La Junta de Andalucía viola derechos en materia de educación

SEVILLA, 17 octubre 2003 (ZENIT.org-VERITAS).- Jesús Muñoz de Priego Alvear, asesor jurídico de los colegios salesianos andaluces, es también portavoz del Colectivo ciudadano en defensa de la enseñanza de iniciativa social, presentado públicamente el pasado miércoles en Sevilla.

--¿Por qué motivo rechazan la política educativa que viene desarrollando la Junta de Andalucía?

--Jesús Muñoz de Priego: La política educativa del gobierno andaluz es restrictiva de la libertad de enseñanza, y no debemos olvidar que nos referimos a una libertad irrenunciable para el ciudadano, reconocida en el art. 27 de la Constitución; y está conllevando notorios perjuicios, hostigamiento y maltrato permanente al sector de la enseñanza concertada (padres, profesores, titulares de centro,...).

Además viene caracterizada por la más absoluta falta de diálogo con este sector.

--¿Creen que en Andalucía sé este restringiendo deliberadamente la libertad de enseñanza y más concretamente la ofertada por los centros concertados?

--Jesús Muñoz de Priego: No me cabe la menor duda de que en Andalucía se restringe la libertad de enseñanza. Esta libertad supone y requiere la posibilidad de crear centros distintos de los propios de la Administración pública, (centros de iniciativa social, de promoción desde la misma sociedad) y la posibilidad de los padres de elegir centro y tipo o modelo de educación.

En la medida en que en Andalucía se reduce la oferta de iniciativa social, se obstaculiza la elección y se impide o dificulta el desarrollo de los proyectos educativos que ofrecen los centros, por un desmedido intervencionismo de la Administración educativa, se está limitando la libertad de enseñanza.

--¿Podemos hablar de hostigamiento por parte de la Junta a la educación concertada?

--Jesús Muñoz de Priego: Indudablemente. Buena muestra de ello, a título meramente ilustrativo, sin pretender ser exhaustivo, son: En primer lugar, la reducción del porcentaje de la enseñanza concertada en relación con la pública. Del 25% que suponía este tipo de enseñanza en 1997, según el entonces Consejero de Educación, hemos pasado a un 17,8% aproximado en el momento actual.

En segundo lugar, la reducción a la mitad del número de unidades concertadas de Bachillerato LOGSE, en relación al número de unidades concertadas en BUP/COU a la entrada en vigor de la LOGSE.

En tercer lugar, la no concertación de la Educación infantil. Lo que lamentablemente nos distingue del resto de Comunidades autónomas del Estado, siendo la única que mantiene esta situación.

En cuarto lugar, la escasa plantilla del profesorado en la concertada, con una insuficiente relación profesor/alumno, no ya comparándolo con la de los centros públicos o de titularidad de la Administración pública, sino incluso con los concertados de las restantes Comunidades autónomas.

En quinto y último lugar, el trato desigual y discriminatorio en aportación de medios y recursos a la concertada. Recientemente se han dictado órdenes sobre viajes educativos al extranjero e implantación de tecnología informática en los centros educativos, que se han “olvidado” de la enseñanza concertada, que también está sostenida con fondos públicos, y ha discriminado, aún no sabemos muy bien porqué, a su alumnado. Etc.

--¿Sé esta vulnerando el derecho de los padres a la libre elección del centro?

--Jesús Muñoz de Priego: Evidentemente. Se está reduciendo paulatinamente la oferta de centros alternativos a los de la Administración pública y, para ello, se está obviando las peticiones de la ciudadanía, de los padres; la demanda social.

La Consejería somete la demanda social a la planificación unilateral y arbitraria que realiza en Torretriana (sede de la Consejería de Educación y Ciencia). Olvida que el art. 72. 1 de la reciente Ley de Calidad aboga exactamente por lo opuesto: es la planificación de la Administración educativa la que debe tender a adecuarse a la libre elección de centro. Lo contrario es gobernar de espaldas a las legítimas peticiones de los ciudadanos e incurrir en el dirigismo.

--¿Quiénes son los más perjudicados con las medidas del gobierno andaluz en materia de educación?

--Jesús Muñoz de Priego: Esto es lo más paradójico y lamentable de la política educativa del gobierno socialista andaluz. Se escudan en un supuesto progresismo de su política, para cercenar y mermar la libertad de enseñanza precisamente a los más desfavorecidos de la sociedad e incurrir en una política segregadora.

Son a aquellos padres que no disponen de recursos económicos para sufragar una muy costosa enseñanza privada, de pago, a los que finalmente se les impide el ejercicio de su libertad de enseñanza. A los ciudadanos con menos recursos no se les permite elegir.

La política de la Consejería favorece la discriminación por diferencias económicas y acaba potenciando el incremento de la enseñanza privada, en sentido estricto, sin financiación pública.

--¿Se están respetando los acuerdos alcanzados con la Consejería de Educación en materia de concierto educativo?

--Jesús Muñoz de Priego: La actuación de esta Consejería se viene caracterizando por la falta de diálogo en cuanto a lo importante de su labor de gobierno, quizás incluso agravada en los últimos años; en esta última legislatura.

El diálogo, obviamente, no sólo requiere que se comparta físicamente una mesa, sino que necesita talante negociador, escucha del otro y que exista una mínima predisposición, se concrete o no posteriormente, en ceder en algo en las posturas iniciales. La Consejería al respecto de la concertada, viene practicando un monólogo.

Una muestra de ello, muy explícita, es que la Consejera de Educación aún no ha tenido a bien recibir en una entrevista protocolaria de presentación, al nuevo Presidente regional de FERE, y eso que asumió el cargo en diciembre de 2002.

Supongo que una Consejería que no ve necesario el diálogo, no debe ver necesario llegar a ningún acuerdo.

--¿Las medidas de la Consejería de Educación son adoptadas de forma arbitraria?

--Jesús Muñoz de Priego: No dudamos que tras la política de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía exista un trasfondo ideológico. Y nosotros como Colectivo ciudadano, no podemos por menos que respetar los planteamientos dispares a los que defendemos.

El problema surge cuando dichas posturas se llevan a extremos dogmáticos que pueden incluso llevar a vulnerar libertades y derechos constitucionales, como consideramos se está produciendo en Andalucía, en el ámbito educativo. Hay otras Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista donde en ningún caso se reproduce esta postura de hostigamiento y acoso a la concertada.

Este plus de radicalidad en la política educativa del gobierno andaluz es el que hace que sus actuaciones sean absolutamente injustificadas y arbitrarias.

--¿A que se debe la demanda social de los centros concertados? ¿Cuál es el valor diferencial de la enseñanza concertada?

--Jesús Muñoz de Priego: Existe mucha literatura, doctrina y bibliografía destinada a analizar las causas de la elección de un tipo o modelo de educación o de unos centros. Desde quien entiende que se valora el proyecto educativo distinto y específico que se ofrezca, hasta quien lo vincula con la tradición, o con la estabilidad y la fuerte unión del profesorado con el proyecto que se presenta a la sociedad,...

Obviamente dentro de la enseñanza de iniciativa social habrá centros muy buenos y existirán otros menos buenos; todo dependerá de los criterios que tomemos en consideración, de qué le pidamos a la educación, para determinar la bondad de una concreta enseñanza o de un centro específico.

Pero, en realidad ese no es el problema. Lo que nosotros defendemos es que sean cuales sean las razones que se establezcan para valorar un tipo de enseñanza o un centro específico, esa determinación les corresponde a los padres, y son ellos lo que deben decidir el centro de sus hijos, sea el que sea y sin distinciones de titularidad, pública o privada concertada.

Lo intolerable es que sean los poderes públicos los que decidan qué centro es el mejor para unos alumnos, sin tener en cuenta las decisiones legítimas de los padres.

Estamos de acuerdo con quienes defienden que la elección de centro de los padres debe conllevar un esfuerzo por la formación y la información de los mismos, para que dicha elección sea la más adecuada en beneficio de sus hijos; pero no con quienes pretenden sustraerles dicha capacidad de elegir.

--¿Cuáles son las propuestas del colectivo al que representa?

--Jesús Muñoz de Priego: El Colectivo ciudadano en defensa de la enseñanza de iniciativa social está conformado por diversos actores y agentes sociales del sector de la enseñanza concertada (asociaciones de padres, sindicatos, patronales, representantes de titulares de centros) y otras organizaciones y asociaciones sociales, unidas por su legítimo interés en el desarrollo de la educación en Andalucía y por el respeto, la defensa y la promoción de los principios y libertades, reconocidos en la Constitución, en relación a la misma.

Se ha constituido con la finalidad de, en primer lugar, dar a conocer a la sociedad la enseñanza de iniciativa social, como una propuesta educativa específica, de promoción de centros desde la misma sociedad, sin ánimo de lucro y sostenida con fondos públicos; rechazando críticas, prejuicios y tópicos tendenciosos e ideologizados hacia la misma, que carecen de justificación.


En segundo lugar, se trata de concienciar a la sociedad y a sus ciudadanos de sus derechos y libertades en el ámbito educativo y favorecer el debate social en torno a la educación en Andalucía. Particularmente, debemos resaltar la defensa de derechos y libertades, hoy ciertamente restringidos en nuestra Comunidad autónoma, como son, la libertad de enseñanza, en general, y el derecho de los padres a la libre elección de centro, en particular. Libertades y derechos irrenunciables, que justifican y legitiman la existencia de la enseñanza de iniciativa social.

Y, por supuesto, pretendemos denunciar las situaciones de restricción y merma de la libertad de enseñanza y las acciones políticas injustificadas y arbitrarias de permanente hostigamiento, que viene padeciendo la enseñanza concertada en Andalucía.