deben ser analizados muy a fondo». Además, contempló la posibilidad de que el secuestro sea una alternativa de la guerrilla para «presionar por todas partes para lograr el poder».
A pesar de que este suceso «golpea y pone barreras a un proceso de paz», insistió en que la Iglesia está dispuesta a servir de mediadora para lograr la conciliación del país. «Pero se requiere una muestra de voluntad de paz y esto implica liberar no solo a monseñor Jiménez, sino a más de dos mil personas que tienen retenidas».
Según el obispo de Ocaña (norte de Santander), monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, el secuestro del prelado ha sido «un grave error de la guerrilla», puesto que lo sucedido degradará aún más la imagen de las FARC.
Jesús López, gobernador de Córdoba, está convencido de que con el doble secuestro «la guerrilla intenta desafiar a la política de seguridad deseada por el gobierno y presionar sobre cuestiones como la del “intercambio humanitario” de los prisioneros en sus manos por los combatientes detenidos».
El doble secuestro también ha sido calificado como «un obstáculo más para llegar a un acuerdo humanitario con las FARC», en palabras del presidente de la Cámara de los Representantes, William Vélez.
Monseñor Fabián Marulanda, secretario del Episcopado, observó que este secuestro tiene una connotación especial por tratarse de una persona conocida a nivel de Latinoamérica y mundial, puesto que monseñor Jiménez es presidente del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano).
El organismo agrupa a 22 conferencias episcopales de América Latina y del Caribe y coordina las actividades pastorales de los obispos de estos países.
«Yo creo que están tratando de impresionar a todo el mundo católico», dijo monseñor Marulanda.
El secuestro del presidente del CELAM ha obligado a su vicepresidente, el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, a viajar urgentemente desde Santiago de Chile –de donde es arzobispo– a Bogotá para ponerse al frente de las actividades del organismo.
Luis Augusto Castro, arzobispo de la norteña ciudad colombiana de Tunja, señaló que «con las FARC se ha trabajado y colaborado en varias ocasiones en la búsqueda de objetivos sanos como justicia y paz, pero es extraño que con una mano se escriba una cosa y con la otra se borre lo que se ha hecho».
«La lectura pesimista es que las FARC han tomado una línea de oposición y de guerra a la Iglesia que no les conviene. Sería una línea muy extraña de las FARC, altamente catastrófica y que indicaría la radicalización de la guerra», agregó el prelado.
La Iglesia, en el punto de mira
Los grupos armados han aumentado sus acciones contra los representantes de la Iglesia en los últimos 18 años.
La Conferencia Episcopal Colombiana contabiliza más de 100 ataques entre asesinatos, secuestros, amenazas y agresiones desde 1984. Entre las víctimas figuran sacerdotes, misioneros, seminaristas y dos prelados asesinados a tiros.
El primero de ellos fue monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, muerto el 2 de octubre de 1989 por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El prelado fue retenido por guerrilleros del frente Domingo Laín y la Compañía Simacota, de ese grupo subversivo, en Fortul (Arauca). Su cuerpo fue hallado al día siguiente del secuestro a un lado del camino.
En marzo pasado, fue asesinado por sicarios monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali, cuando salía de la Iglesia El Buen Pastor, de la capital vallecaucana.
Actualmente, las regiones más peligrosas para el ejercicio pastoral son Caquetá, Arauca, Norte de Santander, el Magdalena Medio, Antioquia y algunos sectores de Apartadó, Duitama, Sincelejo, Sucre y Cartago.
En lo que va de año han sido asesinados en Colombia una decena de religiosos. Otros seis han sido secuestrados.
