SANTIAGO, miércoles, 27 abril 2011 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Chile ha presentado el Protocolo ante Denuncias contra Clérigos por abusos de menores, y ha anunciado la conformación del Consejo que se encargará de dirigir políticas de prevención de abusos sexuales, como asimismo de ofrecer ayuda a las víctimas.
El obispo auxiliar de Valparaíso y secretario general de la Conferencia, monseñor Santiago Silva, explicó que para los obispos es una obligación proteger a los menores y evitar el abuso sexual, un deber que emana de la misión y del ejemplo que les dio el propio Jesucristo, en cuyo nombre sirven.
«Queremos hacer cuanto sea necesario -con caridad, pero con justicia- para evitar los males que provienen de las graves faltas que algunos ministros de la Iglesia pueden cometer contra los más pequeños y particularmente las relacionadas con el sexto mandamiento del Decálogo, que ofenden a Dios, causan un gravísimo daño a la unidad de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios, particularmente a los más amados de Jesús, los más pequeños y los más pobres, a la par que representan un profundo atentado al bien común», añadió monseñor Santiago Silva.
Reiterando que no hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores, y no hay pretexto alguno que pueda justificar este delito, el secretario general del episcoapdo expresó que «es total nuestro compromiso de velar incesantemente porque estos gravísimos delitos no se repitan».
El Protocolo
El Protocolo aprobado por los Obispos actualiza un texto similar del año 2003, a partir de las nuevas normas de la Santa Sede y de las experiencias vividas por la Iglesia en Chile. Según explicó el portavoz de la Conferencia, Jaime Coiro, entre las principales novedades, el documento amplía la posibilidad de recibir «noticias» (no sólo denuncias formales firmadas por escrito) y promueve que todas ellas sean investigadas, a fin de comprobar su verosimilitud.
El documento afirma que para realizar la investigación previa podría ser designada una persona distinta del Promotor de Justicia, también un laico o laica con la debida preparación.
Reduce en forma importante la exigencia de formalidades que pudieran redundar en atraso de la causa, y se enfatiza la necesidad del acompañamiento a las eventuales víctimas.
Por su parte, la abogada Ana María Celis subrayó que entre las materias que se abordan por primera vez, el Protocolo destaca la necesidad de investigar aunque haya prescrito el delito. También propone un abanico de medidas posibles a adoptar frente a denuncias, y especifica el procedimiento para el envío de la información a la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Santa Sede.
Como consecuencias de las normas recientes de la Santa Sede, el Protocolo recoge la ampliación del plazo de prescripción así como la posibilidad de derogarla, de este modo se facilita el esclarecimiento de la verdad y la justicia.
El texto aprobado por los Obispos es claro en sus referencias al respeto y debida colaboración con los procesos ante los tribunales de la República, recordando la obligación incluso jurídica de denunciar cuando se ejercen ciertas funciones, por ejemplo en el caso de los directores de establecimientos educacionales.
Jaime Coiro apuntó que, «en síntesis, el Protocolo promueve que desde la Iglesia se facilite la investigación de todos los hechos que lleguen a conocimiento de las autoridades eclesiásticas, en un tiempo razonable, sin exigir demasiadas formalidades y acogiendo la colaboración de los laicos».
Organismo para acompañamiento a las víctimas y prevención de abusos
Otro anuncio que la Iglesia hizo público este martes es la creación del Consejo nacional de la Conferencia Episcopal de Chile para la Prevención de Abusos contra Menores y Acompañamiento de Víctimas.
Este organismo dependerá directamente del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, y tendrá como tarea proponer, orientar, supervisar y evaluar sus políticas de prevención de abusos sexuales y de ayuda a las víctimas, las que serán implementadas en cada diócesis. Su misión no quedará circunscrita solamente a los casos relativos a clérigos, sino que su labor estará abierta como un servicio a la sociedad en su conjunto, para colaborar en la superación de este grave problema.
El Consejo será presidido por monseñor Alejandro Goic, obispo de Rancagua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
Lo integrarán, además, las siguientes personas:
– Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo;
– Señorita Ana María Celis, abogada y doctora en Derecho Canónico;
– Señora María Elena Pimstein, abogada;
– Señora Pilar Ramírez, de la diócesis de Talca, directora de la Comisión Nacional de la CECh para la Infancia Vulnerada;
– Presbítero Fernando Ramos, Rector del Seminario Pontificio Mayor de Santiago; y
– Presbítero Juan Francisco Pinilla, Vicario para la Educación de Santiago.
Una vez constituido este Consejo y elaboradas sus pautas de trabajo, éstas serán hechas públicas.
– Texto Protocolo ante Denuncias contra Clérigos por abusos de menores (documento PDF)
– Especial web de Iglesia.cl con toda la documentación eclesial sobre abusos sexuales a menores