WASHINGTON, 30 de noviembre de 2002 (ZENIT.org).- Hay grandes esperanzas de que el Congreso, fruto de las recientes elecciones, favorecerá una legislación pro-vida. Incluso antes de las elecciones del 5 de noviembre, había mejorado la esperanza para los no nacidos.
El número de abortos en Estados Unidos, por ejemplo, ha caído durante los últimos años, informaba el Washington Times el 9 de octubre. Los abortos bajaron de 1,56 millones en 1987 a 1,42 millones en 1994, según un informe publicado por el Alan Guttmacher Institute. Y en el año 2000, la cifra había caído hasta 1,31 millones de abortos, aunque algunos observadores apuntan a que los datos no tienen en cuenta los abortos químicos inducidos por la píldora del día después.
La tasa de abortos en las adolescentes de 15 a 17 años ha sido la que ha visto mayor caída, desde los 24 por cada 1000 de 1994 hasta 15 abortos por cada 1.000 adolescentes en el año 2000.
Laura Echevarria, portavoz del National Right to Life Commitee, declaraba que las leyes que requerían el consentimiento paterno o su notificación para abortar han jugado un papel determinante en la bajada del porcentaje de embarazos y abortos de adolescentes.
«También ha habido en los últimos años un esfuerzo concertado de los grupos pro-vida, departamentos de salud y otros para animar a los adolescentes a que piensen realmente en las consecuencias de comenzar su actividad sexual en una edad temprana, y creo que ha ayudado a que los adolescentes presten atención» a estas situaciones, afirmaba Echevarria.
En el campo legislativo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una ley para reforzar las cláusulas de conciencia, permitiendo a los responsables de cuidados médicos que rechacen el realizar abortos. Reuters en aquel momento (25 de septiembre) explicaba que no se espera que el Senado tome en cuenta la ley. La ley permite a cualquier entidad sanitaria, que incluye tanto seguros sanitarios como hospitales, rechazar el ofrecer o cubrir los servicios necesarios para abortar sin ser penalizada por ningún programa estatal o federal.
El cardenal Anthony Bevilacqua, presidente del Comité de actividades pro-vida de los obispos de Estados Unidos, dio la bienvenida a esta legislación en una carta del 8 de octubre escrita a los senadores urgiéndoles a tomar en cuenta la Ley de No-discriminación por Aborto. «En los últimos años se ha hecho un esfuerzo creciente en el ámbito nacional para atacar los derechos de conciencia de los católicos y de otros responsables de cuidados sanitarios», observaba el cardenal.
El estatus de los embriones y los fetos
La administración Bush también ha dado recientemente algunos pasos para proteger al no nacido. El Washington Post del 30 de octubre informaba que la carta del comité consultivo federal, que trata la seguridad de los voluntarios en la investigación, se había corregido para indicar, por primera vez, que los embriones en los experimentos son sujetos humanos, cuyo bienestar hay que tener en cuenta como el de los fetos, niños y adultos.
El cambio no significa que a los embriones usados en la investigación se les dé necesariamente la misma protección que a los fetos, a los niños o a los adultos. El comité sólo puede hacer recomendaciones al Departamento de Salud y Servicios Humanitarios para cambiar las directrices de investigación.
Pero, informaba el Post, el cambio es una victoria para quienes están a favor de aumentar la protección del no nacido. Podría incluso llevar algún día a mayores restricciones en la investigación con embriones en algunas clínicas de fertilidad, universidades y laboratorios de investigación.
De hecho, la campaña de las fuerzas pro-vida contra el uso de tejidos fetales en los experimentos médicos ha logrado una victoria parcial el día en que los científicos de la Universidad del Nebraska Medical Center anunciaron que usarían menos de dos tercios de las células cerebrales de abortos selectivos en su investigación.
El Dr. Howard Gendelman, director del Centro Universitario de Nebraska para los Desórdenes Neurovirólogos y Neurodegenerativos, afirmó que esta reducción muestra que su equipo es sensible a la preocupación sobre las células fetales, informaba el Omaha World Herald del 11 de noviembre. Afirmó que la reducción es incluso mayor considerando que tiene lugar cuando los fondos federales para la actividad investigadora se han cuadruplicado.
Un portavoz del gobernador Mike Johanns, que se opone a la investigación con células fetales, consideró la reducción como un «paso muy positivo».
El cuerpo de rectores de la Universidad de Nebraska aprobó unánimemente la investigación con células fetales a finales de 1999, pero desde entonces se han sumado al mismo dos rectores que se oponen a ello. La universidad no hizo público su uso de tejidos fetales hasta que fue forzada a hacerlo por los reportajes de los periódicos en noviembre de 1999.
Otro paso adelante en la protección de los fetos se dio cuando la administración Bush anunció que clasificaría a los fetos como niños no nacidos, para ampliar el cuidado prenatal a las mujeres embarazadas de bajos ingresos, informaba Associated Press el 27 de septiembre.
El cambio significa que los estados podrán extender la asistencia médica a los fetos desde el momento de la concepción, incorporándolos al Programa de Asistencia Médica para Niños Estatal. Las nuevas normas permiten específicamente cobertura para todos los fetos, incluso si las madres son inmigrantes que no tienen acceso a la ayuda gubernamental.
Puesto que el programa está dirigido a los niños, no cubre normalmente a los padres o a mujeres embarazadas, aunque los estados pueden lograr el permiso de incluir a los adultos si lo piden. Con las nuevas normas será un tema de rutina para los estados el añadir los niños no nacidos a sus programas.
El caso de defensa del feto
El estatus de los fetos también se ha reforzado, después de que la decisión de la Corte de Apelaciones de Michigan afirmara que una mujer embarazada tiene derecho a defender al feto, incluso si esto significa matar a su atacante, informaba el Detroit Free Press el 9 de octubre. La decisión cambió la sentencia contra Jaclyn Kurr por matar a su novio y ordenó un nuevo juicio, puesto que el anterior no instruyó a los jurados sobre el «actuar en defensa de otro».
Kurr tenía derecho a presentar la teoría bajo el acta de protección fetal del estado, afirmó el tribunal. Esta ley de 1998 castiga a una persona que dañe o mate un feto o un embrión durante un asalto a una mujer embarazada.
Kurr, que estaba embarazada, fue pinchada dos veces en el estómago por su novio, Antonio Pena. Kurr afirmó que había advertido a Pena que no la volviera pinchar porque estaba embarazada. Cuando Pena la volvió a atacar, Kurr lo apuñaló en el pecho, declaró a la policía. Kurr perdió el niño algunas semanas después.
Heather Bergmann, fiscal de apelación del Condado Kalamazoo, afirmó que apelará al Tribunal Supremo de Michigan.
Casi la mitad de los estados tienen leyes de protección del feto, observaba George F. Will en su comentario al caso, publicado el 27 de octubre en el Washington Post. La protección sólo se aplica en casos de agresión por parte de terceros, no por las madres mismas cuando quieren abortar, dado que este acto está garantizado por el dictamen de 1973 de Roe contra Wade del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Reconciliar una cultura abortista con la protección a los fetos es una «imposibilidad», defendía Will. Observaba como el nuevo sistema de ultrasonidos que vende General Electric muestra a una mujer embarazada y su marido maravillándose ante una imagen asombrosamente clara de las características de su bebé no nacido.
Sin embargo, observaba, el Tribunal Supremo en la sentencia Roe calificó a tales beb
és como «vida potencial». Esto, decía Will, es «una opinión extraña que podría perdonarse si esto fuera el siglo XI, desconociendo todo sobre embriología y microbiología – si el principio de la vida fuera un tema de conjeturas faltas de información».
«El aborto es una violación de los derechos humanos incomparable en magnitud y una atrocidad para la entera familia humana», afirmaban los obispos de Estados Unidos en su declaración del 12 de noviembre con motivo del 30 aniversario del la decisión Roe contra Wade. Desde aquel fatídico día de 1973, cerca de 40 millones de vidas han sido destruidas, observaban.
«Hablaremos abiertamente sobre la santidad de todas y cada una de las vidas humanas dondequiera que estén amenazadas, desde la concepción hasta la muerte natural, y urgimos a las personas de buena voluntad a hacer lo mismo», afirmaban los obispos. Muchos esperan que los legisladores y tribunales atiendan más estas voces en los meses venideros.
