Durante su comparecencia ante el Senado, el nuevo secretario de Estado
(ministro de Exteriores) Colin Powell, declaró que le gustaría ver una
reducción en el número de sanciones económicas. Como informaba el
«Washington Times» (30 de enero), Powell dijo que estaba
«sorprendido» por
el número de paises que eran objeto de sanciones totales o parciales.
«Había listas y listas en los informes –dijo Powell–. Querría animar a
los miembros del Congreso a detenerse un momento, contar hasta diez,
y que
me llamaran», antes de imponer una nueva sanción.
La Administración Clinton, sólo en su primer mandato, aprobó medidas
económicas unilaterales contra 35 países, desde Afganistán hasta
Yugoslavia, según un estudio financiado por la Asociación de Industrias de
Manufactura (NAM). El estudio, llevado a cabo en 1997, indicaba que el
coste de estas sanciones para la economía norteamericana era de entre
15.000 y 19.000 millones al año en pérdidas de ventas y contratos, datos
rebatidos acaloradamente por los partidarios del embargo.
Algunos países miembros de la ONU también cuestionan el uso político
de las
sanciones, tal como informaba el «Financial Times» el pasado 7 de
diciembre. Tras la aprobación de 12 planes de embargo en 10 años –en
comparación con solamente dos (contra Rhodesia en 1966 y Sudáfrica en
1977)
en los primeros 45 años de existencia de Naciones Unidas–, los estados
miembros se muestran cautelosos con un arma política que a veces se ha
comprobado que resulta dañina para la población, mientras que ha
fracasado
en lograr su objetivo.
Los críticos de las sanciones indican que el embargo, en su conjunto, tal
como fue impuesto a Irak en 1990 y a Haití en 1993, ha tenido efectos
devastadores desde el punto de vista humanitario, y es improbable que se
imponga de nuevo. Mientras que las llamadas sanciones «inteligentes»,
cuyo
objetivo son los líderes considerados por Estados Unidos como «chicos
malos» y los llamados «grupos rebeldes», que intentan evitar víctimas
civiles, a menudo se ha probado que no son efectivas y que comprometen
la
credibilidad de la ONU.
Quienes se oponen al castigo económico como arma política, vieron su
posición confirmada por un estudio reciente en el que se ve que el
embargo
de Estados Unidos contra Cuba ha tenido un efecto mínimo. La agencia
Reuters (17 febrero) informaba que, según el estudio llevado a cabo por la
Comisión de Comercio Internacional estadounidense para el Comité del
Congreso sobre métodos y recursos, las sanciones tuvieron escasas
consecuencias en Cuba puesto que este país pactó rápidamente una
alianza
económica y política con la Unión Soviética.
El estudio afirmaba que aunque Cuba atribuye al embargo norteamericano
un
coste de 67.000 millones de dólares en el periodo que transcurre hasta
1998, no tuvo en cuenta el valor de la ayuda económica procedente de la
URSS desde 1960.
Los partidarios del embargo
Sin embargo, en días recientes se ha publicado un número de artículos
defendiendo el uso de las sanciones. En el «New York Times» (28 enero),
Aryeh Neier, presidente del «Open Society Institute», admitió que, dado
que
el total actual de países sometidos a sanciones internacionales es de 75,
el deseo de Powell de reducirlos es comprensible. Sin embargo, añadió
Neier, sería un error abandonar la medida coercitiva del embargo en
situaciones en las que no hay otra posibilidad.
Respaldando su postura, Neier observó que hay evidencia de que las
sanciones económicas están finalmente teniendo un efecto sobre la Junta
Militar en Myanmar (Burma). Hace poco, los militares iniciaron
negociaciones con Aung San Suu Kyi, líder de la oposición, y esta cesión
se
produjo tras la presión de la comunidad internacional, incluyendo un veto
de nuevas inversiones y una prohibición de conceder el visado a los
miembros de aquel régimen militar. Neier también observó que Sudáfrica
representa otro ejemplo de sanciones que han tenido un efecto beneficioso
en materia de derechos humanos.
En el caso de Irak, Neier indicaba que la ONU dio pasos para aliviar el
apuro de los ciudadanos iraquíes con la introducción del programa
«petróleo
a cambio de alimentos», que permite a Irak vender petróleo y usar estos
ingresos para comprar alimentos y medicinas. Pero la población sigue
sufriendo, en gran parte porque Saddam Hussein ha optado por no gastar
dinero en las necesidades humanitarias de su pueblo.
Desde los cuarteles conservadores, igualmente se ha defendido el uso de
las
sanciones. En «National Review Online» (1 febrero), Frank J. Gaffney, un
colaborador editorial, comentó que el coste de las sanciones unilaterales
se ha exagerado. Citó un estudio de la Oficina del Presupuesto del
Congreso, de 1998, que indica un coste neto inferior a 1.000 millones
anualmente sobre las entradas nacionales. Ésto se debe a que los
principales objetivos de las sanciones fueron países con los que Estados
Unidos tiene relativamente poco comercio.
Los conservadores han llamado también a que se actúe en el caso de
China.
Desde hace algunos años, los grupos conservadores, así como otros que
actúan en favor de la libertad religiosa, han pedido con insistencia que se
limite el comercio con China.
Mientras tanto, en el «Washington Post» (18 febrero), el columnista Jim
Hoagland opinó a favor de las sanciones, manteniendo que el reciente
juicio de un agente libio en La Haya fue solamente posible porque
Moammar
El Gaddafi estaba desgastado por las sanciones. Hoagland admitió la
necesidad de ajustar las sanciones en algunos casos, mientras afirmaba
que
representan un método corriente de presión en política exterior y que su
uso debe continuar.
¿Dónde la próxima?
Las sanciones han sido una opción popular durante cierto tiempo. De
hecho,
entre 1945 y 1990, había más de sesenta casos de embargo iniciado por
Estados Unidos. Sin embargo, su uso se ha incrementado hasta el punto
que
un estudio calculaba que, hacia 1998, la mitad de la población mundial
vivía en países bajo algún tipo de sanciones norteamericanas. Y, al mismo
tiempo, el índice de éxito de las sanciones descendía, en gran parte
porque
otros países no desean apoyar las decisiones unilaterales
estadounidenses.
La dificultad de alcanzar una posición satisfactoria en esta materia se ve
en el modo en que la política tradicional se rompe cuando se llega a
oponerse a las sanciones. Los intereses del mundo de los negocios y
agrícola, impacientes por exportar su productos, se unen a los de los
políticos liberales y organizaciones, preocupados por el impacto
humanitario de las sanciones.
Una de las razones por las que las sanciones han sido criticadas en los
últimos años, es la extensión del sufrimiento civil en Irak. Aunque haya
sido causado en mayor medida por la decisión de Hussein de usar a la
población civil como rehén para persuadir a la opinión occidental de que
aligere las sanciones, ésto demuestra la dificultad de usar este arma
contundente. No solamente las sanciones han fracasado en su objetivo de
pacificar a Hussein, sino que han causado mucho sufrimiento, quien
quiera
que sea el responsable.
No es tan sencillo como decir que las sanciones deberían eliminarse. En
los
casos en los que los regímenes no están abiertos a las negociaciones,
constituyen a menudo la única arma a mano para presionar a un gobierno.
Ciertamente la intervención armada como alternativa a las sanciones es
po
co
probable que goce de la simpatía de la población civil.
Sin embargo, persiste el problema de cómo evitar el perjuicio a inocentes
mientras se imponen sanciones. Por esta razón, muchos hacen ahora un
llamamiento a un cambio en el modo en que las sanciones están
planteadas,
de manera que puedan ser más selectivas en su impacto sobre la
población de
un país. Otras mejoras incluyen tolerar una amplia discreción en su
implementación, de manera que se permita una flexibilidad a los dirigentes
políticos.
Ante estos serios defectos en el uso de las sanciones, el desafío actual
para la Administración Bush es cómo reformar su implementación en
vista del
creciente coro de críticas procedentes de quienes están preocupados por
sus
consecuencias lesivas.
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