MADRID, domingo, 27 noviembre 2005 (ZENIT.org–Veritas).- La financiación de la Iglesia fue una de las cuestiones abordadas este viernes durante la rueda de prensa ofrecida por el padre Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para informar sobre los trabajos desarrollados por la 85 Asamblea Plenaria de los obispos, que concluye hoy.
Martínez Camino estuvo acompañado por Fernando Giménez Barriocanal, el nuevo vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, electo durante esta Plenaria, quien comparecía por primera vez antes los medios tras su nombramiento, quien respondió a diversas preguntas vinculadas con este tema de actualidad.
Fernando Jiménez admitió la posibilidad de que «en breve» se inicie un proceso de diálogo con el Gobierno sobre el tema de la financiación de la Iglesia, aunque el Proyecto de la Ley de Presupuestos del Estado prorrogaba un año más el actual sistema de financiación que entró en vigencia en el año 2000.
Sobre el citado proceso de negociación dijo que «a priori no hay ninguna fórmula de modificación del sistema».
Jiménez insistió en que la propuesta de que se destine voluntariamente a la Iglesia el 0,8% de la declaración de la renta de cada ciudadano «es una fórmula», pero restó importancia a las fórmulas, porque «hay muchas».
Jiménez pidió más bien «trabajar con datos claros y realistas», para «encontrar la fórmula más adecuada».
En este sentido, reveló dos datos: que, contra lo que se dice habitualmente sobre el continuo crecimiento de la cantidad que recibe la Iglesia del Estado, un estudio de Domínguez Rojas sobre la manera en la que ha evolucionado el dinero que la Iglesia recibe del Estado, sostiene que «la Iglesia recibe ahora un 10 % de lo que recibía hace 14 años», mientras el mismo cálculo establece que «ha aumentado en un 49% el incremento en la casilla del IRPF, en ese mismo período».
Según el vicesecretario para Asuntos Económicos, «los 140 millones de euros que la Iglesia ha recibido del Estado es relativamente pequeña, por ejemplo, sólo en donativos Caritas recibió el año pasado 100 millones de euros, dinero que ha salido de personas normales y corrientes».
Esas cifras, según Jiménez, «aclaran la dimensión de la colaboración del Estado con la Iglesia, que no es ni mucho menos una cantidad ingente».
Sobre la defensa de un determinado modelo de financiación, Jiménez dijo que es válido «cualquier modelo que encaje en los Acuerdos Iglesia-Estado» y añadió que sobre el modelo actual ha habido una mala instrumentalización técnica, debido a un coeficiente insuficiente, pero que podría mejorar si se corrige ese dato.
Por su parte, Martínez Camino confirmó que «no hay un calendario» de entrevistas con el Gobierno sobre este asunto, pero sí un compromiso mutuo por parte del Gobierno y de la Iglesia establecido tras la prórroga por un año del actual sistema, para fijar la fórmula que pueda concretar este tipo de colaboración con la Iglesia católica.
Por otra parte, el portavoz dijo que no se trata de un privilegio («los privilegios no deben ser») sino que el artículo 16 de la Constitución obliga al Estado a cooperar con la Iglesia y desarrolla este artículo en el Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, que por lo tanto no es contrario a la Constitución, sino que «desarrolla su espíritu».
El secretario general añadió también que «se han dicho cifras y números que merecen un comentario, es decir, no se puede incluir en el dinero que el Estado aporta a la Iglesia lo que da a los padres que quieren que sus hijos estudien en un determinado colegio, eso no es para la Iglesia, es para los padres».
Martínez Camino explicó que esto «no es correcto ni justo», porque no se puede incluir «el dinero de los colegios concertados, porque sean de titularidad católica, en el dinero que recibe la Iglesia (también hay concertados que no son de titularidad católica, que reciben dinero) », cuando es un «apoyo a la libertad de enseñanza válida para cualquier tipo de centros» y un apoyo a los padres.
Asimismo, el secretario general dijo que la Iglesia sigue recibiendo la mayor parte de sus ingresos por la asignación libre de los contribuyentes (un 80%), mientras el complemento del Estado alcanza apenas el 15 %.
