CARACAS, viernes, 19 octubre 2007 (ZENIT.org).- Publicamos la exhortación del episcopado venezolano sobre la propuesta de la reforma constitucional publicada este viernes en la sede de la Conferencia Episcopal de ese país.
«LLAMADOS A VIVIR EN LIBERTAD» (Gl 5, 13)
A todos los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad
I- INTRODUCCION
1. Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, como ciudadanos y como legítimos pastores de la Iglesia, compartiendo con el pueblo las angustias y esperanzas de cada momento histórico, hemos decidido dirigirnos a todos los venezolanos, a los residentes en nuestro país y, en particular, a los fieles católicos, ante la propuesta de Reforma Constitucional presentada a la nación el pasado 15 de Agosto por el ciudadano Presidente de la República, a la cual se agrega ahora lo propuesto por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional.
2. Nuestra contribución tiene el propósito de iluminar, desde una valoración ética, el juicio y la decisión que sobre el proyecto de Reforma corresponde asumir a los venezolanos en asunto de tanta importancia para el presente y el futuro del país. Fundamentamos esta iluminación en los principios y criterios del Evangelio, de la Doctrina Social de la Iglesia y de los numerosos documentos emanados de nuestra Conferencia Episcopal. Nos impulsan la convicción de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha de seguir siendo patrimonio de todos los venezolanos, sin exclusión, y nuestro compromiso de fomentar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y la concordia entre los diversos sectores e instituciones para la construcción de un destino común como nación.
3. En nuestra fraterna y solidaria reflexión y discernimiento pastoral de la situación del país y, como portadores del clamor y preocupación de muchas comunidades y personas, hemos examinado la relación entre el contenido de la Reforma con las exigencias de la persona humana, su conciencia, su libertad, sus derechos, su dignidad, y con la concepción cristiana de la mayoría de la sociedad venezolana. Hemos considerado también los cambios más relevantes que plantea la propuesta, así como algunas de las consecuencias de índole ética y social que se seguirían de dicha Reforma.
4. En los países democráticos una Constitución es un pacto social, el resultado de las deliberaciones, discusiones y acuerdos de una Asamblea Constituyente, u otro cuerpo políticamente plural que represente al pueblo, y de una consulta electoral libre, confiable y pacífica; su finalidad es garantizar el Estado de Derecho para todas las personas, la estabilidad jurídica de las instituciones y el bienestar integral del conjunto de los ciudadanos. Su legitimidad radica en que acoja la pluralidad de posturas que tienen derecho a convivir en una sociedad democrática. En su articulado quedan claramente establecidos la definición del Estado y sus órganos, siempre al servicio del pueblo, el modelo de país y los principios y valores esenciales por los que el pueblo soberano quiere regir su vida y la de sus instituciones. En consecuencia, el verdadero sujeto de la Constitución es el pueblo, no el Estado y menos aún el gobierno; por eso ella debe expresar el acuerdo de todos los sectores, corrientes e ideologías. No puede ser la consagración de las ideas o propósitos políticos de un determinado grupo partidista. Consiguientemente, una modificación de la «Carta Magna» debe apoyarse en el mayor consenso posible.
II.- NUESTRAS PREOCUPACIONES ANTE LA PROPUESTA
5. La Reforma ha sido presentada como un instrumento para dar mayor poder al pueblo, especialmente a través del denominado «Poder Popular». En ella se ofrece la reducción de la jornada laboral, y a los trabajadores independientes la tan deseada seguridad social. Sin embargo, se acentúa la concentración de poder en manos del Presidente de la República y se favorece el autoritarismo. Punto central de esta Reforma es que Venezuela pase de «Estado democrático y social de derecho y de justicia» (Art. 2 de la actual Constitución) a ser un «Estado Socialista» (art. 16 de la propuesta). Algunos artículos condicionan la participación del pueblo y la actividad de los ciudadanos a la sola construcción del socialismo (Art. 70) y de la economía socialista (Art. 112). Esto limita la libertad de los venezolanos; se incrementa excesivamente el poder del Estado, se elimina la descentralización, y el gobierno controla muchísimos espacios de la vida ciudadana. En ese modelo socialista, el Estado y el gobierno estarían dirigidos por un Presidente que puede ser reelecto – sólo él – continuamente, con un poder amplísimo que le permitiría disponer constitucionalmente de las instituciones, propiedades y recursos. Esto es verdaderamente grave y modificaría la estructura fundamental del Estado democrático.
6. Un modelo de Estado socialista, marxista-leninista, estatista, es contrario al pensamiento del Libertador Simón Bolívar (Cf. Discurso ante el Congreso de Angostura), y también contrario a la naturaleza personal del ser humano y a la visión cristiana del hombre, porque establece el dominio absoluto del Estado sobre la persona. Experiencias de otros países demuestran que en tal sistema, el Estado y su gobierno se convierten en opresores de las personas y de la sociedad, coartan la libertad personal y la expresión religiosa, y causan un gravísimo deterioro en la economía, produciendo una pobreza generalizada. Ejemplo de ello han sido los países de Europa Oriental, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y, más cerca de nosotros, la República de Cuba. En ese escenario se establecería una discriminación con quienes no participen de la ideología socialista, se reducirían los derechos políticos de muchos venezolanos, y la noción de «pueblo» tendría un carácter restringido y excluyente identificado sólo con las personas y grupos que adhieren al socialismo.
7. El pluralismo político es uno de los valores fundamentales consagrados por la actual Constitución (Art. 2). La implantación de un Estado Socialista es excluyente, e implica el cese del pluralismo y de la libertad política y de conciencia de los ciudadanos. Es un hecho comprobado que dentro de un Estado democrático pueden existir partidos socialistas y gobiernos socialistas. Abundan ejemplos en el mundo actual como Chile y Brasil. En cambio, en un «Estado socialista», tal como se propone en Venezuela, toda la actividad política, social, económica y cultural se encuadra dentro de una única opción, un pensamiento único.
8. Con respecto al capitalismo y al socialismo, los Obispos nos hemos manifestado en diversas ocasiones. La solución al drama de la pobreza, de las injusticias sociales, de las hirientes desigualdades, no está en el capitalismo salvaje ni en el socialismo marxista, sino en la práctica de la justicia social y de una efectiva caridad (Cf. Juan Pablo II, Encíclica Centesimus Annus 33, 48 y 49).
9. Otros cambios propuestos restringen derechos ya consagrados en la actual Constitución, lo que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos garantizado en el Art. 19 de la actual Constitución. En este campo de los derechos humanos y constitucionales, algunas disposiciones representan una patente involución, como los artículos 337, 338 y 339 de la Reforma sobre los estados de excepción, que suspenden el derecho al debido proceso (Art. 49) y a la información (Art. 57 y 58). El nuevo poder del Estado, el «Poder Popular», no nace del sufragio ni de elecciones (R. Art.136), y su promoción, organización y registro es competencia del Poder Nacional (R. Art. 156, 35). Se vulnera de este modo la libertad de asociación (Art. 52), poniéndola en manos del Estado, lo cual quebranta el carácter democrático y electivo de todos los niveles de gobierno, previsto e
n el artículo 6 de la Constitución, y le quita poder al pueblo. Además, ya el pueblo es sujeto del poder y lo que necesita es tener el pleno ejercicio de sus derechos y libertades y que le presten servicios eficientes quienes han sido elegidos libremente para esas funciones. La genuina democracia no consiste sólo en la elección de las autoridades; «no basta una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia sin valores (…), se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando el pueblo» (Documento de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida 74).
10. Esta propuesta de Reforma más que enfrentar y superar la problemática vivida en el país, profundizaría la polarización entre los venezolanos, dificultaría la convivencia social con el peligro de generar nuevos odios y conflictos, que queremos evitar. Los obispos renovamos el llamado, que repetidas veces hemos hecho, al diálogo y a la reconciliación y ratificamos nuestra disposición de seguir acompañando al pueblo venezolano con el anuncio valiente y decidido del Evangelio y el compromiso de compartir sus alegrías, temores y esperanzas.
III. PERSONA Y LIBERTAD
11. Dios nos ha creado como personas libres con capacidad de organizar la vida personal y la vida social. Vida y libertad son inseparables. Dios libera, porque es el Dios de la vida; se revela en la historia liberando a su pueblo, no quiere que ninguna nación esté esclavizada o dominada por otra, ni por sus propias autoridades. La libertad no es una condición abstracta del ser humano y de la sociedad. La libertad es un derecho fundamental innato en cada ser humano, que no tiene otros límites que la libertad y los derechos de los demás. Todo lo que se opone a la libertad, se opone a la vida. La supresión de la libertad no corrige las injusticias sino que agrega otras, asfixiantes e insoportables.
12. Conforme a la enseñanza de la Iglesia, la persona humana, el pueblo, y no el Estado, son el centro de toda la vida social. El Estado existe para la persona y para el pueblo, y no al revés. En esta línea el Concilio Vaticano II declara: «El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana» (GS 25). El Catecismo de la Iglesia Católica expresa: «Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho» (CEC 2273). Y Juan Pablo II en la Encíclica Centesimus Annus nos dice que el «Estado totalitario tiende, además, a absorber en sí mismo la nación, la sociedad, la familia, las comunidades religiosas y las mismas personas» (C.A. 45 b).
13. La doctrina de la Iglesia en este aspecto tiene una específica incidencia en el campo político. El principio de subsidiaridad debe aplicarse para construir una auténtica democracia. Esto es, que el Estado debe ayudar pero no absorber ni suplantar las iniciativas, la libertad y la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales. En su Encíclica «Dios es amor» el Papa Benedicto XVI advierte: «Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio» (28 b).
IV- DECISIÓN QUE MIRA AL FUTURO
14. La Constitución y la Reforma planteada no son un asunto sólo de partidos o de un determinado sector de la población. Es algo de interés nacional que nos afecta a todos. Nadie debe desentenderse, ni dejar de participar en su discusión, ni negarse a asumir una posición ante la propuesta de Reforma. Eso sería un gravísimo error.
15. El debate sobre la Reforma, no puede considerarse como un simple conflicto entre «oficialismo y oposición», entre «ricos y pobres». Es algo que concierne al futuro de todo el pueblo venezolano. Y en este debate, nadie debe discriminar, ni excluir, ni ofender a quienes sustenten una opinión contraria a la suya.
16. En síntesis, nuestra posición en cuanto al proyecto de Reforma puede formularse así:
– el proyecto presentado a la consideración del pueblo venezolano, debido a la radicalidad y profundidad de los cambios introducidos en la estructura del Estado, va más allá de una Reforma.
– la proposición de un «Estado Socialista» es contraria a principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado.
– la propuesta de Reforma excluye a sectores políticos y sociales del país, que no estén de acuerdo con el Estado Socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos.
– por cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.
V -CONCLUSIÓN: ESTAMOS LLAMADOS A VIVIR EN LIBERTAD Y A SER CONSTRUCTORES DE PAZ
17. Solamente quien es libre, construye la paz. «Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios», nos dice Jesucristo (Mt. 5, 12). Cada uno de los cristianos está, pues, llamado a descubrir y promover caminos de justicia y reconciliación en la familia, en cada comunidad, en toda la nación:
«Venezuela quiere y reclama a gritos (…), que se termine con los odios, los insultos y las descalificaciones y que sus hijos e hijas se reconcilien, se respeten y vivan en paz» (Exhortación de la CEV, Julio 2007)
18. Como pastores de la Iglesia invitamos a todos los fieles a orar intensamente por nuestra Patria e invocamos las luces del Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos en esta difícil toma de decisión e imploramos el auxilio de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, a cuyos pies en su «Basílica Menor» de Guanare, título con que el Santo Padre Benedicto XVI ha honrado y enaltecido su templo, nos postraremos en confiada súplica por el bien de la República.
Con nuestra afectuosa bendición episcopal,
Firman, los arzobispos y obispos de Venezuela
Caracas, 19 de octubre de 2007
