BERLÍN, 5 de noviembre de 2005 (ZENIT.org).- Un estudio reciente muestra que más de dos tercios de los países examinados registran graves niveles de corrupción. El 18 de octubre la organización Transparency International, con sede en Berlín, hacía público su último informe anual, el Corruption Perceptions Index 2005 (CPI).
El CPI valora los países en una escala del 1 al 10, calificando con un 10 a los que están limpios, en términos de cómo se percibe la corrupción que existe entre los funcionarios públicos y los políticos. La calificación se concede después de estudiar los datos de las encuestas y refleja el punto de vista de la gente de negocios y los analistas, incluyendo a los expertos locales de los países evaluados.
De los 159 países examinados, no menos de 113 tienen una puntuación menor de 5, y 70 obtienen menos de 3. “Es de reseñar que muchos de los países con menor puntuación en el índice están también entre los más pobres”, comentaba el presidente de Transparency International, Peter Eigen, durante la publicación del informe.
«Las dos plagas se alimentan una a otra, encerrando a sus poblaciones en un ciclo de miseria», afirmaba. «La corrupción debe tratarse de forma contundente, si es que la ayuda quiere marcar diferencias a la hora de liberar a la gente de la miseria».
Eigen precisó que los países ricos sufren también de corrupción. Además, tienen parte de culpa por la corrupción de las naciones en desarrollo. En el pasado, observó, las empresas de las naciones más ricas pagaban libremente sobornos cuando hacían negocios en el extranjero. La convención antisoborno formulada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha mejorado este tema. No obstante, Eigen afirmó que tanto países pobres como ricos deben trabajar mano a mano para romper el ciclo de la corrupción.
El informe explicaba que la inversión extranjera es más baja en los países que se perciben como corruptos, lo que frustra aún más sus oportunidades de prosperar. La reducción de la corrupción les ayudaría a atraer más inversión, y aumentar su índice de desarrollo.
No hay región exenta de problemas de corrupción, observaba David Nussbaum, director ejecutivo de Transparency International. Incluso en la Unión Europea extendida, la puntuación media es sólo una pasable 6,7, «que indica que muchos de sus países todavía están enzarzados en un importante problema de corrupción».
Las áreas más afectadas son Europa Central y del Este y Asia central, con una puntuación media del 2,7. Esto indica «niveles devastadores de corrupción percibida que plantean una grave amenaza a la estabilidad política y social, además de comprometer las vidas diarias de las personas de estos países», afirmaba Nussbaum.
La condonación de la deuda en peligro
Transparency International también observaba que la corrupción podría poner en peligro los beneficios económicos de la condonación de la deuda. A diecinueve de los países más pobres del mundo se les ha concedido la condonación de la deuda bajo la Iniciativa para Los Países Pobres Fuertemente Endeudados. Pero ninguno de estos países puntúa por encima de 4 en el CPI, indicando niveles de corrupción de graves a severos.
El riesgo es que el dinero liberado para pagar la deuda no se use para el desarrollo, sino que pudiera perderse por la corrupción y la mala gestión. El informe también sostiene que acabar con la corrupción resulta de una importancia crítica para hacer que las ayudas sean más eficaces.
No basta con lograr más riqueza, ya que los países no pueden relajarse en sus esfuerzos en contra de la corrupción. Transparency International observaba que un análisis a largo plazo de los cambios en el CPI muestra que, durante la pasada década, la percepción de la corrupción ha descendido de modo significativo en algunos países con rentas más bajas, como Estonia, Colombia y Bulgaria. Al mismo tiempo, algunos países con rentas más altas, como Canadá e Irlanda, han experimentado un marcado aumento en la percepción de la corrupción.
El informe expresaba la esperanza de que la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, que debe entrar en vigor este diciembre, establezca un marco legal mundial para luchar contra la corrupción.
La convención está pensada para acelerar la recuperación de fondos robados y presionar a los bancos para que actúen contra el blanqueo de dinero. Permitirá a las naciones perseguir a las empresas e individuos extranjeros que hayan cometido actos de corrupción en su suelo, y prohibirá el soborno de funcionarios públicos extranjeros.
Hacer negocios
Otra serie de obstáculos al desarrollo económico se trataron en el informe «Hacer Negocios en el 2006: Crear Puestos de Trabajo». El informe, publicado en septiembre por el Banco Mundial, sostiene que reformar la reglamentación gubernamental para reducir la burocracia y simplificar los impuestos estimularía en gran medida la actividad económica.
«Los puestos de trabajo son una prioridad para cualquier país, y especialmente para los países más pobres», indicaba Paul Wolfowitz, presidente del Banco Mundial. «Hacer más para mejorar la reglamentación y ayudar a los empresarios es clave para crear más puestos de trabajo – y más riqueza».
El informe contrastaba el éxito económico de las naciones de Europa del Este, que han emprendido el camino de dinamizar las reglamentaciones y animar a los empresarios, con los países africanos. Por primera vez, el informe anual presenta un ranking mundial de 155 naciones en clave de reglamentaciones y reformas económicas. Se muestra que las naciones africanas imponen a los empresarios los mayores obstáculos de regulación y son las que menos reformas hicieron durante el pasado año. En contraste, cada país de Europa del Este mejoró al menos un aspecto del entorno económico.
El informe aportaba algunos ejemplos gráficos de los problemas a los que se enfrentan los negocios en África. Por ejemplo, un empresario de Mozambique debe someterse a 14 procedimientos por separado, que hacen que registrar un nuevo negocio se demore 153 días. En Sierra Leona, si se pagaran todos los impuestos económicos, consumirían el 165% de los beneficios brutos de la empresa. En Burundi, se necesitan 55 firmas y 124 días desde el momento en que los bienes de importación llegan a los puertos hasta que alcanzan las puertas de la fábrica.
Algunos países africanos han introducido reformas durante el pasado año, pero el informe observaba que queda mucho por hacer. Los países africanos imponen los mayores impuestos económicos del mundo: de promedio, el 62% de los beneficios brutos. Estos altos impuestos crean incentivos para su evasión, llevando a muchas empresas a la economía sumergida.
Los excesivos impuestos y reglamentaciones también obstruyen a los países en su crecimiento a través de la exportación de bienes. En Etiopía, por ejemplo, los exportadores tienen que conseguir 33 firmas antes de sus mercancías lleguen al puerto para salir. Y en Nigeria, los costes administrativos pueden sumar casi el 18% del valor de las exportaciones.
El informe también indicaba que las naciones de América Latina y el Caribe necesitan poner en práctica reformas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a generar más puestos de trabajo. Se han dado algunos progresos, pero sigue habiendo graves cargas legales en la mayoría de los países de la región. En la zona, sólo Chile está en la lista de los 30 países donde resulta más fácil hacer negocios.
Principios morales
El recientemente publicado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia tiene algo que decir sobre la corrupción y la burocracia. Algunos números consideran la corrupción como un obstáculo para el desarrollo económico. Y, en el contexto de los sistemas políticos, el Compendio, e
n el No. 411, describe la corrupción como una traición tanto de los principios morales como de las normas de justicia social.
«La corrupción distorsiona de modo radical el papel de las instituciones representativas, puesto que se convierten en una arena para el trueque político entre las peticiones de los clientes y los servicios gubernamentales», observa el Compendio. El siguiente número trata de la burocratización excesiva, observando que causa la pérdida de eficacia de las instituciones.
El Compendio propone una solución a estos problemas basada en los principios morales más que en los acuerdos internacionales. En lugar de un sobre regulación, sugiere que la administración pública se oriente por la idea de que el Estado está al servicio de los ciudadanos. El estado es el administrador de los recursos de las personas y debería administrarlos con objeto de asegurar el bien común.
Una recomendación similar se da a quienes ejercen el poder político, indica el No. 410. Deben recordar que «autoridad responsable» significa «autoridad ejercida con aquellas virtudes que permitan poner el poder en práctica como servicio». Tal consejo también podría resultar ser un buen negocio.
