VIENA, 25 octubre 2003 (ZENIT.org).- Tras casi dos años de negociaciones, las Naciones Unidas han alcanzado un acuerdo sobre un tratado internacional que luche contra la corrupción. La noticia vino de una nota de prensa de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen de Viena.
El documento, conocido como la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, surgió de una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2000. El 1 de octubre el comité encargado de redactar el documento logró finalmente un acuerdo. El texto irá ahora a la Asamblea General, que se espera lo adopte y lo deje abierto para ser firmado por los estados miembros en Mérida, México, del 9 al 11 de diciembre. La convención será efectiva cuando 30 países la ratifiquen.
«Esta convención puede marcar la diferencia en la calidad de vida de millones de personas por todo el mundo», afirmaba el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el mensaje al comité negociador con motivo de haber culminado sus esfuerzos.
La convención precisa que la corrupción puede empobrecer a los países y privar a sus ciudadanos de un buen gobierno. La corrupción también desestabiliza los sistemas económicos, por el florecimiento del crimen organizado, el terrorismo y otras actividades ilegales.
Entre los principales puntos del tratado están los siguientes:
— Prevención. Se puede perseguir la corrupción, pero antes el tratado propone políticas preventivas, tales como el establecimiento de organismos anticorrupción y un aumento de la transparencia al financiar las campañas electorales y los partidos políticos. Recomienda que los funcionarios públicos deberían sujetarse a códigos de conducta, requisitos para acceder a las finanzas y otros, y medidas disciplinarias apropiadas.
— Criminalización. La convención pide a los países que establezcan penas criminales y de otro tipo que cubran una amplia gama de actas de corrupción, si todavía no son crímenes bajo la ley del país.
— Cooperación internacional. El tratado propone la cooperación entre países en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, incluyendo la prevención, investigación y persecución de los delincuentes.
— Recuperación de activos. Los países convinieron en la recuperación de activos, que se establece explícitamente como «un principio fundamental de la Convención». Esto se ve como un tema particularmente importante para muchos países donde los altos niveles de corrupción han hundido la riqueza nacional.
Índice de percepción
Días después de alcanzado el acuerdo sobre la convención, Transparency International publicaba su «Corruption Perceptions Index 2003». Con sede en Berlín, esta organización no gubernamental se dedica a combatir la corrupción. Tiene más de 90 sedes nacionales independientes en todo el mundo.
El índice apunta a altos niveles de corrupción tanto en muchos países ricos como en los más pobres, observaba el presidente de TI, Peter Eigen, en una conferencia de prensa el 7 de octubre en Londres.
El índice presenta encuestas y entrevistas de 13 instituciones independientes, llevadas a cabo entre la gente de negocios y los analistas del país, incluyendo entrevistas con residentes, tanto locales como extranjeros. Refleja los niveles de corrupción percibidos entre los políticos y los funcionarios públicos en 133 países. Siete de cada 10 países puntúan menos de cinco sobre 10 en la clasificación de limpieza del índice. El problema es peor en los países en vías de desarrollo, con nueve de cada 10 países puntuando menos de 5 sobre 10.
En la parte baja del índice, con resultados menores de 2, están Bangladesh, Nigeria, Haití, Paraguay, Myanmar, Tayikistán, Georgia, Camerún, Azerbaiyán, Angola, Kenya e Indonesia. Puntuando más de 9, con niveles muy bajos de corrupción percibida, están Finlandia, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur y Suecia.
Eigen pedía a los gobiernos occidentales que mostraran su seriedad al tratar a sus propias empresas que sobornan en el extranjero. La Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que proscribe los sobornos a funcionarios públicos extranjeros, entró en vigor en 1999, pero todavía no ha habido ningún procesamiento en los tribunales de los 35 países firmantes, apuntaba Eigen.
De hecho, un informe del 8 de mayo del Financial Times revelaba evidencias de que los gobiernos están finalmente moviéndose para perseguir los sobornos. Un consultor que negociaba contratos de campos petrolíferos en Kazajstán a nombre de la Mobil Corporation está en apuros por pagar 51 millones de dólares de «honorarios por logros» al consejero del gobierno.
Se arrestó y acusó a James Giffen, el consultor norteamericano que recibió el dinero y que representaba la gobierno kazako. En total, las autoridades le han acusado de llevarse más de 78 millones de dólares en comisiones y honorarios de Mobil y de otras compañías petrolíferas occidentales y presentarlas de forma ilegal a altos funcionarios kazakos.
Según el Financial Times, el departamento de comercio de Estados Unidos estima que, entre mayo de 1994 y abril del 2002, el soborno pudo haber afectado el resultado de 474 contratos por valor de 237.000 millones de dólares.
La importancia de reducir la corrupción en los países productores de petróleo fue considerada un área prioritaria de acción durante la presentación que hizo TI de su índice. Laurence Cockcroft, presidente de la organización en el Reino Unido, afirmó que la corrupción estropea a países potencialmente ricos por el petróleo, como Nigeria, Angola, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajstán, Libia, Venezuela e Irak.
«Para dar la vuelta a esta situación de manera que la gente de la calle tenga parte en la riqueza petrolífera de su país, TI está haciendo campaña, junto a otras ONGs, para que las compañías petrolíferas internacionales publiquen lo que pagan a los gobiernos y a las empresas petrolíferas estatales», afirmaba Cockcroft. De esta forma, los ciudadanos podrían tener una imagen más clara de los ingresos del estado. Esto les permitiría «llamar la atención de sus gobiernos cuando el presupuesto del estado no se destina a mejorar los escasos recursos públicos, sino que, por el contrario, desaparece en caros proyectos vanidosos o en cuentas bancarias secretas en el extranjero de políticos y funcionarios públicos».
Malo para los negocios
En los últimos años el Banco Mundial ha emprendido la lucha contra la corrupción de manera más seria, según un análisis del Washington Post publicado el 4 de julio. A últimos de los noventa, los funcionarios del Banco Mundial eran conscientes de que la corrupción obstaculizaba el progreso económico en países en vías de desarrollo.
El Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, afirmó que, antes de que asumiera el cargo en 1995, el banco consideraba la corrupción «un tema de política», y no uno de desarrollo económico. Ahora, «es algo central para lo que hacemos».
El Banco Mundial ha desarrollado controles internos para auditar sus proyectos y confeccionar una lista negra de cerca de 100 empresas e individuos, a los que se prohíbe recibir contratos financiados por el banco debido a sobornos, hurtos u otras infracciones.
Algunos críticos afirman que el Banco Mundial debería hacer más. Observan que el banco ha continuado financiando proyectos en países donde se dice que la corrupción es desenfrenada, como en Bangla Desh. Y sólo a un país, Kenya, se le ha prohibido recibir préstamos del banco debido a las prácticas corruptas de su gobierno, y esto ha sido temporalmente.
El coste de la corrupción para el desarrollo quedó claro en un discurso de este año de Jak Jabes, director de la División de Gobierno y Cooperación Regional del Banco Asi
ático de Desarrollo. Según United Press International del 27 de mayo, Jabes habló en una conferencia de que la corrupción puede costar un sexto del producto interior bruto de un país en Asia. Jabes opinaba que los gobiernos pagan entre un 20% y un 100% más por los bienes y servicios debido a las prácticas corruptas para conseguirlos.
Las prácticas corruptas pueden también dar lugar a escasez de recursos que son malgastados en proyectos poco económicos debido a su potencial de generar lucrativas rentabilidades, mientras que sectores prioritarios como la educación y la salud pueden sufrir desproporcionadamente, añadía Jabes. Citaba un informe interno de un gobierno asiático anónimo que descubrió que los activos estatales habían caído más de 50.000 millones de dólares durante la última década. Las pérdidas eran debidas principalmente a funcionarios corruptos que los infravaloraban deliberadamente al negociar grandes propiedades con intereses privados o inversores internacionales a cambio de rentabilidades. Para los países que luchan por competir en una economía mundial, la corrupción no es algo sin importancia.
