MADRID, 28 octubre 2003 (ZENIT.org-VERITAS).- En los últimos diez años las rupturas matrimoniales se han incrementado en un 72%, según ha denunciado este martes el Instituto de Política Familiar (IPF), avanzando el contenido de un informe propio sobre la familia española. El IPF reclama una reorientación urgente de la política familiar en este campo.
Según los datos hechos públicos por el IPF, en su informe «Evolución de la Familia en España 2003», que será publicado próximamente, 115.000 matrimonios se separaron en el año 2002. El incremento se dispara al 72 % si se tienen en cuenta las cifras de 1992, lo que supone, según el Instituto, que se está produciendo en España una ruptura matrimonial cada 4,6 minutos.
«La situación es tal que las rupturas matrimoniales están creciendo a ritmos más acelerados que la creación de nuevos matrimonios», señala Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto.
Según los datos recogidos en el informe, desde el año 1996 al 2000, el ritmo de crecimiento de los matrimonios ha sido del 7%, mientras que el de separaciones ha sido del 26%. Desde la entrada en vigor de la Ley del divorcio en 1981, se habrían producido un millón y medio de rupturas, de las cuales 900.000 son
separaciones y 600.000 son divorcios. Además, los matrimonios duran cada vez menos: el 52% de los matrimonios que se separan no alcanza los diez años de duración.
El problema de la imposibilidad de contener el aumento de las rupturas familiares es, según Eduardo Hertfelder, que las administraciones nacional y autonómicas han tomado medidas «destinadas a amortiguar los efectos de la ruptura, pero no a prevenirla ni a ayudar a las familias a superar las crisis familiares. El resultado es que el índice de duración de las nuevas parejas es cada vez más estrecho».
Según el IPF, cuatro millones de españoles se han visto afectados directamente por los cerca de millón y medio de rupturas matrimoniales acumuladas. «Más de un millón de los afectados son niños, lo que hace la situación pueda calificarse como dramática en términos de trastornos de personalidad, fracaso escolar, etc.», señala Hertfelder.
Para el Instituto, deberían tomarse medidas de prevención de la ruptura, como la financiación de las asociaciones que desarrollen servicios de orientación familiar, la profundización en las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral, y una política de vivienda adecuada. Según Hertfelder, «la administración estatal, autonómica y local no puede ser ajena a la crisis familiar. Cuando una familia se rompe, toda la sociedad se rompe».
Estos datos y análisis están recogidos en el informe «Evolución de la Familia en España 2003», realizado por el IPF, que será publicado próximamente.
