300 españoles demandan al Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo

Por vulneración de derechos de objetores a Educación para la Ciudadanía

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MADRID, jueves 18 de marzo de 2010 (ZENIT.org).- Este miércoles se anunció en Madrid, España, en una rueda de prensa, la primera demanda de objetores a la asignatura de Educación para Ciudadanía (EpC) contra el Estado español que será presentada en los próximos días ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Ignacio Pascual, de Profesionales por la Ética, informa a ZENIT que, según explicó José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, los demandantes –en torno a 300 entre padres, madres e hijos- presentan los 105 primeros casos y solicitan al Tribunal Europeo una serie de actuaciones.

En primer lugar, “que adopte medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC”.

Así mismo, “que reconozca mediante declaración que, en estos casos, se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos (libertad ideológica de ambos, libertad educativa, discriminación; y, en el caso de los menores, derecho a la intimidad personal y familiar) ya que todos estos derechos están tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Exigen, además, compensación por los daños morales causados.

Piden también “que el Tribunal Europeo requiera al Estado español para que respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo e impida futuras vulneraciones de los derechos actualmente invocados en este conflicto”.

Bazán explicó que el Gobierno español, con estas asignaturas, “viola las recomendaciones del Consejo de Europa, en materia de derechos fundamentales, por lo que las familias españolas se han visto obligadas a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante la evidente falta de voluntad del Estado español en un conflicto que dura años”.

Así mismo, puso de manifiesto la escasa sensibilidad del Tribunal Supremo de España, que “dictó unas sentencias disconformes con los principios más básicos de un Estado de Derecho”. “Debe anteponerse la defensa de los derechos fundamentales de las personas a los intereses de Estado o de la ideología que sustenta un gobierno no respetuoso con la libertad ideológica de sus ciudadanos”, afirmó.

En la rueda de prensa, intervino también Inmaculada López, madre de cinco hijos, tres de los cuales son objetores a EpC. López aseguró que la objeción “no fue en modo alguno una decisión fácil ni cómoda, sus consecuencias inmediatas suponían que nuestros hijos en el momento en que les correspondiera cursarlas deberían salir de cada clase. Y esto, se lo aseguro, no es nada fácil para ellos ni para nosotros”.

Así mismo, señaló que ni el Gobierno de España ni los gobiernos autonómicos les han dejado otra opción para poder educar a sus hijos “de acuerdo con nuestras convicciones morales y religiosas”.

“Todo lo contrario –aseguró–, nos encontramos con un Estado que en lugar de asegurar este derecho fundamental trata de suplantarlo al imponer por ley unas asignaturas de marcado carácter ideológico, cuya finalidad es conformar la mente de las futuras generaciones según la particular ideología del partido que sustenta nuestro Gobierno, y en un futuro, en todo caso, del gobierno de turno”.

En la rueda de prensa intervino también Roger Kiska, abogado de Alliance Defense Fund (ADF), una entidad especializada en la defensa jurídica de los derechos fundamentales.

De origen estadounidense pero con sede en Bratislava, Eslovaquia, ADF, junto con Profesionales por la Ética, representa a los padres objetores demandantes.

Una representación de los padres objetores demandantes presentará la demanda contra el Estado español el próximo 19 de marzo en Estrasburgo.

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ZENIT Staff

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