China sigue perdiendo el tren de la libertad religiosa

Los informes muestran una represión continua

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WASHINGTON, sábado, 26 noviembre 2005 (ZENIT.org).- Las añejas restricciones de China a la libertad religiosa han sido criticadas por el presidente de Estados Unidos, George Bush, durante su viaje a Asia de hace dos semanas.

En un discurso el 16 de noviembre en Kyoto, Bush dijo que el pueblo de China tenía «legítimas» demandas de más libertad de expresión y de religión, informó el Financial Times ese mismo día.

Presentando Japón y Taiwán como ejemplos de sociedades libres y abiertas, el presidente de Estados Unidos afirmó que los chinos quieren «más libertad para expresarse, para creer sin el control estatal y para imprimir biblias y otros textos sagrados sin miedo al castigo».
Control del Estado

La comisión de Estados Unidos también observaba que las autoridades chinas lanzaron una campaña en el 2005 para poner en ejecución las nuevas Reglamentaciones sobre Asuntos Religiosos. Esta campaña ha conducido a aumentar los controles sobre la práctica religiosa, especialmente en zonas rurales y de etnias, «violando la garantía de libertad de creencia religiosa que se encuentra en la nueva reglamentación».

Tampoco han mejorado las condiciones para los creyentes budistas en el Tíbet. El Partido Comunista «exige que los budistas tibetanos promuevan el patriotismo hacia China y repudien al Dalai Lama, el líder espiritual de la religión», indica el informe.

También ha continuado la represión contra los católicos. La comisión calculaba que las autoridades chinas han detenido a más de 40 clérigos no registrados y han tomado medidas para aumentar el control del clero y los seminarios registrados. Además, a pesar de indicar su deseo de establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede, el gobierno chino no ha alterado su postura de muchos años que, como precondición a las negociaciones, el Vaticano debe renunciar al papel del Papa en la selección de obispos y romper relaciones con Taiwán.

Los musulmanes también están bajo estricto control del gobierno, especialmente quienes pertenecen a la minoría uighur. Todas las mezquitas deben registrarse en la Asociación Islámica de China controlada por el estado. Sus imanes deben recibir licencia del estado antes de que puedan practicar, y deben acudir regularmente a sesiones de «educación patriótica».

Tampoco se han olvidado de los protestantes. El informe de Estados Unidos observaba que las autoridades chinas han continuado con su campaña de represión, comenzada en el 2002. «Centenares de protestantes no registrados asociados a casas iglesia han sido intimidados, golpeados y encarcelados», lamentaba el informe.

Falta de sinceridad

El 9 de noviembre, la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) publicaba una serie de descubrimientos y recomendaciones en un informe titulado «Policy Focus on China». El documento se basaba en una visita oficial de miembros de la USCIRF en agosto.

Los representantes de la USCIRF pudieron visitar China tras varios años de esfuerzos diplomáticos del gobierno de Estados Unidos. Se encontraron con los principales funcionarios chinos, así como con académicos, abogados, funcionarios de Naciones Unidas, como también con representantes de las organizaciones budistas, católicas, taoístas, islámicas y protestantes aprobadas por el gobierno.

La visita no dejó de tener problemas. El informe observaba que debido a la constante presencia de funcionarios del gobierno chino, las discusiones «solían carecer de sinceridad». Los funcionarios estaban presentes en todos los encuentros, incluyendo aquellas con líderes religiosos y otros que no eran parte del gobierno.

En un encuentro, explicaba el informe, con el obispo católico de Shenyang, afiliado a la Asociación Católica Patriótica aprobada por el gobierno, respondió a una pregunta de la USCIRF indicando que estaba enterado del hostigamiento y arresto del obispo vecino Wei Jingyi, que fue asociado con la Iglesia católica no registrada. Los funcionarios chinos presentes en el encuentro no permitieron que estas observaciones fueran traducidas y terminaron inmediatamente con la presentación del obispo.

Al publicar el informe, el miembro de la USCIRF, Michael Cromartie, comentaba: «La comisión sigue encontrando que el gobierno chino viola sistemáticamente el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y religión o creencia, contraviniendo tanto la constitución china como las normas internacionales sobre derechos humanos». Hasta ahora, indicaba Cromartie, la libertad económica, como algunos habían esperado, no ha llevado a más libertad política o a la protección de los derechos humanos.

En el informe la USCIRF observaba que los creyentes registrados en uno de las cinco asociaciones religiosas patrióticas se benefician de una «zona de tolerancia» que protege algunas prácticas y propiedades religiosas. Y los funcionarios chinos indicaron que habían considerado permitir a los cristianos ortodoxos, a los judíos, a los mormones y a los babitas obtener el reconocimiento oficial.

Incluso así, los grupos reconocidos oficialmente operan bajo estrictos controles. El gobierno supervisa materias tales como la selección de los líderes de la iglesia, la impresión de materiales, y la construcción o renovación de los lugares religiosos.

Los grupos registrados también han aceptado restricciones sobre qué doctrinas y tradiciones pueden ser transmitidas y enseñadas. El informe de la USCIRF afirma que los líderes cristianos tienen que refrenarse en enseñanzas que tengan que ver con la segunda venida de Jesús, la curación divina, la práctica del ayuno, y el nacimiento virginal. Estas doctrinas o prácticas son consideradas por el gobierno como supersticiosas y contrarias a las políticas sociales del Partido Comunista.

Además, la enseñanza de las normas de moral católica sobre temas como el aborto, los anticonceptivos y el divorcio «se suprimen a la fuerza como contrarias a la política oficial del Partido Comunista», indicaba el informe.

Bajo presión

La situación se ve exacerbada por la falta de medios independientes y de un sistema judicial independiente. Estos factores, explicaba la USCIRF, contribuyen a la ausencia de presiones efectivas sobre el poder político, y a la d
ificultad de obtener compensación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Aunque ha habido recientemente algunas reformas legales y judiciales, las mejoras siguen siendo obstaculizadas por la corrupción y la imposibilidad de exigir responsabilidades a los funcionarios. Además, el gobierno utiliza pretensiones vagas sobre «secretos de estado» para arrestar y detener a los líderes religiosos, al igual que a periodistas y otros que critican o molestan a las autoridades.

Con demasiada frecuencia, «se usa la ley como una herramienta para reprimir a los disidentes, a los creyentes religiosos y a otros que buscan ejercitar sus derechos y libertades protegidos por la constitución china y las normas internacionales», afirma la USCIRF.

Su informe comentaba las nuevas Reglamentaciones sobre Asuntos Religiosos, que fueron anunciadas como un «cambio de paradigma» en la protección de la libertad religiosa en China. «Es posición de la Comisión que las nuevas reglamentaciones no protegen de forma adecuada los derechos y la seguridad de los creyentes religiosos y no están completamente de acuerdo con las normas internacionales sobre derechos humanos», indica la USCIRF.

De hecho, las nuevas reglamentaciones amplían el control del gobierno sobre casi todas las actividades religiosas y establecen multas y penas a la actividad religiosa «no registrada». Puede que la economía de China esté creciendo, pero la libertad sigue siendo un bien difícil de encontrar.

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ZENIT Staff

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