MONTEVIDEO, miércoles 6 de abril de 2011 (ZENIT.org).- Para la senadora Mónica Xavier, una de las principales promotoras del proyecto de ley del aborto en Uruguay «quienes en el marco de una sociedad laica y democrática profesan una religión, no deben confundir pecado con delito», así lo dijo en declaraciones al diario Últimas Noticias en días pasados.
Así lo aseguró al defender el proyecto de ley de despenalización del aborto, que en los próximos días será presentado por el Frente Amplio, coalición de izquierda ante el parlamento uruguayo. El proyecto busca que ésta practica deje de ser un delito en tres causas: razones económicas, de violación o falta de edad para enfrentar la maternidad. El tema ha levantado ampollas estos días en la opinión pública uruguaya, sin embargo, ¿se trata sólo de una cuestión religiosa?
Veto presidencial
El 11 de noviembre de 2008 el Parlamento de este país aprobó un proyecto de ley de “Salud sexual y reproductiva”, que establecía, bajo ciertas circunstancias la llamada “interrupción del embarazo”, durante las doce primeras semanas como un derecho de la mujer. En este proyecto establecía los deberes del médico, marcaba plazos para la presentación de la objeción de conciencia de parte de los profesionales de la salud y modificaba los artículos del código penal referidos al “delito de aborto”, estableciendo una amplia, aunque no total, despenalización de esta práctica.
Sin embargo, tres días después, el entonces presidente Tabaré Vázquez, oncólogo y radioterapeuta, quien se declara ateo y comunista, vetó capítulos y artículos que se referían al tema, y envió al parlamento un mensaje en el que fundamentaba su decisión, con referencias a datos científicos, derechos establecidos en la Constitución de la República y compromisos asumidos por Uruguay con la firma de convenciones de derechos humanos, entre ellos Pacto de Costa Rica.
“Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar”, dijo el hoy ex presidente. “Sin embargo en los países en los que se ha liberalizado el aborto éstos han aumentado. En Estados Unidos en los diez primeros años se triplicó y la cifra se mantiene. La costumbre se instaló”, ejemplificó Vásquez. “Lo mismo sucedió en España”, concluyó.
El entonces mandatario aseguró que el verdadero grado de civilización de una cultura “mide cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio ya no es el valor del sujeto en función de sino los afectos que suscita en los demás o de la utilidad que presta sino en el valor que resulta de su mera existencia”.
Pero a comienzos de año, dos legisladores del oficialista Frente Amplio, el diputado Álvaro Vega (Movimiento de Participación Popular) y la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista), presentaron varios proyectos a favor de la despenalización del aborto, el cual podría darse por la sola voluntad de la mujer, durante las primeras 12 semanas o incluso después en caso de que el feto presente malformaciones o Síndrome de Down.
“El proyecto en sí no tiene de fondo nada diferente a lo que es otro intento más de legalizar la destrucción de los concebidos no nacidos”, dijo a ZENIT Gustavo Ordoqui, presidente del Instituto Arquidiocesano de Bioética Juan Pablo II en Montevideo.
“Las diferencias entre proyectos en pugna están en el periodo de tiempo en que se autoriza el aborto y hasta que semana lo que es irrelevante a los fines del homicidio que se pretende legalizar”, aseguró Ordoqui.
Objeción de conciencia institucional
El proyecto de Xavier, como se le conoce, presenta serias trabas al tema de la objeción de conciencia. Entre las instituciones que quedarían obligadas por ley a practicar abortos se encuentran asociaciones mutuales católicas y evangélicas. La ley les ofrece la posibilidad de contratar a un tercero para que preste esos servicios fuera de la institución, pero a costo de la misma.
“Es necesario que la sociedad y la ley reconozcan el derecho de las instituciones a regirse de acuerdo a sus principios y valores fundacionales, como ya lo ha hecho el Parlamento Europeo”, dijo a ZENIT monseñor Heriberto Bodeant, obispo de Melo (oriente de Uruguay) y portavoz de la Conferencia Episcopal Uruguaya.
El prelado había declarado a un medio de prensa que pagar para que otro realice un acto contrario a la moral, lo hace aún más culpable que quien lo realiza materialmente, de modo que esa solución “no es aceptable para las instituciones católicas”.
La paradoja del invierno demográfico
Igualmente, Uruguay es un país que presenta un alarmante descenso demográfico muy diferente al del resto de América Latina. En el último censo, realizado en 2004, la población alcanzaba los 3.241.003 habitantes, con una tasa anual media de crecimiento del 3,2‰ con respecto al censo de 1996 donde la población era de 3.163.763 habitantes. La baja tasa de crecimiento en el periodo 1996-2004 es aún inferior a la registrada entre los censos 1985-1996 de 6,4‰. “Ese descenso se debe a una disminución progresiva de la fecundidad y a la emigración de muchos uruguayos”, dijo monseñor Bodeant.
Por su parte, el profesor Ordoqui señaló que “es un ámbito en el que quedan en evidencia claras incoherencias de este gobierno que por un lado fomenta el aborto y por otro, manifiesta la preocupación de que faltan “gurises” siendo este el termino que utiliza nuestro presidente”.
“La tasa de crecimiento demográfico en nuestro país”, indicó el profesor Ordoqui, “decrece día a día sin que se haya adoptado ninguna medida de protección para las familias con hijos. Aun considerando el tema solo desde el punto de vista económico no se ha sabido ver en los hijos el factor de desarrollo económico del país”.
Para los obispos uruguayos resulta “paradójico que, mientras se quiere alentar el número de nacimientos, ante el invierno demográfico de nuestra nación, y se habla de recurrir a ciudadanos de otros países para poblar nuestro suelo uruguayo, se impulsen leyes para diezmar nuestra población”, así lo afirma un comunicado de la Conferencia Episcopal Uruguaya publicado, luego de la asamblea que tuvieron entre el 21 y 25 de marzo pasados.
Al margen de la Iglesia
Varios han sido los pronunciamientos en contra de la Iglesia por querer oponerse a la ley del aborto en Uruguay. El pasado martes 29 de marzo el diario Ultimas Noticias recogió expresiones de los autores de los proyectos de ley ante el comunicado de los Obispos.
«Los que estamos tratando de que la interrupción del embarazo no sea delito, sin interferir en las religiones, reclamamos que no interfieran en disposiciones legales», dijo Mónica Xavier, quien aseguró que la Iglesia católica no debe «adjudicarle concepciones que distan mucho de los principios humanistas que defiendo» y le pidió «no seguir generando confusión».
Por su parte para el doctor Ordoqui, la opinión pública en Uruguay ha querido abordar el tema del aborto como “un tema de religión”, con el fin de “acaparar la aceptación de los no católicos y generar controversias dentro de este ámbito” un hecho que resulta “literalmente absurdo pues todos sabemos que no es un tema de religión”.
“Prueba de ello es que el ex presidente Vásquez haya sido quien haya vetado el proyecto de ley hace casi tres años por motivos netamente científicos”, concluyó.
Por Carmen Elena Villa
