JARTUM, sábado, 5 junio 2004 (ZENIT.org).- Hace dos semanas aumentaban las esperanzas de paz en Sudán con la firma de un acuerdo entre el gobierno y los rebeldes del sur. El 27 de mayo, Reuters informaba de que los acuerdos podrían ayudar a poner fin a la guerra civil de más larga duración de África. Los acuerdos establecían el status de tres áreas disputadas – las montañas Nuba, el sur del Nilo Azul y Abyei- y fijaba los arreglos para el reparto de poder tras la guerra.
Los datos exactos sobre las consecuencias de la guerra son difíciles de obtener. Algunas estimaciones dicen que esta guerra, de 21 años de duración, entre el gobierno islámico y los rebeldes principalmente cristianos y animistas ha dejado 2 millones de muertos y forzado a otras 4 millones de personas a abandonar sus hogares.
Sin embargo, estos acuerdos no resuelven un conflicto que se extiende en la zona de Darfur, lo que ha aumentado la preocupación por todo el oeste de Sudán. El 25 de mayo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pedía el inmediato despliegue de observadores internacionales en la región de Darfur, informaba al día siguiente Associated Press.
Obstaculizados los esfuerzos de ayuda
Una nota de prensa de Naciones Unidas publicada el 26 de mayo subrayaba los problemas para proporciona ayuda a Darfur. El gobierno sudanés ha levantado algunas restricciones a las visitas humanitarias a los refugiados, pero ha impuesto otras restricciones que, junto con la insuficiente financiación externa, impiden en la práctica la asistencia oportuna, afirmaba Jan Egeland, jefe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.
En el día en que se anunciaban nuevos procedimientos, las Naciones Unidas tenían 93 visados pentidentes y algunas de las organizaciones no gubernamentales más importantes todavía estaban esperando visados para más de 60 trabajadores de relevo, explicaba Egeland.
Además, el Fondo de Naciones Unidas para los Niños, UNICEF, declaró recientemente que su exención para importar medicamentos podría revocarse, haciendo obligado que experimenten retrasos de varios meses mientras las ayudas médicas son comprobadas en los laboratorios sudaneses, afirmaba. Mientras tanto, la estación de las lluvias está próxima, lo que hará los caminos impracticables.
Miedo a un nuevo genocidio
La información de primera mano sobre la situación en el oeste de Sudán es escasa, debido a las restricciones gubernamentales a los periodistas y a los trabajadores humanitarios. Los informes de prensa de los últimos meses hablan de ataques sangrientos a poblados, llevados a cabo por miembros del ejército sudanés y la fuerza aérea, así como de raids de una milicia árabe aliada de Jartum conocida como «Janjaweed».
En un informe sobre Sudán publicado el 23 de mayo, International Crisis Group (ICG) señalaba que hace apenas un mes que la comunidad internacional vivió el décimo aniversario del genocidio ruandés con promesas de «nunca más». ICG advertía que sin una acción decisiva una ya «limpieza étnica sustancial» podría volver a ocurrir tan mortal como en Ruanda.
El informe estimaba que las muertes en Darfur desde que estalló el conflicto en febrero de 2003 suman las 30.000 personas. La zona hace frente ahora al peligro de otras 350.000 muertes debidas al hambre y la enfermedad, afirmaba el informe.
Según ICG, no ha funcionado un alto el fuego firmado por el gobierno sudanés y los rebeldes de Darfur. Más de un 1.2 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares y ahora viven en campos mal controlados por el gobierno dentro de Darfur, donde siguen siendo vulnerables al ataque de los Janjaweed.
El informe explicaba que las causas de raíz tras la rebelión en Darfur incluyen «la marginalización económica y política, el subdesarrollo, y una política del gobierno que desde hace mucho tiempo arma y respalda a las milicias de las tribus nómadas árabes de Darfur contra las mayores comunidades agrícolas africanas».
Los rebeldes tuvieron algunos éxitos en los primeros meses. Pero pronto el gobierno lanzó a las milicias Janjaweed, respaldadas por sus fuerzas regulares, sobre las poblaciones civiles que se pensaba apoyaban a los insurgentes. El conflicto se diferencia de la rebelión en el sur, que se caracterizaba por un gobierno islámico en contra de cristianos y animistas. La población de Darfur es uniformemente musulmana, pero el gobierno ha manipulado las divisiones étnicas entre las comunidades árabes y africanas.
«Esto ha llevado a desplazamientos masivos, asesinatos indiscriminados, saqueos y violaciones en masa, todo parte de un esfuerzo deliberado por vaciar los lugares clave de la región de quienes se sospecha abrigan simpatías con los rebeldes», explicaba el informe de ICG.
De igual forma, la organización Human Rights Watch en un informe del 7 de mayo acusaba al gobierno de Sudán de erradicar por la violencia las poblaciones Masalit y Fur de gran parte de Darfur «en operaciones que se suceden para una limpieza étnica».
Los ataques fueron dirigidos contra civiles y han incluido el incendio de aldeas, asesinatos masivos, desplazamientos forzados de población, destrucción de reservas de alimentos y saqueo de ganado por las fuerzas del gobierno y la milicia. Los métodos van más allá de una estrategia contra la insurgencia, según Human Rights Watch.
Human Rights Watch pidió más acción a la comunidad internacional para tratar los abusos en Darfur. La ONU y las naciones europeas han condenado las violaciones de derechos humanos, pero un grupo de observadores ha afirmado que la postura ha sido hasta ahora demasiado blanda. Los Estados Unidos han tomado la postura más fuerte sobre el tema. Pero el informe comentaba que quienes diseñan la política de Estados Unidos y Europa no están unidos en su postura sobre Darfur, permitiendo a Sudán jugar con gobiernos unos en contra de otros para su propia ventaja.
Y el informe acusaba a países africanos de «condenar poco o no condenar» los abusos cometidos en Sudán. De hecho, los miembros africanos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han ayudado a minar una resolución propuesta en abril para designar un ponente especial y condenar los abusos del gobierno de Jartum en Darfur.
El papel del gobierno confirmado por la ONU
El 7 de mayo, la oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicaba un informe sobre la situación en Darfur. Un equipo de Naciones Unidas durante una visita escuchó el testimonio de refugiados sobre cómo sus aldeas habían sufrido bombardeos aéreos así como ataques de helicópteros armados. Aunque el equipo de Naciones Unidas no vio evidencias de primera mano de los bombardeos, el informe concluía que «el peso de los testimonios de testigos alegando el uso de ataques aéreos, con frecuencia con mucho detalle, levanta considerable inquietud de que el gobierno de Sudán está usando, en algunas localidades, ataques aéreos indiscriminados sobre centros de población».
Los testigos entrevistados también confirmaron la presencia de soldados del gobierno en los ataques de infantería a las aldeas, junto con la presencia de la milicia Janjaweed. El informe también mencionaba que los entrevistados describían de forma invariable a los Janjaweed como siendo exclusivamente «árabes», en oposición a las víctimas que eran descritas como «negros» o «africanos».
El informe de Naciones Unidas no tiene dudas en concluir que el gobierno sudanés está implicado en los ataques. «Mientras el gobierno de Sudán ha mantenido que está haciendo un esfuerzo concertado para reestablecer la ley y el orden y un control eficaz en la región pero que sus esfuerzos se ven minados por las acciones de los rebeldes, esto no responde, en opinión de la misión, con la realidad en el terreno», afirmaba el informe.
E
l equipo de Naciones Unidas también confirmó que el gobierno estaba detrás de las actividades de la milicia. «Muchos con quien habló la misión, incluyendo a altos funcionarios del gobierno, indicaron que el gobierno ha reclutado, uniformado, armado, apoyado y financiado a las milicias», concluía el informe.
El informe se centraba en las acciones del gobierno, observando que no se permitió a los funcionarios de las Naciones Unidas visitar las áreas controladas por los rebeldes. El informe hacía notar, sin embargo, que las fuerzas rebeldes también parecen ser culpables de violaciones de los derechos humanos. Después de todo, los 21 años de violencia en Sudán no han terminado.
